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jueves, 19 de septiembre de 2019
viernes, 23 de noviembre de 2018
martes, 1 de noviembre de 2016
De nacionalizar a privatizar
Más de medio siglo, que ya es bastante, mejor contar los años justos que son 64, que marcaron huella en la historia de nuestra minería y sellaron la inquietud por alcanzar la industrialización de nuestros concentrados, dar paso a la fundición de minerales, una decisión que tardó casi dos décadas para convertirse en realidad y erigir la Empresa Nacional de Fundiciones (Enaf), la primera metalúrgica estatal.
Muchas trabas pretendieron desnaturalizar el sentido revolucionario de la nacionalización de las minas, además de liquidar o en el mejor de los casos arrinconar a la estatal minera, Comibol, que perdió fuerza al disminuir su capacidad económica y las posibilidades para obtener más recursos.
Una serie de hechos fueron parte de la azarosa vida de la institucionalidad minera, enfrentamientos con saldo de víctimas, como la masacre de San Juan y otros actos de reclamos laborales que fueron calmados con drásticas medidas como el despido masivo de trabajadores, cuando el precio del estaño se derrumbó "hasta el suelo" y solo muy pocos se aferraron luego a la continuidad en la minería con el establecimiento de las primeras cooperativas.
Políticamente tenía que aplicarse medidas de emergencia para conjurar una situación económica extremadamente delicada, es cuando el mismo mandatario que aplicó la nacionalización se ve obligado a "desnacionalizar" este sistema productivo aplicando el tan mentado Decreto Supremo 21060, imborrable por sus efectos. Como recuerdan los analistas, Paz Estenssoro utilizando la misma mano que firmó el DS de nacionalización, también firmo el DS "desnacionalizador", cediendo paso a la privatización de algunas minas y reduciendo a la mínima expresión las atribuciones de la Comibol, que se convirtió en una dependencia de tareas meramente administrativas, aunque como tal aún sirve para sostener una planta burocrática, que en función al pedido de los mineros asalariados, debe reestructurarse en base a la vigencia de un equipo técnico profesional, que defina la política nacional minera, la estrategia productiva en base a tecnología de punta y celosa supervisión de entendidos en la materia, dedicados a "tiempo completo" a reactivar y mantener vigente el más alto nivel de productividad, debidamente respaldado por una Ley Minera, actualizada, reglamentada y que sea garantía para desarrollar los nuevos desafíos de inversiones en el sector.
El proceso de nacionalización, más allá de su sentido patriótico de preservar la riqueza nacional, debería servir también para fomentar el crecimiento sectorial minero y metalúrgico, tomando en cuenta un hecho importante que corresponde a situar a la minería, una vez más, en el sitial de "soporte y sostén" de la futura economía nacional, que como se sabe, deberá cubrir paulatinamente una lógica declinación del uso de nuestros recursos hidrocarburíferos, por lo mismo su cuidado en el tiempo presente es de vital importancia, repitiendo esa recomendación especial de "darle su tiempo" a la minería, desde la fase de exploración, prospección y explotación, que tratándose de emprendimientos de magnitud, precisa de años para que su rendimiento sea lo que se quiere, una fuente de ingresos seguros para el país, con nuevos empleos para miles de bolivianos.
Muchas trabas pretendieron desnaturalizar el sentido revolucionario de la nacionalización de las minas, además de liquidar o en el mejor de los casos arrinconar a la estatal minera, Comibol, que perdió fuerza al disminuir su capacidad económica y las posibilidades para obtener más recursos.
Una serie de hechos fueron parte de la azarosa vida de la institucionalidad minera, enfrentamientos con saldo de víctimas, como la masacre de San Juan y otros actos de reclamos laborales que fueron calmados con drásticas medidas como el despido masivo de trabajadores, cuando el precio del estaño se derrumbó "hasta el suelo" y solo muy pocos se aferraron luego a la continuidad en la minería con el establecimiento de las primeras cooperativas.
Políticamente tenía que aplicarse medidas de emergencia para conjurar una situación económica extremadamente delicada, es cuando el mismo mandatario que aplicó la nacionalización se ve obligado a "desnacionalizar" este sistema productivo aplicando el tan mentado Decreto Supremo 21060, imborrable por sus efectos. Como recuerdan los analistas, Paz Estenssoro utilizando la misma mano que firmó el DS de nacionalización, también firmo el DS "desnacionalizador", cediendo paso a la privatización de algunas minas y reduciendo a la mínima expresión las atribuciones de la Comibol, que se convirtió en una dependencia de tareas meramente administrativas, aunque como tal aún sirve para sostener una planta burocrática, que en función al pedido de los mineros asalariados, debe reestructurarse en base a la vigencia de un equipo técnico profesional, que defina la política nacional minera, la estrategia productiva en base a tecnología de punta y celosa supervisión de entendidos en la materia, dedicados a "tiempo completo" a reactivar y mantener vigente el más alto nivel de productividad, debidamente respaldado por una Ley Minera, actualizada, reglamentada y que sea garantía para desarrollar los nuevos desafíos de inversiones en el sector.
El proceso de nacionalización, más allá de su sentido patriótico de preservar la riqueza nacional, debería servir también para fomentar el crecimiento sectorial minero y metalúrgico, tomando en cuenta un hecho importante que corresponde a situar a la minería, una vez más, en el sitial de "soporte y sostén" de la futura economía nacional, que como se sabe, deberá cubrir paulatinamente una lógica declinación del uso de nuestros recursos hidrocarburíferos, por lo mismo su cuidado en el tiempo presente es de vital importancia, repitiendo esa recomendación especial de "darle su tiempo" a la minería, desde la fase de exploración, prospección y explotación, que tratándose de emprendimientos de magnitud, precisa de años para que su rendimiento sea lo que se quiere, una fuente de ingresos seguros para el país, con nuevos empleos para miles de bolivianos.
sábado, 29 de octubre de 2016
Nacionalización de las minas bolivianas
La vanguardia del desarrollo nacional, corresponde a los trabajadores mineros, comprometidos en alcanzar el objetivo de la nacionalización, una minería para los bolivianos
Nuestra historia marca fechas importantes que han significado grandes cambios en el orden socio político de la comunidad y particularmente de sectores laborales como el de los mineros cuya presión en defensa de nuestra riqueza natural, obligó a gobiernos de turno aplicar drásticas medidas para "recuperar" el control sobre la explotación y venta de nuestros recursos minerales, que manejaban de manera directa los barones del estaño, Patiño, Hoshchild y Aramayo dejando una mínima retribución al Estado boliviano que cedió ingente cantidad de sus minerales y millonarias percepciones económicas, fuera de todo control estatal.
La nacionalización de las minas fue una de las principales medidas aplicadas al ritmo de una revolución nacionalista que tuvo su máxima expresión en abril de 1952 con el levantamiento popular que encumbró al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en el poder del gobierno boliviano, luego se aplicaron otras medidas trascendentales como la reforma agraria, el voto universal y una complementación de las mismas para su ejecución con sentido de beneficio colectivo.
Entre esos hechos de relieve que movilizaron a las masas obreras se cumplió el sentido de transformación que lleva aparejada cualquier revolución, pues sin cambios no habría justificación de revolucionar los procesos sociales. En el caso de las minas y como hecho paralelo a su nacionalización, con diferencia de 20 días se produjo la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sucedió un 2 de octubre, una fecha que aparentemente pasa desapercibida, aunque en su tiempo marcó el proceso nacionalizador de las minas que se cumplió días después, el 31 de octubre de 1952 con la aplicación del Decreto Supremo 3223.
La relación histórica recuerda que tras la nacionalización de las minas, los trabajadores mineros recién percibieron que aunque el estaño estuviera bajo control del nuevo Estado, éste no controlaba el flujo de concentrados que se transfería a gigantes fundiciones del exterior en las que se transformaban nuestros concentrados en metálicos para mover poderosas industrias que negociaban con los barones del estaño.
Tal situación que cambió la administración del sector, abrió la expectativa por fundir directamente nuestros minerales, como un complemento absolutamente indispensable en función de mejorar nuestras exportaciones, para no seguir siendo vendedores de "tierra mineralizada", como se denominaba a los concentrados extraídos de las entrañas de la tierra en oscuros y profundos socavones. Comenzó entonces el interés común de contar con una fundición propia para transformar nuestro estaño. La revolución seguía en marcha.
El recuerdo de épocas especiales no se borraron en la memoria de antiguos luchadores sindicales de la minería que pese a los cambios de fondo y forma en la estructura administrativa de la minería nacional, además del sistema productivo que pasó obligadamente a la responsabilidad de los mineros, apoyados por muy pocos profesionales que se mantuvieron en sus cargos, leales al sistema productivo pero sopesando las restricciones propias de una nueva estructura que ya no contaba con la fuerza de los capitales privados de los "barones" que dejaron el país, las minas y su riqueza, parte de la cual se mantiene en la actualidad como muestra de aquellos tiempos de bonanza y de vida con riqueza, ahí están los museos que fueron parte de los bienes del magnate Simón I. Patiño.
