El Tribunal de Sentencia del Distrito Judicial de Cobija, Pando, dictó la primera sentencia condenatoria por el delito de explotación ilegal de recursos minerales, informó ayer la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
El veredicto surgió a raíz del operativo de acción directa ejecutado por la AJAM en septiembre de 2015, contra actividades minerales ilegales realizadas en el río Madre de Dios, señala una nota de prensa.
"Esta sentencia es la primera a nivel nacional por este tipo de delito y esperemos que sea un referente, que demuestre la lucha frontal que sigue la AJAM contra la minería ilegal”, afirmó el director de la AJAM, Carlos Soruco.
Como resultado de ese operativo se identificó a una persona involucrada en la explotación ilegal de oro aluvial, que realizaba sus actividades de lavado del mineral, a través de varias dragas ubicadas en el río, actividad que a la vez ocasionó daño ambiental por el uso indiscriminado de mercurio.
El imputado recibió una condena de cuatro años de prisión, delito contemplado en el artículo 232 del Código Penal.
En 2015, la AJAM identificó a operadores en la actividad ilícita, entre ellos cooperativas mineras y comercializadoras.
El artículo 40 de la Ley de Minería sobre las atribuciones y competencias de la AJAM señala que "promoverá e interpondrá acciones legales en contra de quienes realicen explotación ilegal en áreas libres”.
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domingo, 25 de septiembre de 2016
miércoles, 16 de septiembre de 2015
AJAM lleva control estatal minero a Beni y Pando
El Estado ahora ejerce mayor presencia para un mejor control de la actividad minera en una región como Beni y Pando donde se sabe que existe la explotación ilegal de oro.
La entidad encargada de la fiscalización es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), institución de reciente creación que este año implementó dos direcciones de nivel desconcentrado en la región amazónica, que entre otras actividades, también facilitará los trámites a los operadores mineros legalmente establecidos.
“Se hacía muy necesario de que haya presencia de Estado en estos departamentos (Beni y Pando) (...) donde hay mucha actividad minera ilegal”, sostuvo a Cambio el director ejecutivo de la AJAM, Carlos Soruco.
Explicó que en el caso de estos dos departamentos, todos los trámites de otorgación de derechos mineros, entre otros, son atendidos en La Paz, lo que hace muy dificultoso para la dirección paceña manejar las necesidades de otras dos regiones, además de los problemas relacionados a la distancia.
Esto también constituye una dificultad en el ejercicio de la fiscalización a la actividad minera en el norte boliviano, donde se sabe que incluso existen personas y empresas extranjeras que explotan los minerales bolivianos de forma ilegal en los ríos que atraviesan Pando y Beni, explicó Soruco.
La AJAM tiene programado realizar neuvos operativos de fiscalización en la amazonía, tomando en cuenta que ya realizó esta tarea hace un par de semanas an algunos ríos como el Orton y el Madre de Dios.
Para los siguientes operativos el regulador minero coordina acciones con la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), unidades del Ejército y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuya finalidad es combatir la minería ilegal.
Una vez que se detecta, identifica e interviene una empresa o cooperativa ilegalmente establecida, Soruco manifestó que la la ley permite a la AJAM de proceder a la destrucción o inhabilitación de las barcazas o dragas utilizadas para la explotación ilegal de minerales en los ríos, además de formular cargos penales a los propietarios o responsables mediante el Ministerio Público.
“La minería ilegal está penalizada con penas privativas de libertad de cuatro a ocho años y también existe el resarcimiento económico por el daño económico que puedan causar estas empresas, atnto al medio ambiente o por sacar los recursos naturales”, declaró Soruco.
La AJAM viene desarrollando una lucha frontal contra las actividades mineras ilegales desarrolladas en todo el territorio nacional, entre otras actividades.
La entidad encargada de la fiscalización es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), institución de reciente creación que este año implementó dos direcciones de nivel desconcentrado en la región amazónica, que entre otras actividades, también facilitará los trámites a los operadores mineros legalmente establecidos.
“Se hacía muy necesario de que haya presencia de Estado en estos departamentos (Beni y Pando) (...) donde hay mucha actividad minera ilegal”, sostuvo a Cambio el director ejecutivo de la AJAM, Carlos Soruco.
Explicó que en el caso de estos dos departamentos, todos los trámites de otorgación de derechos mineros, entre otros, son atendidos en La Paz, lo que hace muy dificultoso para la dirección paceña manejar las necesidades de otras dos regiones, además de los problemas relacionados a la distancia.
