La actividad minera dentro de las áreas protegidas del país creció en los últimos años, porque los cooperativistas accedieron a contratos de arrendamientos, informó el director de Monitoreo Ambiental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Carlos de Ugarte.
Este panorama se registra en al menos seis de 22 áreas protegidas que hay en el país. Según De Ugarte, antes se entregaron concesiones sin consentimiento de la entidad estatal y sin licencia ambiental, reportó ERBOL.
Explicó que la falta de trabajo en conjunto entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el mismo Ministerio de Minería y Metalurgia hizo que la actividad extractiva se consolidara en esas zonas ecológicas, pero actualmente esto cambió.
“Lo que hemos tratado de hacer es que la actividad minera que se propone hacer dentro de las áreas protegidas esté inserta en el cumplimiento de la normativa ambiental de las áreas protegidas vigentes”, declaró a Noticias Indígenas de ERBOL.
Según el director de Monitoreo Ambiental, la actividad minera se daba mucho antes de que estas zonas fueran declaradas como áreas protegidas, como los casos de Apolobamba del departamento de La Paz, Eduardo Abaroa de Potosí y San Matías en Santa Cruz.
Sin embargo, esta actividad continúa hoy en esas zonas y se expandió a Madidi y Cotapata, en la zona paceña, y Pilón Lajas, que además es una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) ubicada entre el Beni y La Paz, añadió.
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