Pero la minería necesitaba de una nueva política de Estado para seguir siendo puntal de la economía, por lo que a través de la Comibol, se estructuraron algunos planes que más sirvieron a los cambios políticos de un largo proceso en que muchos políticos, partidos y golpistas, utilizaron los recursos de la minería para sostener regímenes, algunos oprobiosos que conculcaron las libertades y los derechos de los bolivianos y en especial de los mineros, encargados de horadar las entrañas de la tierra para obtener grandes cantidades de minerales, que se exportaban como concentrados, con una pérdida para el país, pero rindiendo utilidades a las fundiciones internacionales.
El líder político socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue el que denunció el enriquecimiento de los barones del estaño, que amasaron fortunas con la minería boliviana, dejando el país en condición de campamento y predestinado a mantener una pobreza, pese a tener una gran riqueza por explotar, pero en beneficio de los bolivianos, en una república libre y soberana.
Ya entonces se profundizó el paradigma de cambiar esa situación y liberar la economía nacional, dependiente plenamente de la explotación de los recursos mineros no renovables. Era tiempo de fortalecer a la Comibol, que también este mes, recuerda 64 años de existencia, aunque una buena parte de esa vida institucional sirvió como elemento clave para el sustento de gobernantes y el funcionamiento de esquemas que derrocharon las riquezas mineras del país.
El reto era claro, la minería tendría que cambiar, la Comibol, recuperar su condición de dirección en las estrategias de producción minera, pero sobre todo aplicando una "política minera nacional", la que como se observa al presente sigue siendo una alternativa que no se cumple y que retrasa la "reactivación minera". Han transcurrido 64 años de la nacionalización de las minas, de la creación de Comibol y la gran idea de fortalecer el sector productivo minero, sigue siendo "una gran idea", como lo reconocen los propios mineros y sus dirigentes, coincidiendo con los expertos y entendidos de la materia.
Si hay algo que salió adelante y nos permitió mejorar nuestra condición productiva logrando convertir nuestros concentrados en lingotes de estaño, un paso importante hacia la industrialización de nuestros minerales. La fecha es propicia para saludar el valor, la entereza, el compromiso y la decisión de nuestros mineros para "reactivar la minería boliviana".
sábado, 3 de septiembre de 2016
Diputado Borda: “Nacionalización de la mina San Cristóbal está en análisis”
PARTE DE LA EMPRESA MINERA SAN CRISTOBAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PROVINCIA NOR LIPEZ DE POTOSÍ, BOLIVIA.
La nacionalización de la mina San Cristóbal está en un proceso de análisis económico, técnico y en otros aspectos, porque es una empresa minera que aporta mucho de forma impositiva al país, informó a EL DIARIO el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Víctor Borda.
ANÁLISIS
EL DIARIO consultó al diputado Borda sobre la situación de San Cristóbal y si el Gobierno vio la posibilidad de nacionalizar esta empresa minera, en la actualidad la mayor del país, tal como sucedió con otras empresas privatizadas grandes del país.
“Tenemos que hacer una análisis del efecto económico, para tener la nacionalización de la mina San Cristóbal, porque en la actualidad es la empresa minera que más aporta impositivamente al país”, explicó Borda.
Según el Legislador, en caso de haber nacionalización, se requiere de una inversión grande y de establecer la implementación de personal capacitado en tecnología, elemento que está también en análisis, porque es complejo manejar una mina de esa característica.
INTERESES POLÍTICOS
Por su parte, el dirigente del Consejo Departamental de La Paz (Codelpa) Vladimir Machicado denunció que el Gobierno no quiere nacionalizar la empresa minera más grande de la región por “intereses político partidarios”, porque en ella trabajan familiares de Sacha Llorenti, representante permanente de país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El dirigente Machicado afirmó que el embajador Llorenti “movió influencias”, con la finalidad de que su familiar Amed Llorenti, trabaje en San Cristóbal, por lo cual sospecha que puede tener acciones en la empresa minera.
Aseguró que Codelpa pidió la nacionalización de las minas, aspecto que hasta la fecha no se concreta con San Cristóbal, porque hay intereses políticos y personales, donde se ve inmiscuido Llorenti.
“Esta mega empresa está afectando a los cooperativistas, porque las mismas no tienen un capital grande como el de San Cristóbal, por eso queremos que se nacionalice esta mina, porque estamos seguros que puede ayudar económicamente al país”, sostuvo.
Machicado, mostrando unos papeles, indicó que el familiar de Llorenti ocupa el cargo de Supervisor de Relaciones Laborales en la mina San Cristóbal.
“ES IMPOSIBLE”
Al respecto, el diputado Borda calificó de absurda la denuncia de Codelpa en contra de Llorenti. Dijo que “es imposible” que funcionarios diplomáticos tengan influencia en corporaciones mineras privadas, porque la línea del gobierno es socialista y no favorece a las transnacionales.
“Yo no conozco que Llorenti tenga a familiares trabajando en la mina San Cristóbal, la persona que denunció este hecho debe tener pruebas y le correspondería presentarlas ante el Legislativo, para una investigación, porque estamos hablando de un autoridad de Estado, me parece una falta de respeto”, aseguró Borda.
RECHAZO ANTERIOR
En julio de 2015, el vicepresidente Álvaro García rechazó que el Gobierno pretenda nacionalizar San Cristóbal y garantizó sus operaciones, porque dijo que genera ingresos para Bolivia.
La Minera San Cristóbal S.A. es una empresa dedicada a la extracción de plata, plomo y zinc de yacimientos que se encuentran en la provincia Nor Lípez, del departamento de Potosí. Es una subsidiaria de la firma Sumitomo Corporation, uno de los consorcios empresariales líderes del Japón. Cuenta con 850 empleos y remueve cada día 150 mil toneladas de roca, para procesar 40 mil toneladas de mineral.
lunes, 25 de julio de 2016
Transnacional manipuló la nacionalización del depósito Mallku Khota
Bolivia demostró ante la Corte Permanente de Arbitraje, la forma en cómo la empresa South American Silver manipuló un conflicto social para que se produjera la nacionalización del yacimiento Mallku Khota, según el informe del ministro de Minería, César Navarro.
El titular de Minería hizo conocer que la empresa transnacional creó la Coordinadora Territorial de Ayllus, una organización paralela que estaba al margen de los ayllus de Mallku Khota y Calachaca que tienen presencia en el área, donde se encuentra el yacimiento minero de indio y plata.
“Hemos demostrado que una vez que se produjo el enfrentamiento, profesionales contratados por la empresa fueron los que alentaron la nacionalización. Hemos presentado testigos que han dado el lugar, fecha, nombre del hotel y las personas que estaban reunidas donde acordaron impulsar el plan B que era la nacionalización”, pormenorizó Navarro en declaraciones exclusivas para el Potosí.
“Esa aparente reserva que nos presentaron no tiene ninguna certificación porque ni siqueira terminaron la fase prospectiva y menos entraron a la fase explorativa; es decir, esa idea de 13 mil millones de dólares no tiene ningún respaldo técnico, simplemente es parte de la fase discursiva. La empresa quería una vez que descubra las reservas ponerla a la bolsa de valores y vender las reservas a una empresa productiva. Es una clásica empresa ‘casa minas’, como decimos vulgarmente”, complemtó el ministro Navarro.
El proceso se ventila por demanda de SAS que pide un resercimiento del daño causado por la pérdida de concesiones de 385.7 millones de dólares.
Yacimiento potosino de plata
La empresa South American Silver anunció que el yacimiento de Mallku Khota tiene reservas de 255 millones de toneladas de minerales, según estudios preliminares llevados a cabo hasta el año 2011.
Los estudios preliminares establecen que el yacimiento minero, ubicado en el cantón Toroca del municipio de Sacaca, tendría 230.3 millones de onzas de plata, 1.481 toneladas de indio y 1.082 toneladas de galio.
La propia empresa transnacional afirmó que la cuantificación de las reservas comenzó en 2003; se logró completar 42.700 metros de perforación en 121 barrenos de diamante y se realizaron pruebas metalúrgicas, desarrollo de procesos y diseño de ingeniería.
Según el ministerio de Minería, no se completó la cuantificación de reservas y la Comibol los estaba haciendo, tarea que fue suspendida para no obstaculizar el juicio que se ventila ante la Corte Permanente de Arbitraje por un acuerdo suscrito entre Inglaterra y Bolivia.
Se prevé que el juicio terminará en 2017 porque el 21 del presente mes acabó la fase de los alegatos y falta que el tribunal se pronuncie.
El titular de Minería hizo conocer que la empresa transnacional creó la Coordinadora Territorial de Ayllus, una organización paralela que estaba al margen de los ayllus de Mallku Khota y Calachaca que tienen presencia en el área, donde se encuentra el yacimiento minero de indio y plata.
“Hemos demostrado que una vez que se produjo el enfrentamiento, profesionales contratados por la empresa fueron los que alentaron la nacionalización. Hemos presentado testigos que han dado el lugar, fecha, nombre del hotel y las personas que estaban reunidas donde acordaron impulsar el plan B que era la nacionalización”, pormenorizó Navarro en declaraciones exclusivas para el Potosí.