Esto también constituye una dificultad en el ejercicio de la fiscalización a la actividad minera en el norte boliviano, donde se sabe que incluso existen personas y empresas extranjeras que explotan los minerales bolivianos de forma ilegal en los ríos que atraviesan Pando y Beni, explicó Soruco.
La AJAM tiene programado realizar neuvos operativos de fiscalización en la amazonía, tomando en cuenta que ya realizó esta tarea hace un par de semanas an algunos ríos como el Orton y el Madre de Dios.
Para los siguientes operativos el regulador minero coordina acciones con la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), unidades del Ejército y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuya finalidad es combatir la minería ilegal.
Una vez que se detecta, identifica e interviene una empresa o cooperativa ilegalmente establecida, Soruco manifestó que la la ley permite a la AJAM de proceder a la destrucción o inhabilitación de las barcazas o dragas utilizadas para la explotación ilegal de minerales en los ríos, además de formular cargos penales a los propietarios o responsables mediante el Ministerio Público.
“La minería ilegal está penalizada con penas privativas de libertad de cuatro a ocho años y también existe el resarcimiento económico por el daño económico que puedan causar estas empresas, atnto al medio ambiente o por sacar los recursos naturales”, declaró Soruco.
La AJAM viene desarrollando una lucha frontal contra las actividades mineras ilegales desarrolladas en todo el territorio nacional, entre otras actividades.
lunes, 8 de diciembre de 2014
Control estatal minero llega a Beni y Pando
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) implementó direcciones regionales para el control y fiscalización de la actividad minera en los departamentos de Beni y Pando, regiones donde se sabe que existe la explotación ilegal de oro.
“¿Qué es lo que ocurre en Beni y Pando? la gente, por la lejanía, no viene hasta La Paz (para hacer su trámite) y más fácil es meterle lo ilegal, hay mucha explotación ilegal”, señaló el director ejecutivo de la AJAM, Carlos Soruco.
Agregó que de acuerdo con estudios realizados en la región existen bolsones de minerales concentrados que requieren ser protegidos a través de la presencia del Estado mediante el control y la fiscalización.
“Hay mucha actividad ilegal, inclusive de grandes empresas extrajeras que están asentadas en los ríos Orton, en el Madre de Dios”, indicó.
En este marco, apuntó que la finalidad de crear direcciones regionales en Beni y Pando es evitar la actividad ilegal minera en ambas regiones y, por otro lado, facilitar a las personas y empresas a que realicen sus trámites de solicitud de contratos mineros en sus propias zonas, sin la necesidad de acudir hasta La Paz.
La AJAM funciona bajo el nivel descentralizado, para lo cual contará con direcciones departamentales, además de Beni y Pando, en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, que incluyen Chuquisaca, Tupiza y Tarija, que tramitarán contratos mineros en sus zonas respectivas.
“La tarea grande (de la entidad), por ejemplo, (son) las adecuaciones de concesiones (mineras) a contratos”, declaró.
“¿Qué es lo que ocurre en Beni y Pando? la gente, por la lejanía, no viene hasta La Paz (para hacer su trámite) y más fácil es meterle lo ilegal, hay mucha explotación ilegal”, señaló el director ejecutivo de la AJAM, Carlos Soruco.
Agregó que de acuerdo con estudios realizados en la región existen bolsones de minerales concentrados que requieren ser protegidos a través de la presencia del Estado mediante el control y la fiscalización.
“Hay mucha actividad ilegal, inclusive de grandes empresas extrajeras que están asentadas en los ríos Orton, en el Madre de Dios”, indicó.
En este marco, apuntó que la finalidad de crear direcciones regionales en Beni y Pando es evitar la actividad ilegal minera en ambas regiones y, por otro lado, facilitar a las personas y empresas a que realicen sus trámites de solicitud de contratos mineros en sus propias zonas, sin la necesidad de acudir hasta La Paz.
La AJAM funciona bajo el nivel descentralizado, para lo cual contará con direcciones departamentales, además de Beni y Pando, en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, que incluyen Chuquisaca, Tupiza y Tarija, que tramitarán contratos mineros en sus zonas respectivas.
“La tarea grande (de la entidad), por ejemplo, (son) las adecuaciones de concesiones (mineras) a contratos”, declaró.
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