Además, pide que el Ejecutivo anule la imputación abierta ante la Fiscalía contra sus ejecutivos y que se negocie el cobro de su segunda boleta de garantía por 18 millones de dólares que fue ejecutada por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) en mayo.
En una carta al presidente de la ESM, Ricardo Cardona, su similar en JSB, Vikrant Gujral, plantea que “toda vez que el Estado boliviano no puede garantizar el suministro de gas natural de diez millones de metros cúbicos diarios para la planta siderúrgica, pedimos se deje sin efecto cualquier auditoría a la inversión de JSB”.
El acuerdo entre Jindal y la ESM, elevado a rango de ley en 2008, dispone que hasta el 30 de marzo de este año, la empresa hindú debía invertir en el proyecto al menos 600 millones de dólares, lo que sería verificado desde abril por una consultora contratada por la ESM.
Ayer, en conferencia de prensa, el gerente de Asuntos Legales de JSB, Jorge Gallardo, aseguró que “las inversiones comprometidas están debidamente certificadas, se tienen los contratos suscritos y legalizados en el país, por lo tanto pueden ser verificados”.
Pero, “con la disminución de disponibilidad de gas, tal vez alguna unidad ya no sea necesaria para el proyecto, por eso decimos que no es necesario auditar un proyecto que puede estar sujeto a modificaciones, pero por motivos externos a Jindal”, dijo Gallardo.
Hasta el 16 de julio
La cláusula 35.5 del contrato define que “pasado el plazo de 30 días y dentro de los siete siguientes días hábiles, mediante carta notariada, la parte afectada comunicará oficialmente a la parte que incumpla que el contrato ha sido resuelto, sin perjuicio de solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios”.
Jindal se constituyó en parte afectada el 8 de junio al pedir al Estado la resolución del contrato, en una nota donde indicaba que el Estado boliviano había incumplido con el convenio al no garantizar la provisión de gas natural en los volúmenes necesarios, seis millones de metros cúbicos diarios desde 2014 y diez desde 2017.
El 6 de julio (antes de los 30 días), la ESM le comunicó su intención de proseguir y acordó con Jindal que reiniciarían las negociaciones por el energético con YPFB. Desde esa fecha, corren siete días para que la hindú acepte o no la respuesta boliviana.
Antes de dar ese paso, Jindal asegura que las tres exigencias “son no negociables para que nosotros podamos seguir adelante con el proyecto” y que, sólo si son resueltos “satisfactoriamente”, negociará otros temas con la ESM para seguir en el Mutún.
Sin arreglo
Gas natural Jindal pide de 4,5 a seis millones de metros cúbicos diarios a partir de 2014 y 10 desde 2017. Pero YPFB ofrece 2,5 en 2014.
Factibilidad Según ejecutivos de la empresa, el Proyecto Siderúrgico en el Mutún es factible aun con el volumen ofrecido por YPFB, pero dice que deberá reducir también sus inversiones.
Tierras Jindal espera que el Gobierno complete la entrega del área comprometida, falta un 4% de tierra.
Boletas de garantía El Gobierno ejecutó una segunda boleta de garantía por 18 millones de dólares este mayo. Jindal quiere que eso quede sin efecto.
Empresa india continuará con el arbitraje
La empresa Jindal Steel Bolivia (JSB) no está dispuesta a paralizar el arbitraje internacional contra Bolivia en reclamo por su primera boleta de garantía ejecutada, aunque el Gobierno retire los procesos legales que afectan a sus ejecutivos en el país.
“Son dos temas distintos, el arbitraje está establecido en el contrato en caso de que surjan diferencias, y se está llevando a cabo de manera amigable como debe ser. Pero, la persecución penal definitivamente escapa a la voluntad de las partes y afecta a la seguridad jurídica del inversionista, por lo tanto deben ser tratados de manera separada”, afirmó el gerente de Asuntos Legales de Jindal, Jorge Gallardo.
En 2010, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), a nombre del Estado boliviano, procedió a ejecutar una boleta de garantía de 18 millones de dólares por las inversiones de la empresa hindú en el Proyecto Siderúrgico del Mutún.
Jindal consideró injusta esa ejecución, por lo que en diciembre de 2011 inició una demanda de arbitraje internacional contra Bolivia.
Por su parte, en mayo, la Fiscalía de La Paz inició una investigación de oficio al presidente de Jindal, Vikrant Gujral, por el supuesto delito de incumplimiento de contrato. El caso está en manos del fiscal Aldo Ortiz.
El ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, explicó en recientes días que su cartera no tiene injerencia en los procesos que sigue el Ministerio Público. Por lo tanto, no se podían dejar sin efecto las investigaciones.
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