“Esa aparente reserva que nos presentaron no tiene ninguna certificación porque ni siqueira terminaron la fase prospectiva y menos entraron a la fase explorativa; es decir, esa idea de 13 mil millones de dólares no tiene ningún respaldo técnico, simplemente es parte de la fase discursiva. La empresa quería una vez que descubra las reservas ponerla a la bolsa de valores y vender las reservas a una empresa productiva. Es una clásica empresa ‘casa minas’, como decimos vulgarmente”, complemtó el ministro Navarro.
El proceso se ventila por demanda de SAS que pide un resercimiento del daño causado por la pérdida de concesiones de 385.7 millones de dólares.
Yacimiento potosino de plata
La empresa South American Silver anunció que el yacimiento de Mallku Khota tiene reservas de 255 millones de toneladas de minerales, según estudios preliminares llevados a cabo hasta el año 2011.
Los estudios preliminares establecen que el yacimiento minero, ubicado en el cantón Toroca del municipio de Sacaca, tendría 230.3 millones de onzas de plata, 1.481 toneladas de indio y 1.082 toneladas de galio.
La propia empresa transnacional afirmó que la cuantificación de las reservas comenzó en 2003; se logró completar 42.700 metros de perforación en 121 barrenos de diamante y se realizaron pruebas metalúrgicas, desarrollo de procesos y diseño de ingeniería.
Según el ministerio de Minería, no se completó la cuantificación de reservas y la Comibol los estaba haciendo, tarea que fue suspendida para no obstaculizar el juicio que se ventila ante la Corte Permanente de Arbitraje por un acuerdo suscrito entre Inglaterra y Bolivia.
Se prevé que el juicio terminará en 2017 porque el 21 del presente mes acabó la fase de los alegatos y falta que el tribunal se pronuncie.
domingo, 3 de abril de 2016
Comibol revierte concesión de Kores por incumplir contrato
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) revirtió el área que concesionó a Korea Resources Corporation (Kores) en Corocoro, La Paz, debido a que incumplió con los planes de inversión para los trabajos de exploración.
El ministro de Minería, César Navarro, explicó que el trabajo que debía realizar Kores era fundamental para determinar las reservas de cobre que hay en el lugar. El área incluyó 51 concesiones en una superficie de 27,2 kilómetros cuadrados.
posición oficial
“Lamentablemente (Kores) no cumplió con su obligación y producto de una verificación de la inversión se decidió que esas áreas sean revertidas al Estado boliviano, por lo tanto, con esos yacimientos, más los que tenemos nosotros, vamos a empezar este proyecto o vamos a ampliar la actividad (minera) porque (ahora) se está produciendo a un nivel mínimo y con un escaso nivel de utilidad”, manifestó.
El 18 de junio de 2008, los ejecutivos de la Comibol y de Kores firmaron el contrato de riesgo compartido para realizar la exploración y explotación del yacimiento cuprífero de Corocoro, que está en el departamento de La Paz, el cual establecía una participación del 55% y 45%. La exploración debió constar de dos etapas: el primero fue la perforación de pozos y la elaboración de un mapa del sitio, el segundo, un estudio de factibilidad de la operación minera, para lo cual la coreana previó invertir $us 10 millones.
En ese momento, Kores adelantó que si los resultados son alentadores se invertirían al menos $us 200 millones para explotar cobre con alta pureza (99,8%), se instalaría una planta hidrometalúrgica para procesar entre 10.000 y 15.000 toneladas métricas (TM) por día y que se produciría entre 30.000 y 50.000 TM de cobre electrolítico. En los primeros trabajos realizados por Kores, a través de su subsidiaria Corocobre, se confirmó el hallazgo de un yacimiento de 100 millones de toneladas métricas (TM) de material minero. El presidente de esta empresa, Young Hwan Moon, estimó que la segunda etapa concluya en 2012, lo cual nunca se conoció.
Navarro aclaró que el Ejecutivo analiza la decisión de asumir la explotación del área y no se tomó ninguna decisión si se hará una sociedad con alguna empresa china o de otro país.
El ministro de Minería, César Navarro, explicó que el trabajo que debía realizar Kores era fundamental para determinar las reservas de cobre que hay en el lugar. El área incluyó 51 concesiones en una superficie de 27,2 kilómetros cuadrados.
posición oficial
“Lamentablemente (Kores) no cumplió con su obligación y producto de una verificación de la inversión se decidió que esas áreas sean revertidas al Estado boliviano, por lo tanto, con esos yacimientos, más los que tenemos nosotros, vamos a empezar este proyecto o vamos a ampliar la actividad (minera) porque (ahora) se está produciendo a un nivel mínimo y con un escaso nivel de utilidad”, manifestó.
El 18 de junio de 2008, los ejecutivos de la Comibol y de Kores firmaron el contrato de riesgo compartido para realizar la exploración y explotación del yacimiento cuprífero de Corocoro, que está en el departamento de La Paz, el cual establecía una participación del 55% y 45%. La exploración debió constar de dos etapas: el primero fue la perforación de pozos y la elaboración de un mapa del sitio, el segundo, un estudio de factibilidad de la operación minera, para lo cual la coreana previó invertir $us 10 millones.
En ese momento, Kores adelantó que si los resultados son alentadores se invertirían al menos $us 200 millones para explotar cobre con alta pureza (99,8%), se instalaría una planta hidrometalúrgica para procesar entre 10.000 y 15.000 toneladas métricas (TM) por día y que se produciría entre 30.000 y 50.000 TM de cobre electrolítico. En los primeros trabajos realizados por Kores, a través de su subsidiaria Corocobre, se confirmó el hallazgo de un yacimiento de 100 millones de toneladas métricas (TM) de material minero. El presidente de esta empresa, Young Hwan Moon, estimó que la segunda etapa concluya en 2012, lo cual nunca se conoció.
Navarro aclaró que el Ejecutivo analiza la decisión de asumir la explotación del área y no se tomó ninguna decisión si se hará una sociedad con alguna empresa china o de otro país.
domingo, 27 de marzo de 2016
Exviceministro Coro ve fracaso de la nacionalización minera
El exviceministro de Minería Gerardo Coro manifestó que el Gobierno no tiene un plan de reactivación de la minería al no aprovechar la explotación de yacimientos tanto en el norte como sudeste potosino y optar por una política de nacionalización que no ha reportado beneficios económicos.
“Quisiera que el Gobierno nos diga cuánto ha recuperado, cuánto es la utilidad de la Comibol. Yo creo que ni un centavo. Si la Comibol vive es gracias al aporte de la empresa privada, de los riesgos compartidos, del 1% de las cooperativas que hacen 11 millones de dólares. De eso vive, o sea el Estado no tiene una política minera”, declaró a Cadena A.
Explicó que en Potosí hay siete sectores catalogados al nivel mismo de la empresa minera San Cristobal, y citó a Siglo XX, Pucro, Amayapampa, Capasirca, Malku Cota, Vila Cota que tiene yacimientos auríferos y Colquechaca.
“Son siete San Cristóbal”, manifestó Coro que en septiembre de 2001 fue echado del cargo por revelar que la nacionalizada de la Empresa Minera Huanuni ingresó a “terapia intensiva” al trabajar a perdida y continuar operaciones a un precio de 9.13 libra fina de estaño, cuando el punto de equilibrio es 10,34 dólares la libra fina.
La política de nacionalización de la minería se inició en octubre de 2006, cuando Morales revirtió al Estado la mina de estaño Huanuni en Oruro, tras un enfrentamiento entre mineros de la zona. En febrero de 2007, hizo lo mismo con la suiza Glencore por la Empresa Metalúrgica Vinto, y en 2012, le tocó el turno a Mallku Khota y Colquiri, tras serios enfrentamientos entre trabajadores.
“Quisiera que el Gobierno nos diga cuánto ha recuperado, cuánto es la utilidad de la Comibol. Yo creo que ni un centavo. Si la Comibol vive es gracias al aporte de la empresa privada, de los riesgos compartidos, del 1% de las cooperativas que hacen 11 millones de dólares. De eso vive, o sea el Estado no tiene una política minera”, declaró a Cadena A.
Explicó que en Potosí hay siete sectores catalogados al nivel mismo de la empresa minera San Cristobal, y citó a Siglo XX, Pucro, Amayapampa, Capasirca, Malku Cota, Vila Cota que tiene yacimientos auríferos y Colquechaca.
“Son siete San Cristóbal”, manifestó Coro que en septiembre de 2001 fue echado del cargo por revelar que la nacionalizada de la Empresa Minera Huanuni ingresó a “terapia intensiva” al trabajar a perdida y continuar operaciones a un precio de 9.13 libra fina de estaño, cuando el punto de equilibrio es 10,34 dólares la libra fina.
