Los expertos en la materia coinciden en señalar que es bastante el tiempo transcurrido sin que se hubiera aprobado un nuevo diseño de actividad minera, tomando en cuenta las opciones del presente, como la existencia de varios yacimientos mineros, pero que deben ser verificados y cuantificados para disponer inversiones y concretar su vigencia productiva. Es mínimo el intento en ésta materia de la prospección y exploración, siendo que constituye la base para desarrollar emprendimientos de futura productividad con beneficios asegurados, lo que implica además creación de fuentes de empleo, generación de divisas para el Estado, de regalías para distritos y municipios y un avance significativo hacia la industrialización de nuestra minería.
Cuestión de decisión
Pero falta la decisión de autoridades para dar pasos seguros en el cambio que necesita la política minera, renovada y competitiva, con la suficiente garantía y seguridad jurídica para inversionistas, de modo que se multipliquen los proyectos y aumenten los beneficios para miles de bolivianos que tendrán efectivos réditos de la minería.
Lo que se observa en el panorama exterior con países vecinos de alta competencia en la actividad minera, es la frecuencia en el cierre de millonarios acuerdos con importantes inversionistas traduciéndose esa actividad en un crecimiento envidiable de la producción minera. No otra cosa significa que los vecinos ocupen lugares preponderantes en la producción minera, Chile el primer lugar en producción de cobre; el Brasil es tercer productor mundial de hierro, el Perú entre los primeros productores de plata, cobre, oro y plomo. En nuestro caso el informe de "portafolios mineros" nos menciona como el cuarto productor de estaño y el sexto de plata, sigue Colombia como el séptimo de níquel, aunque tiene el galardón de ser primer productor de esmeraldas y décimo de carbón. En todos esos países, menos en el nuestro, las inversiones suman millones, como también las utilidades y los beneficios para miles de trabajadores y sus familias.
Inversión estatal
La situación reinante es contraria a la que muestran algunos ex funcionarios de la administración minera del país, cuando aseguran que el Estado invertirá en el desarrollo de la minería. La realidad es que las normativas mineras del país son poco atractivas para las inversiones en el sector, pues no hay definiciones concretas y prevalecen algunas condiciones por las que comunaríos originarios de algunas localidades, se oponen a las actividades mineras y actúan supuestamente en defensa de sus intereses, ahuyentando capitales, pero además avasallando la propiedad privada y dejando fuera de servicio proyectos de indudable interés minero, que coordinadamente surtirían efectos positivos.
El tema es preocupante, porque la realidad presente nos muestra un atraso considerable en el desarrollo de la minería nacional en su conjunto. No hay reglas claras para inversión privada, en el plano estatal no se dinamiza el trabajo de una estática Comibol que necesita una urgente reestructuración y en el sector cooperativo, falta orientación y asistencia técnica además de soluciones a problemas internos de orden socio-laboral.
Por lo expuesto, la inversión estatal es poco efectiva en el caso de la minería, tanto así que en muchos años no se ha concretado ningún emprendimiento minero que signifique alentar la diversificación del sistema para reemplazar en algún tiempo más a los distritos tradicionales.
Los mega proyectos mineros como el litio en los salares de Uyuni y Coipasa avanzan con alguna demora, en relación a logros que anuncian Chile y la Argentina, en tanto que la explotación de hierro en el Mutún y la producción de fierro y acero demorarán todavía un tiempo considerable.
Normativas de la ley
Lo evidente es que en tanto y cuanto no se defina el cumplimiento de ciertas disposiciones y algunas regulaciones para reactivar la minería, la situación actual de alto grado discursivo y poco efecto productivo para transformar la minería, las cosas se mantendrán inalterables, como sucede desde el 2007 cuando se aplicó la ley 3720 para restituir la capacidad operativa de la Comibol y convertirla en institución productiva, lo que hubiera significado un cambio en su manejo interno hasta ahora, burocrático, rentista y meramente administrativo que está fuera de toda proyección de eficiencia y solvencia. Por lo mismo al margen de aquella ley.
Más adelante ya en el año 2014 se promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia, derogando las anteriores y fijando objetivos muy concretos para hacer de la Comibol, una empresa productora que propugne el desarrollo nacional, avanzando hacia la industrialización del sector. Demás está decir que en más de cuatro años, la Ley 535, ni siquiera ha sido reglamentada, se la aplica parcialmente cuando se necesitan algunos ajustes administrativos, pero en realidad la nueva Ley no funciona, además que le falta regular el sistema impositivo minero y en ese margen, establecer las condiciones de seguridad y garantías para los inversionistas.
Varios presidentes pasaron por la Comibol, muchos directivos cumplen funciones de dirección, lamentablemente sin alcanzar el objetivo prioritario de establecer una política minera renovada, que remueve y sacuda a la pesada Comibol, que al ser reestructurada tendrá la responsabilidad de activar la minería nacional con sentido práctico y el cumplimiento de metas, que hasta ahora siguen siendo parte del rezago oratorio de autoridades del ramo.
