Ausencia de garantías

Los hechos mineros que se producen en el país y que están generando serios conflictos en determinados sectores nacionales, como el norte de Potosí con el caso Mallku Khota, la nacionalización de la mina Colquiri en jurisdicción de La Paz o en la zona oriental de Santa Cruz, con el entrevero del Mutún, muestran objetivamente la ausencia de garantías para desarrollar actividades mineras.

No se puede evitar la apreciación que surge cuando varios días está vigente un problema entre pobladores de comunidades aledañas a un proyecto de exploración en el belicoso sector del norte potosino, donde una mayoría de los ayllus quieren que se continúe desarrollando el trabajo minero, sabiendo que la respuesta objetiva será la recepción de recursos económicos para encarar los programas de desarrollo que desea mucha gente y que no se ejecutarán si sólo se mantienen las tareas tradicionales del árido sector altiplánico. Pero están los que se oponen al proyecto, utilizando muy de pasada la defensa del medio ambiente, aunque inciden en defender la "pureza" de las lagunas de agua dulce de la región que serían contaminadas por la operación minera. No hay que descartar que entre estos argumentos no se menciona uno referido a la explotación ilegal de oro en el cerro Mallku Khota.

El otro problema tiene que ver con la posición de cooperativistas mineros a los que se les habría acabado una veta que la trabajaron por muchos años y que ahora quieren dejarla para asegurar su trabajo en el interior de mina Colquiri donde las vetas mineralizadas están aún en pleno rendimiento. Propuestas del sector gubernamental, también de la empresa privada Sinchi Wayra en busca de una solución técnica con la concesión de otros parajes, no ha dado ningún resultado y la intervención de algunos dirigentes laborales ha dirigido el asunto hacia una nacionalización de la mina. Como en el caso de Huanuni, aumentará la cantidad de trabajadores, pues los que están afuera se volverán asalariados.

Y hay otro problema, el de la empresa hindú Jindal Steel que luego de muchos traspiés decide dejar el país y retirarse de la operación del Mutún señalando sus ejecutivos que "dejan en marcha el proyecto minero y siderúrgico más grande del país" por falta de seguridades y cumplimiento del convenio que definía la entrega de cierta superficie de terrenos y lo más importante la dotación de suficiente cantidad de gas para emprender con la siderúrgica del Mutún. Nuestro gobierno alega que la Jindal no cumplió su plan de inversiones en tanto que los ejecutivos de esa empresa demostraron que sí cumplieron con lo programado, por tanto consideran ilegal el cobro de dos boletas de garantía.

El problema es complejo, puede llegar a instancias de un tribunal internacional y en todo caso habrán problemas para la economía nacional, que es lo que menos debería suceder por arbitrarios actuados de funcionarios estatales.

En todo caso, por donde se examinen los problemas lo que salta a la vista es la falta de seguridad jurídica, de planes preventivos y de otros que permitan activar la minería boliviana. Estamos frente a una flagrante ausencia de garantías.