La política de nacionalización de la minería se inició en octubre de 2006, cuando Morales revirtió al Estado la mina de estaño Huanuni en Oruro, tras un enfrentamiento entre mineros de la zona. En febrero de 2007, hizo lo mismo con la suiza Glencore por la Empresa Metalúrgica Vinto, y en 2012, le tocó el turno a Mallku Khota y Colquiri, tras serios enfrentamientos entre trabajadores.
martes, 22 de diciembre de 2015
Mina que se abandona se nacionaliza
Los trabajadores mineros eligieron el fin de semana a sus nuevos dirigentes, durante la realización del XXXII Congreso en la mina San Cristóbal, y ratificaron que mina abandonada será nacionalizada.
En el encuentro se eligió a Orlando Gutiérrez, de la mina estatal Colquiri, como nuevo secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en reemplazo de Miguel Pérez, que dejó el cargo.
En el encuentro se eligió a Orlando Gutiérrez, de la mina estatal Colquiri, como nuevo secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en reemplazo de Miguel Pérez, que dejó el cargo.
domingo, 9 de agosto de 2015
Minería privada mediana productiva no debe temer por nacionalización
Con motivo de relievar el aniversario de la localidad de San Cristóbal próxima a la ciudad de Potosí y donde opera la mina del mismo nombre, subsidiaria de la japonesa Sumitomo Corporation, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera emitió un mensaje tranquilizador para los empresarios mineros privados señalando que "se garantizan sus operaciones porque generan ingresos para Bolivia".
La autoridad nacional sugirió a los empresarios mineros "no asustarse, ya que el socialismo y el comunitarismo también implican contar con socios, aunque sin que pretendan el poder político". De ese modo la segunda autoridad del país, descartó la nacionalización de la Empresa Minera San Cristóbal (EMSC) que opera en jurisdicción potosina y genera importantes ingresos económicos para el Erario Nacional y la región donde se ubica.
En los días del conflicto cívico potosinista surgieron amenazas por parte de grupos mineros cooperativistas en sentido de ocupar las empresas mineras privadas, cortar la energía eléctrica paralizando operaciones. Algo sucedió, aunque no en la proporción descrita, porque la empresa Manquiri fue objeto de una intervención por grupos ajenos a la misma. Ese hecho preocupó a los empresarios de la minería mediana, que exigieron al Gobierno garantías suficientes para seguir operando.
La declaración del Vicepresidente nacional, si bien estuvo dirigida a la EMSC por la coincidencia de un festejo comunitario en el área del importante desarrollo minero, las garantías expresadas por García Linera tienen efecto válido para las otras empresas que trabajan, justamente en territorio potosino y son parte de la importante generación de regalías mineras para ese distrito.
Varias mineras medianas operan en el sector potosino, el caso de San Vicente, San Bartolomé, Manquiri, San Cristóbal y otras menores que igualmente tienen personal asalariado que se encontraba muy preocupado ante las amenazas de ocupación y alteración de actividades.
Al presente ha quedado muy clara la posición gubernamental al ofrecer las garantías necesarias a las empresas mineras privadas que "hacen un buen trabajo", tomando en cuenta la actividad que desarrolla la EMSC y que necesita de apoyo directo para que no se interfieran sus actividades. "Sigan haciendo su buen trabajo", afirmó el vicepresidente, asegurando que lo importante es generar ingresos para el país, reiteró que "se garantiza la actividad productiva en la MSC y se descarta la nacionalización".
Otros conceptos rescatables en la exposición del vicemandatario, son por ejemplo un llamado a otras mineras para operar en Bolivia, bajo la condición de proteger el medio ambiente (la Madre Tierra), pagar los impuestos establecidos, aceptar la condición de distribución de las ganancias (40 y 60%) y evitar hacer actividad política para la toma del poder.
A la revelación de que "somos socialistas y comunitaristas", se añadió otro concepto como que "somos lo suficientemente inteligentes para utilizar la inversión extranjera, para que genere recursos, traiga tecnología y pague impuestos". Aclaró el segundo mandatario, que "el Gobierno mantiene el poder político, el control y no permitirá que los extranjeros controlen el país". Cerró su participación augurando que "ojalá vengan más empresas, necesitamos dos o tres San Cristóbal", sostuvo García Linera.
La EMSC es considerada la más importante del sector privado por los volúmenes de su producción, su inversión en ascenso y su proyección técnica, bajo control de la japonesa Sumitomo. Tardó más de una década en posicionarse en el sistema minero productivo nacional, actualmente es la que tiene mejor tecnología para seguir explotando minerales de plata, plomo y zinc, suministrando la mayor cantidad de concentrados que necesita Karachipampa, además de exportar otra cantidad importante de concentrados de alta ley.
La incorporación de tecnología de punta en San Cristóbal, permite que menos de mil trabajadores se ocupen del movimiento diario de unas 150 mil toneladas de roca y tierra para obtener tras interesante proceso técnico 40 mil toneladas de alta ley. El comercio de los minerales que explota la EMSC, constituye hoy por hoy, el mayor ingreso por regalías para el Departamento de Potosí, a lo que se suma los ingresos de las otras minas privadas.
En la versión periodística que registró el matutino La Razón, se consigna además el criterio del Primer Mandatario del país, que reconoce la importancia de la actividad minera privada, al señalar que "cuando el estaño y los minerales estaban en manos de los privados había más renta para el Estado. Y cuando la minería está en manos de las cooperativas o del Estado hay menos renta minera. Ahí están los datos", afirmó el Mandatario en una clara alusión a la situación de Huanuni que tiene más de 4.000 trabajadores y está a pérdida, o el caso de las cooperativas cuyo rendimiento es mínimo.
De momento se despejan los temores de nacionalización de minas privadas, al contrario se garantizarán las operaciones de esas empresas que estén rindiendo positivamente y generando utilidades para el Tesoro Nacional. Este hecho es un incentivo directo a la actividad minera privada, especialmente la mediana, por lo que el sector minero "chico", espera también un apoyo para seguir desarrollando su producción, sosteniendo un buen índice de empleo y un buen promedio de regalías.
La autoridad nacional sugirió a los empresarios mineros "no asustarse, ya que el socialismo y el comunitarismo también implican contar con socios, aunque sin que pretendan el poder político". De ese modo la segunda autoridad del país, descartó la nacionalización de la Empresa Minera San Cristóbal (EMSC) que opera en jurisdicción potosina y genera importantes ingresos económicos para el Erario Nacional y la región donde se ubica.
En los días del conflicto cívico potosinista surgieron amenazas por parte de grupos mineros cooperativistas en sentido de ocupar las empresas mineras privadas, cortar la energía eléctrica paralizando operaciones. Algo sucedió, aunque no en la proporción descrita, porque la empresa Manquiri fue objeto de una intervención por grupos ajenos a la misma. Ese hecho preocupó a los empresarios de la minería mediana, que exigieron al Gobierno garantías suficientes para seguir operando.
La declaración del Vicepresidente nacional, si bien estuvo dirigida a la EMSC por la coincidencia de un festejo comunitario en el área del importante desarrollo minero, las garantías expresadas por García Linera tienen efecto válido para las otras empresas que trabajan, justamente en territorio potosino y son parte de la importante generación de regalías mineras para ese distrito.
Varias mineras medianas operan en el sector potosino, el caso de San Vicente, San Bartolomé, Manquiri, San Cristóbal y otras menores que igualmente tienen personal asalariado que se encontraba muy preocupado ante las amenazas de ocupación y alteración de actividades.
Al presente ha quedado muy clara la posición gubernamental al ofrecer las garantías necesarias a las empresas mineras privadas que "hacen un buen trabajo", tomando en cuenta la actividad que desarrolla la EMSC y que necesita de apoyo directo para que no se interfieran sus actividades. "Sigan haciendo su buen trabajo", afirmó el vicepresidente, asegurando que lo importante es generar ingresos para el país, reiteró que "se garantiza la actividad productiva en la MSC y se descarta la nacionalización".
Otros conceptos rescatables en la exposición del vicemandatario, son por ejemplo un llamado a otras mineras para operar en Bolivia, bajo la condición de proteger el medio ambiente (la Madre Tierra), pagar los impuestos establecidos, aceptar la condición de distribución de las ganancias (40 y 60%) y evitar hacer actividad política para la toma del poder.
A la revelación de que "somos socialistas y comunitaristas", se añadió otro concepto como que "somos lo suficientemente inteligentes para utilizar la inversión extranjera, para que genere recursos, traiga tecnología y pague impuestos". Aclaró el segundo mandatario, que "el Gobierno mantiene el poder político, el control y no permitirá que los extranjeros controlen el país". Cerró su participación augurando que "ojalá vengan más empresas, necesitamos dos o tres San Cristóbal", sostuvo García Linera.
La EMSC es considerada la más importante del sector privado por los volúmenes de su producción, su inversión en ascenso y su proyección técnica, bajo control de la japonesa Sumitomo. Tardó más de una década en posicionarse en el sistema minero productivo nacional, actualmente es la que tiene mejor tecnología para seguir explotando minerales de plata, plomo y zinc, suministrando la mayor cantidad de concentrados que necesita Karachipampa, además de exportar otra cantidad importante de concentrados de alta ley.
La incorporación de tecnología de punta en San Cristóbal, permite que menos de mil trabajadores se ocupen del movimiento diario de unas 150 mil toneladas de roca y tierra para obtener tras interesante proceso técnico 40 mil toneladas de alta ley. El comercio de los minerales que explota la EMSC, constituye hoy por hoy, el mayor ingreso por regalías para el Departamento de Potosí, a lo que se suma los ingresos de las otras minas privadas.
En la versión periodística que registró el matutino La Razón, se consigna además el criterio del Primer Mandatario del país, que reconoce la importancia de la actividad minera privada, al señalar que "cuando el estaño y los minerales estaban en manos de los privados había más renta para el Estado. Y cuando la minería está en manos de las cooperativas o del Estado hay menos renta minera. Ahí están los datos", afirmó el Mandatario en una clara alusión a la situación de Huanuni que tiene más de 4.000 trabajadores y está a pérdida, o el caso de las cooperativas cuyo rendimiento es mínimo.
De momento se despejan los temores de nacionalización de minas privadas, al contrario se garantizarán las operaciones de esas empresas que estén rindiendo positivamente y generando utilidades para el Tesoro Nacional. Este hecho es un incentivo directo a la actividad minera privada, especialmente la mediana, por lo que el sector minero "chico", espera también un apoyo para seguir desarrollando su producción, sosteniendo un buen índice de empleo y un buen promedio de regalías.
martes, 28 de julio de 2015
Descartan nacionalizar sumitomo
El Gobierno boliviano descartó ayer la nacionalización de la empresa minera San Cristóbal, filial de la japonesa Sumitomo, y pidió a sus ejecutivos que creen más compañías similares porque Bolivia necesita de inversiones y tecnología. "Estoy aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno de Bolivia con la empresa Sumitomo, para darle garantías. No se asuste", afirmó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en un discurso ante un ejecutivo japonés, a propósito del aniversario del pueblo de San Cristóbal, donde opera la empresa, cerca de Chile. "Somos socialistas, somos comunitaristas, pero ahora los necesitamos a ustedes para que trabajen para nosotros", agregó.
Empresa. San Cristóbal, la mayor compañía minera privada de Bolivia, produce a cielo abierto plata, plomo y zinc en la región andina de Potosí, removiendo a diario 150.000 toneladas de roca para procesar unas 40.000 toneladas de minerales, según datos de la empresa.
Autoridad. El vicepresidente explicó que el Gobierno de Evo Morales no nacionalizará la filial de Sumitomo porque el país necesita la inversión y la tecnología para la producción a gran escala. Algunos sectores pidieron a Morales expropiar la minera como hizo con otras compañías y hace poco manifestantes de Potosí amenazaron con cortarle el suministro eléctrico como parte de sus presiones para lograr la atención de su Gobierno a varias demandas.
'Gobierno socialista'. El vicepresidente dijo que el Gobierno es socialista y "suficientemente inteligente" para utilizar la inversión extranjera en la generación de recursos e impuestos que ayuden a combatir el hambre y los problemas de la educación y la salud del país. "El revolucionario Lenin, socialista, comunista como nosotros, planteaba la necesidad de que un gobierno revolucionario tuviera acuerdo con empresas extranjeras para producción en gran escala", agregó García Linera en su discurso.
Empresa. San Cristóbal, la mayor compañía minera privada de Bolivia, produce a cielo abierto plata, plomo y zinc en la región andina de Potosí, removiendo a diario 150.000 toneladas de roca para procesar unas 40.000 toneladas de minerales, según datos de la empresa.
Autoridad. El vicepresidente explicó que el Gobierno de Evo Morales no nacionalizará la filial de Sumitomo porque el país necesita la inversión y la tecnología para la producción a gran escala. Algunos sectores pidieron a Morales expropiar la minera como hizo con otras compañías y hace poco manifestantes de Potosí amenazaron con cortarle el suministro eléctrico como parte de sus presiones para lograr la atención de su Gobierno a varias demandas.
'Gobierno socialista'. El vicepresidente dijo que el Gobierno es socialista y "suficientemente inteligente" para utilizar la inversión extranjera en la generación de recursos e impuestos que ayuden a combatir el hambre y los problemas de la educación y la salud del país. "El revolucionario Lenin, socialista, comunista como nosotros, planteaba la necesidad de que un gobierno revolucionario tuviera acuerdo con empresas extranjeras para producción en gran escala", agregó García Linera en su discurso.
domingo, 22 de febrero de 2015
Podría recuperarse información sobre potencial de Mallku Khota
Comenzar la relación recordando que Mallku Khota, fue un emprendimiento privado que favoreció mediante convenio con nuestro Gobierno a la empresa South American Silver Silver Limited (SAS), establecida en Bermudas, pero de origen canadiense que se convirtió en accionista mayoritaria de la denominada Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), la que fue expropiada por el Gobierno de Evo Morales el 1 de agosto del 2012, mediante Decreto Supremo 1308 que mencionaba la "expropiación del complejo Mallku Khota debido al rechazo que manifestaron los comunarios de la región ante la explotación de recursos naturales por parte de una empresa privada".
La canadiense SAS, comenzó a operar en la zona potosina de la provincia Alonso de Ibáñez, en el año 2007 explorando un área de 55 km2, que significaba más de 5.400 hectáreas. El año 2011, los ejecutivos de la SAS hicieron conocer un informe preliminar señalando que las reservas cuantificadas alcanzaban a 230 millones de toneladas de mineral con contenido de plata, indio, galio, cobre, plomo y zinc.
Por los daros referenciales de entonces, tal parece que ese informe despertó "la codicia" de sectores comunitarios de la zona, que plantearon mediante acciones de presión a la Comibol la reversión de esa propiedad, sin que cumpliera el convenio vigente. e ese modo y tras enfrentamientos de comunarios que tomaron de rehenes a ingenieros de la empresa, además de enfrentamientos con policías y un saldo de varios heridos y un muerto, surgió el DS de expropiación.
De ahí adelante las cosas tuvieron una serie de alternativas legales, pues la empresa damnificada reclamó derechos, pero nada pudo hacer ante el DS de expropiación, aunque la misma quedó en poder de todo el estudio de prospección y cuantificación del potencial de Mallku Khota, lo que impidió lógicamente a los técnicos de Comibol, continuar con el proceso de prospección, debiendo empezar, prácticamente en cero, la cuantificación del potencial mineralógico, situación que se mantiene y que obliga a una serie de inversiones, tomando en cuenta que la prospección inicial, colocaba a la CMMK en un rango expectaticio, tan importante como San Cristóbal que también opera en Potosí.
El caso es que ahora y tras el arbitraje que se plantea, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ha ordenado a la canadiense SAS a entregar documentos y estados financieros al Estado boliviano, para seguir el proceso de arbitraje por la nacionalización de Mallku Khota.
El asunto tiene ciertas características especiales y al no definir concretamente los pasos que deberán darse en el futuro, no es posible definir con claridad los resultados de un operativo que es parte del arbitraje por la explotación del complejo de Mallku Khota. Un proceso que vale la pena esclarecerse, para tener idea de la suerte "efectiva" del potencial que tenga EMMK:
La canadiense SAS, comenzó a operar en la zona potosina de la provincia Alonso de Ibáñez, en el año 2007 explorando un área de 55 km2, que significaba más de 5.400 hectáreas. El año 2011, los ejecutivos de la SAS hicieron conocer un informe preliminar señalando que las reservas cuantificadas alcanzaban a 230 millones de toneladas de mineral con contenido de plata, indio, galio, cobre, plomo y zinc.
Por los daros referenciales de entonces, tal parece que ese informe despertó "la codicia" de sectores comunitarios de la zona, que plantearon mediante acciones de presión a la Comibol la reversión de esa propiedad, sin que cumpliera el convenio vigente. e ese modo y tras enfrentamientos de comunarios que tomaron de rehenes a ingenieros de la empresa, además de enfrentamientos con policías y un saldo de varios heridos y un muerto, surgió el DS de expropiación.
De ahí adelante las cosas tuvieron una serie de alternativas legales, pues la empresa damnificada reclamó derechos, pero nada pudo hacer ante el DS de expropiación, aunque la misma quedó en poder de todo el estudio de prospección y cuantificación del potencial de Mallku Khota, lo que impidió lógicamente a los técnicos de Comibol, continuar con el proceso de prospección, debiendo empezar, prácticamente en cero, la cuantificación del potencial mineralógico, situación que se mantiene y que obliga a una serie de inversiones, tomando en cuenta que la prospección inicial, colocaba a la CMMK en un rango expectaticio, tan importante como San Cristóbal que también opera en Potosí.
El caso es que ahora y tras el arbitraje que se plantea, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, ha ordenado a la canadiense SAS a entregar documentos y estados financieros al Estado boliviano, para seguir el proceso de arbitraje por la nacionalización de Mallku Khota.
El asunto tiene ciertas características especiales y al no definir concretamente los pasos que deberán darse en el futuro, no es posible definir con claridad los resultados de un operativo que es parte del arbitraje por la explotación del complejo de Mallku Khota. Un proceso que vale la pena esclarecerse, para tener idea de la suerte "efectiva" del potencial que tenga EMMK:
lunes, 16 de febrero de 2015
Tribunal conmina a canadiense a entregar información a Bolivia
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ordenó a la canadiense South American Silver a entregar documentos y sus estados financieros al Estado boliviano, para seguir el proceso de arbitraje por la nacionalización de Mallku Khota.
El 26 de enero de 2015, el tribunal arbitral ordenó que “la Demandante (South American Silver) entregue a la Demandada (Bolivia) los documentos en su formato nativo de información” para que de esta manera el Estado boliviano pueda realizar los cálculos que determinen la indemnización que corresponde o la preparación de la defensa nacional.
La conminación está suscrita en el “caso de la Corte Permanente de Arbitraje de (CPA) 2013-15 de conformidad con el convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de Bolivia sobre el fomento y la protección de inversiones de capital”.
La South American Silver Limited, una entidad establecida en Bermuda, pero de origen canadiense, era accionista mayoritaria de la Compañía Minera Mallku Khota SA (CMMK) que fue expropiada en 2012 por el gobierno de Evo Morales.
“(El tribunal) Ordena que la Demandante entregue a la Demandada los mismos estados financieros que la Demandante entregó a sus peritos para la preparación de los informes periciales dentro del mismo plazo antes citado”, indica el inciso cuarto del documento publicado en la página www.pca-cpa.org.
El 14 de enero, la firma canadiense pidió a la CNUDMI, en un documento, no autorizar la petición de información por parte del Ejecutivo boliviano, sobre datos que estén relacionados con el proceso arbitral y mantener el perfil de “protegido y altamente confidencial”.
Esta solicitud fue realizada porque la firma minera indicaba que la demandada “busca obtener, de manera inapropiada, documentos que no existen, que no fueron utilizados por (la Demandada) o sus peritos en el Escrito de Demanda y Memorial”.
El Estado boliviano arguyó que el no tener acceso a la información “dificultaría considerablemente su revisión (por ejemplo, porque no permitiría ver las fórmulas empleadas para los cálculos) y aumentaría innecesariamente los costos y tiempos de la defensa de Bolivia”, además de otros tres puntos planteados en el pliego.
El yacimiento minero de Mallku Khota se encuentra ubicado en las provincias Alonso de Ibáñez y Charcas, en el departamento de Potosí.
En 2007, la empresa canadiense South American Silver Corporation (SASC) comenzó la etapa de exploración minera en un área de 55 km2, un espacio territorial de 5.475 hectáreas. En 2011 se dijo que las reservas cuantificadas alcanzaban a 230 millones de toneladas de plata, indio, galio, cobre, plomo y zinc.
El 1 de agosto de 2012, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 1308 de expropiación del complejo minero de Mallku Khota a raíz del rechazo que manifestaron los comunarios por la explotación por parte de la empresa.
Un muerto, tres rehenes (un policía y dos ingenieros mineros de la firma) y al menos unos 50 heridos por los enfrentamientos entre comunarios y policias resultaron de los enfrentamientos en el conflicto.
El 2 de mayo de 2013, la empresa minera SASC anunció el inicio de un arbitraje internacional contra Bolivia por la reversión “sin compensación” de su concesión en Mallku Khota.
En una nota del 25 de septiembre de 2014, la compañía canadiense señala que “sobre la base de una valoración realizada por expertos independientes, South American Silver pide indemnización por daños y perjuicios la suma de $us 385,7 millones”.
El monto incluye $us 307,2 millones para la totalidad de sus pérdidas causadas por incumplimiento del Tratado de Inversiones, además de $us 78,5 millones por intereses. No se incluyen los honorarios y los gastos en que ha incurrido en el proceso de arbitraje, señala la compañía.
Inversión de la comibol
En mayo de 2013, La Razón informó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) invertirá Bs 36 millones para la primera fase del proyecto Mallku Khota, en el departamento de Potosí. De este monto, el 70% irá con destino a la compra de maquinaria y contratación de servicios. La primera etapa del proyecto, referida a la exploración, también contempla la perforación de seis puntos específicos en el yacimiento. Esta tarea permitirá identificar el tipo de minerales que existen en el lugar y cuantificar las reservas de los mismos, según información oficial.
domingo, 15 de febrero de 2015
Si las mineras estatales generan utilidades las mineras privadas serían nacionalizadas
El Primer Mandatario del país que estuvo en el acto de inauguración del nuevo ingenio de Huanuni, expresó su criterio personal, al señalar que "nuestras empresas mineras estatales tienen que generar divisas para el pueblo boliviano. El momento que generen divisas serán un lujo de empresas mineras" y advirtió luego que "no le temblará la mano" para la nacionalización de empresas mineras privadas, si las estatales muestran rentabilidad.
Hay que recordar que en septiembre del 2011, el XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) aprobó un documento político exigiendo al gobierno la nacionalización de las grandes empresas privadas que operan en el país, el caso de San Cristóbal, San Vicente, Manquiri y Sinchi Wayra.
El anuncio presidencial, posiblemente lanzado como un reto a los trabajadores de la minería estatal para que mejoren su rendimiento, según opinión de algunos expertos no deja de preocupar en círculos del empresariado privado, especialmente afines a la actividad minera mediana, a la que pertenecen las minas que operan en Potosí.
Se menciona que hay incongruencias en la posición oficial, puesto que con mucho énfasis se maneja el argumento de "garantizar inversiones" que favorezcan al desarrollo productivo, pero cuando menos se espera surgen las amenazas de nacionalizar los emprendimientos privados. En el caso de la minería, aún con cierta rentabilidad del sector estatal, la mejor opción de crecimiento del sector tendría que ser con inversiones nacionales o extranjeras como sucede abiertamente en países vecinos, en los que el sector minero avanza presurosamente con pasos gigantes y seguros. Apoyo agencias. P.M.
Hay que recordar que en septiembre del 2011, el XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) aprobó un documento político exigiendo al gobierno la nacionalización de las grandes empresas privadas que operan en el país, el caso de San Cristóbal, San Vicente, Manquiri y Sinchi Wayra.
El anuncio presidencial, posiblemente lanzado como un reto a los trabajadores de la minería estatal para que mejoren su rendimiento, según opinión de algunos expertos no deja de preocupar en círculos del empresariado privado, especialmente afines a la actividad minera mediana, a la que pertenecen las minas que operan en Potosí.
Se menciona que hay incongruencias en la posición oficial, puesto que con mucho énfasis se maneja el argumento de "garantizar inversiones" que favorezcan al desarrollo productivo, pero cuando menos se espera surgen las amenazas de nacionalizar los emprendimientos privados. En el caso de la minería, aún con cierta rentabilidad del sector estatal, la mejor opción de crecimiento del sector tendría que ser con inversiones nacionales o extranjeras como sucede abiertamente en países vecinos, en los que el sector minero avanza presurosamente con pasos gigantes y seguros. Apoyo agencias. P.M.
jueves, 29 de enero de 2015
miércoles, 27 de agosto de 2014
Pedirán estatizar mineras fuera de ley
Dos dirigentes de la Central Obrera Bolivia (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), ambas organizaciones afines al Gobierno de Evo Morales, manifestaron ayer que empresas y cooperativas mineras deben adecuarse a la nueva Ley de Minería y Metalurgia, sino pedirán su “nacionalización”.
“Deben migrar a nuevos contratos mineros. 55 (por ciento) para el Estado y 45 (por ciento) para la transnacional. Entre ellas están la San Cristobal, San Vicente, Manquiri y otras. Quien no quiera migrar vamos a pedir la reversión al Estado y al manejo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), velando el interés social de nuestros trabajadores”, dijo Miguel Pérez, de la Fstmb.
Entretanto, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, señaló que “siempre van a plantear la reversión de los yacimientos mineros a favor del Estado boliviano para que no se pueda exprimir los recursos naturales”.
“La COB está planteando la exploración, explotación, refinación, concentración, la industrialización y la concentración de la economía del país. Fortalecer las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN) y la distribución equitativa (de los recursos es un imperativo)”, afirmó.
Argumentó que la “reactivación económica” del país debe efectuarse con la “administración total” del Estado de los yacimientos mineros, en el país.
Los trabajadores de la Fstmb, que forman parte de la entidad sindical y privada, este lunes recibieron como “regalo” de Evo Morales, un inmueble valuado en unos 100.000 dólares.
“Deben migrar a nuevos contratos mineros. 55 (por ciento) para el Estado y 45 (por ciento) para la transnacional. Entre ellas están la San Cristobal, San Vicente, Manquiri y otras. Quien no quiera migrar vamos a pedir la reversión al Estado y al manejo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), velando el interés social de nuestros trabajadores”, dijo Miguel Pérez, de la Fstmb.
Entretanto, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, señaló que “siempre van a plantear la reversión de los yacimientos mineros a favor del Estado boliviano para que no se pueda exprimir los recursos naturales”.
“La COB está planteando la exploración, explotación, refinación, concentración, la industrialización y la concentración de la economía del país. Fortalecer las arcas del Tesoro General de la Nación (TGN) y la distribución equitativa (de los recursos es un imperativo)”, afirmó.
Argumentó que la “reactivación económica” del país debe efectuarse con la “administración total” del Estado de los yacimientos mineros, en el país.
Los trabajadores de la Fstmb, que forman parte de la entidad sindical y privada, este lunes recibieron como “regalo” de Evo Morales, un inmueble valuado en unos 100.000 dólares.
jueves, 26 de junio de 2014
Morales prevé nacionalizar más minas, si hay rentabilidad
El presidente Evo Morales aseguró ayer en presencia de los trabajadores mineros de Huanuni que el día en que las empresas mineras estatales generen ingresos para el Estado, al Gobierno no le temblará la mano en nacionalizar otras minas para recuperar los recursos naturales.
Las palabras del Jefe del Estado se dieron luego de la firma del Decreto Supremo 2044, que autoriza la transferencia de Bs 350 millones a la Empresa Minera Huanuni (EMH), ubicada a 42 kilómetros al sudeste de la ciudad de Oruro. Los recursos serán entregados en calidad de fideicomiso para la compra de equipos y tecnología que permitan mejorar y tecnificar la producción de estaño en el yacimiento.
“El día que nuestras empresas mineras generen divisas (dólares), compañero Miguel (Pérez), Pedro (Montes) y Juan Carlos (Trujillo), y ahí si nuestras empresas generan divisas para el pueblo, no nos va a temblar la mano para seguir nacionalizando otras minas, hermanos y hermanas, para recuperar nuestros recursos naturales”, enfatizó Morales, en un acto especial que organizaron los mineros de Huanuni en la bocamina “Dolores-Sector Patiño” de ese yacimiento.
El 31 de octubre de 2006, el Estado nacionalizó esa empresa minera. El 7 de mayo de 2013 los trabajadores de la EMH ingresaron en paro indefinido en apoyo a la Central Obrera Boliviana (COB), que planteó en ese entonces una pensión de Bs 8.000 para ese sector y Bs 5.000 para otros trabajadores. Se calculó que las pérdidas por día eran de $us 500.000.
El Mandatario aseguró que momentos previos a la firma del decreto, Pedro Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la EMH, le comentó que los mineros de esa firma estatal demostrarán que con la inversión asignada, generarán recursos para aspectos sociales, pero también para el pueblo boliviano.
A tiempo de dar la bienvenida al Jefe del Estado, el dirigente aseguró a sus bases y a los presentes en el acto que mejorarán su producción para generar utilidades en la empresa.
Utilidades. En el acto de ayer, el presidente Morales destacó que la estatal Empresa Minera Colquiri (EMC) “está generando utilidades y va creciendo”, por lo que es una obligación del Gobierno garantizar mayores inversiones para la minería.
El XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), del 5 de septiembre de 2011 en la ciudad de Potosí, aprobó un documento político que determinó exigir al gobierno de Evo Morales nacionalizar los grandes yacimientos como San Cristóbal, Manquiri, San Vicente y Sinchi Wayra.
En ese congreso se eligieron a 39 nuevos dirigentes de la FSTMB, entre ellos a Miguel Pérez Sandóval como secretario ejecutivo de la organización. El 20 de junio de este año, Pérez informó —según un reporte de la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI)— que los mineros de Totoral solicitaron al ministerio del área la nacionalización de ese yacimiento, que actualmente está a cargo de la empresa privada San Lucas.
Por otro lado, Pedro Montes aprovechó ayer para pedirle al Presidente diez volquetas. “Todos somos hijos, aquí no hay entenados”, indicó en alusión a que el 29 de mayo de este año, el Gobierno entregó volquetas a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).
Huanuni, salarios y mineros
Ingresos
El 7 de mayo de 2013, el entonces ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, dijo que de los casi 4.600 trabajadores en la EMH, 451 perciben sueldos por encima de los Bs 15.000, y que uno incluso llega a ganar Bs 50.000 al mes.
Montes: Huanuni no solo producirá estaño
Jimena Paredes
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera Huanuni (EMH), Pedro Montes, anunció que esa compañía estatal no solo producirá estaño, sino otros minerales como zinc, plomo y plata con la inyección económica que le dio ayer el Gobierno. Montes señaló que con esa inyección económica de Bs 350 millones, ese distrito minero rescatará la historia de lo que fue anteriormente ese yacimiento.
“Huanuni no va a producir solamente el estaño, vamos a producir el zinc, el plomo y la plata, esa va a ser ahora nuestra producción en Huanuni, y este préstamo, compañeros, dará una dirección a todos los mineros”, aseguró el dirigente minero.
El 22 de abril de este año, este diario informó que el nuevo ingenio de la EMH, que debió entregarse en febrero de este año, aún no está concluido por la falta de financiamiento económico y por los conflictos. A modo de agradecimiento por la inyección de recursos, los mineros de Huanuni le regalaron al presidente Evo Morales estaño en forma de piedra y lo propio al vicepresidente Álvaro García Linera.
miércoles, 25 de junio de 2014
Mineros piden nacionalización de yacimiento privado de Totoral
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez, informó que los mineros de Totoral solicitaron al Ministerio de Minería la nacionalización de ese yacimiento que actualmente está a cargo de la empresa privada San Lucas.
Según el dirigente, los mineros de Totoral piden que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se haga cargo de ese yacimiento, porque advierten irregularidades en la actual administración.
"Totoral está pidiendo ser revertida y ser parte de la Comibol y en esto estamos esperando una respuesta del ministro Navarro", dijo.
Pérez afirmó que la mina distribuyó cartas de preaviso, en una suerte de "despido masivo", a los mineros que bloquearon la mina.
Según el dirigente, los mineros de Totoral piden que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se haga cargo de ese yacimiento, porque advierten irregularidades en la actual administración.
"Totoral está pidiendo ser revertida y ser parte de la Comibol y en esto estamos esperando una respuesta del ministro Navarro", dijo.
Pérez afirmó que la mina distribuyó cartas de preaviso, en una suerte de "despido masivo", a los mineros que bloquearon la mina.
viernes, 7 de febrero de 2014
Celebran siete años de la nacionalización de la metalúrgica de Vinto
El Gobierno nacional celebra este viernes, siete años de la nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, al acto desarrollado en el departamento de Oruro, asistió el presidente del Estado, Evo Morales.
La nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, decidida en 2007, permitió dar pasos hacia la tecnología lo que posibilita que en la actualidad esa compañía esté a punto de contar con un horno de fundición denominado 'Hausmel', aseveró el viernes el presidente Evo Morales.
'Ahora se puede invertir gracias a la nacionalización y sólo decir a los compañeros metalurgistas, un poco para pensar y reflexionar sino se nacionalizaba seguro que no había el horno Housmel', mencionó.
Morales se refirió en esos términos en la celebración de los siete años de nacionalización de esa metalúrgica, que se proyecta como una de las fundidoras más importantes del mundo a través de la modernización de sus equipos.
El 9 de febrero de 2007 el Presidente nacionalizó Vinto, detentada hasta entonces por la empresa Sinchi Wayra, decisión que fue adoptada después de encontrar irregularidades cometidas durante la administración de esa transnacional.
Morales agregó que de haber prosperado el revocatorio que se verificó en 2008 no hubiera sido posible contar con un satélite de comunicación, participar en la competencia internacional del Dakar, como tampoco dirigir el G77 más China.
En la actualidad señaló que el Gobierno realiza millonarias inversiones en proyectos hidrocarburíferos como 'nunca en la historia boliviana' y aseguró que el 'pueblo es sabio' para defender esa política, por lo que es 'importante' recordar el pasado para hacer una evaluación.
Afirmó que el país 'no está lejos' de contar con un satélite de prospección que permitirá conocer la riqueza en recursos naturales que posee el territorio y encaminar tareas de exploración.
'Ya investigué es más barato que el de comunicación y está en nuestras manos será para exploración de recursos naturales', dijo.
En el acto de celebración, el mandatario comprometió la construcción de un coliseo con capacidad para 21.000 personas y entregó un bus para el traslado de los trabajadores de la metalúrgica.
Según datos oficiales, en 2009 las utilidades de Vinto llegaban a 25,1 millones de bolivianos; en 2010 subieron a 66,7 millones; y en 2011 a 96,8 millones.
En 2011, la producción se incrementó en un 10% con relación a 2010 y vendió metal refinado grado A-1, (calidad certificada internacionalmente) por 301, 5 millones de dólares.
La nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, decidida en 2007, permitió dar pasos hacia la tecnología lo que posibilita que en la actualidad esa compañía esté a punto de contar con un horno de fundición denominado 'Hausmel', aseveró el viernes el presidente Evo Morales.
'Ahora se puede invertir gracias a la nacionalización y sólo decir a los compañeros metalurgistas, un poco para pensar y reflexionar sino se nacionalizaba seguro que no había el horno Housmel', mencionó.
Morales se refirió en esos términos en la celebración de los siete años de nacionalización de esa metalúrgica, que se proyecta como una de las fundidoras más importantes del mundo a través de la modernización de sus equipos.
El 9 de febrero de 2007 el Presidente nacionalizó Vinto, detentada hasta entonces por la empresa Sinchi Wayra, decisión que fue adoptada después de encontrar irregularidades cometidas durante la administración de esa transnacional.
Morales agregó que de haber prosperado el revocatorio que se verificó en 2008 no hubiera sido posible contar con un satélite de comunicación, participar en la competencia internacional del Dakar, como tampoco dirigir el G77 más China.
En la actualidad señaló que el Gobierno realiza millonarias inversiones en proyectos hidrocarburíferos como 'nunca en la historia boliviana' y aseguró que el 'pueblo es sabio' para defender esa política, por lo que es 'importante' recordar el pasado para hacer una evaluación.
Afirmó que el país 'no está lejos' de contar con un satélite de prospección que permitirá conocer la riqueza en recursos naturales que posee el territorio y encaminar tareas de exploración.
'Ya investigué es más barato que el de comunicación y está en nuestras manos será para exploración de recursos naturales', dijo.
En el acto de celebración, el mandatario comprometió la construcción de un coliseo con capacidad para 21.000 personas y entregó un bus para el traslado de los trabajadores de la metalúrgica.
Según datos oficiales, en 2009 las utilidades de Vinto llegaban a 25,1 millones de bolivianos; en 2010 subieron a 66,7 millones; y en 2011 a 96,8 millones.
En 2011, la producción se incrementó en un 10% con relación a 2010 y vendió metal refinado grado A-1, (calidad certificada internacionalmente) por 301, 5 millones de dólares.
domingo, 10 de noviembre de 2013
Estudio: Frutos de nacionalización de la minería resultan frustrantes
Un estudio sobre el devenir de la minería nacionalizada en el país plantea que existe un "déficit crónico" del sector desde sus inicios, atribuido a un alto nivel de empleo, a la subvención de las pulperías para los mineros y a la burocratización política de su administración. El coordinador del estudio Henry Oporto propone que un poder sindical y otro poder cooperativista estrangulan a la minería nacionalizada.
El estudio "¿De vuelta al Estado minero?" fue editado por Henry Oporto, y tiene las firmas de Jorge Espinoza, Rubén Ferrufino, Dionisio Garzón y Héctor Córdova, además del respaldo de Fundación Pazos Kanki que el año pasado publicó "Los dilemas de la minería" sobre la discusión acerca de la baja competitividad de la minería boliviana y la falta de inversiones.
Al momento de presentar este libro, Oporto explicó que todavía no existe un balance completo acerca de la nacionalización de las minas como proceso iniciado en 1952, aunque se adelantó a plantear que esa política "tuvo mucho de mito y los resultados más bien son bastante frustrantes". La información compartida por el sociólogo es que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) vivió en "déficit crónico" desde el inicio de la nacionalización por el pago que tuvo que hacer a los "barones del estaño" o sus antiguos dueños.
Otros datos muestran que dos de cada tres trabajadores eran burócratas (no obreros), la pulpería llegó a representar el 66% del costo laboral. "Catavi en 1985 tenía costo de producción de 38,6 dólares por libra fina de estaño, pero el precio internacional de venta del estaño estaba en 5,41. Esto quiere decir que ésta era una mina, Catavi era una de las más grandes en ese tiempo, que trabajaba a perdida, tenía un enorme déficit que tenía que ser cubierto por el Tesoro General de la Nación", dijo Oporto. La incidencia negativa identificada es, según los autores, que el Estado vio en la minería nacionalizada la "caja de caudales a la que había que tomarle la mayor parte de sus ingresos".
En realidad los sueldos de todo el país estaban sustentados por la minería y cerca del 56,5% de sus ingresos eran transferidos al Estado central. Oporto dice que esto dio como resultado que las empresas de Comibol perdieran capacidad para reinvertir y se descapitalizaran; se agotaran los antiguos yacimientos y no se repusieron las reservas previo proceso de exploración. Nunca se incorporó una mina nueva a la producción minera, y todas fueron heredadas de los antiguos "barones del estaño", a esto se debe añadir el hecho de que los precios altos de minerales a nivel internacional no compensaron las pérdidas acumuladas.
El sociólogo dice que a este panorama se debe añadir el factor político, es decir que "Comibol se convirtió desde un inicio en un campo de disputas rentistas". Según el libro, las disputas estaban dadas por el "poder sindical" con tuición de veto y el "poder político" que veía en la entidad a su "caja de caudales".
Los autores explican a esta situación como enmarcada dentro del "capitalismo político" que funciona bajo intereses políticos y una lógica de captura de las rentas de los recursos naturales, una lógica opuesta al "capitalismo competitivo" con sus reglas ancladas en el mercado y la generación de riqueza.
La minería estatal en la actualidad presenta un panorama distinto en el detalle, pero similar en la mirada macro. "La minería está en situación complicada, tiene concesiones en más de 300 mil hectáreas pero ni el 10% son trabajadas", dice Oporto. A nivel institucional se puede ver que en el lapso de ocho años, la Comibol ha tenido seis presidentes y sólo en el último año tuvo tres, lo que se complementa con un "cuoteo de poder" entre sindicatos, dirigentes políticos y las cooperativas en puesto del Ministerio de Minería, viceministerios y las propias empresas.
Oporto deja algunas preguntas para continuar estudiando el tema: ¿será posible neutralizar el capitalismo político y el poder del corporativismo rentista?, ¿puede solucionarse este panorama a través de un nuevo proyecto de ley?
El estudio "¿De vuelta al Estado minero?" fue editado por Henry Oporto, y tiene las firmas de Jorge Espinoza, Rubén Ferrufino, Dionisio Garzón y Héctor Córdova, además del respaldo de Fundación Pazos Kanki que el año pasado publicó "Los dilemas de la minería" sobre la discusión acerca de la baja competitividad de la minería boliviana y la falta de inversiones.
Al momento de presentar este libro, Oporto explicó que todavía no existe un balance completo acerca de la nacionalización de las minas como proceso iniciado en 1952, aunque se adelantó a plantear que esa política "tuvo mucho de mito y los resultados más bien son bastante frustrantes". La información compartida por el sociólogo es que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) vivió en "déficit crónico" desde el inicio de la nacionalización por el pago que tuvo que hacer a los "barones del estaño" o sus antiguos dueños.
Otros datos muestran que dos de cada tres trabajadores eran burócratas (no obreros), la pulpería llegó a representar el 66% del costo laboral. "Catavi en 1985 tenía costo de producción de 38,6 dólares por libra fina de estaño, pero el precio internacional de venta del estaño estaba en 5,41. Esto quiere decir que ésta era una mina, Catavi era una de las más grandes en ese tiempo, que trabajaba a perdida, tenía un enorme déficit que tenía que ser cubierto por el Tesoro General de la Nación", dijo Oporto. La incidencia negativa identificada es, según los autores, que el Estado vio en la minería nacionalizada la "caja de caudales a la que había que tomarle la mayor parte de sus ingresos".
En realidad los sueldos de todo el país estaban sustentados por la minería y cerca del 56,5% de sus ingresos eran transferidos al Estado central. Oporto dice que esto dio como resultado que las empresas de Comibol perdieran capacidad para reinvertir y se descapitalizaran; se agotaran los antiguos yacimientos y no se repusieron las reservas previo proceso de exploración. Nunca se incorporó una mina nueva a la producción minera, y todas fueron heredadas de los antiguos "barones del estaño", a esto se debe añadir el hecho de que los precios altos de minerales a nivel internacional no compensaron las pérdidas acumuladas.
El sociólogo dice que a este panorama se debe añadir el factor político, es decir que "Comibol se convirtió desde un inicio en un campo de disputas rentistas". Según el libro, las disputas estaban dadas por el "poder sindical" con tuición de veto y el "poder político" que veía en la entidad a su "caja de caudales".
Los autores explican a esta situación como enmarcada dentro del "capitalismo político" que funciona bajo intereses políticos y una lógica de captura de las rentas de los recursos naturales, una lógica opuesta al "capitalismo competitivo" con sus reglas ancladas en el mercado y la generación de riqueza.
La minería estatal en la actualidad presenta un panorama distinto en el detalle, pero similar en la mirada macro. "La minería está en situación complicada, tiene concesiones en más de 300 mil hectáreas pero ni el 10% son trabajadas", dice Oporto. A nivel institucional se puede ver que en el lapso de ocho años, la Comibol ha tenido seis presidentes y sólo en el último año tuvo tres, lo que se complementa con un "cuoteo de poder" entre sindicatos, dirigentes políticos y las cooperativas en puesto del Ministerio de Minería, viceministerios y las propias empresas.
Oporto deja algunas preguntas para continuar estudiando el tema: ¿será posible neutralizar el capitalismo político y el poder del corporativismo rentista?, ¿puede solucionarse este panorama a través de un nuevo proyecto de ley?
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