Un estudio sobre el devenir de la minería nacionalizada en el país plantea que existe un "déficit crónico" del sector desde sus inicios, atribuido a un alto nivel de empleo, a la subvención de las pulperías para los mineros y a la burocratización política de su administración. El coordinador del estudio Henry Oporto propone que un poder sindical y otro poder cooperativista estrangulan a la minería nacionalizada.
El estudio "¿De vuelta al Estado minero?" fue editado por Henry Oporto, y tiene las firmas de Jorge Espinoza, Rubén Ferrufino, Dionisio Garzón y Héctor Córdova, además del respaldo de Fundación Pazos Kanki que el año pasado publicó "Los dilemas de la minería" sobre la discusión acerca de la baja competitividad de la minería boliviana y la falta de inversiones.
Al momento de presentar este libro, Oporto explicó que todavía no existe un balance completo acerca de la nacionalización de las minas como proceso iniciado en 1952, aunque se adelantó a plantear que esa política "tuvo mucho de mito y los resultados más bien son bastante frustrantes". La información compartida por el sociólogo es que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) vivió en "déficit crónico" desde el inicio de la nacionalización por el pago que tuvo que hacer a los "barones del estaño" o sus antiguos dueños.
Otros datos muestran que dos de cada tres trabajadores eran burócratas (no obreros), la pulpería llegó a representar el 66% del costo laboral. "Catavi en 1985 tenía costo de producción de 38,6 dólares por libra fina de estaño, pero el precio internacional de venta del estaño estaba en 5,41. Esto quiere decir que ésta era una mina, Catavi era una de las más grandes en ese tiempo, que trabajaba a perdida, tenía un enorme déficit que tenía que ser cubierto por el Tesoro General de la Nación", dijo Oporto. La incidencia negativa identificada es, según los autores, que el Estado vio en la minería nacionalizada la "caja de caudales a la que había que tomarle la mayor parte de sus ingresos".
En realidad los sueldos de todo el país estaban sustentados por la minería y cerca del 56,5% de sus ingresos eran transferidos al Estado central. Oporto dice que esto dio como resultado que las empresas de Comibol perdieran capacidad para reinvertir y se descapitalizaran; se agotaran los antiguos yacimientos y no se repusieron las reservas previo proceso de exploración. Nunca se incorporó una mina nueva a la producción minera, y todas fueron heredadas de los antiguos "barones del estaño", a esto se debe añadir el hecho de que los precios altos de minerales a nivel internacional no compensaron las pérdidas acumuladas.
El sociólogo dice que a este panorama se debe añadir el factor político, es decir que "Comibol se convirtió desde un inicio en un campo de disputas rentistas". Según el libro, las disputas estaban dadas por el "poder sindical" con tuición de veto y el "poder político" que veía en la entidad a su "caja de caudales".
Los autores explican a esta situación como enmarcada dentro del "capitalismo político" que funciona bajo intereses políticos y una lógica de captura de las rentas de los recursos naturales, una lógica opuesta al "capitalismo competitivo" con sus reglas ancladas en el mercado y la generación de riqueza.
La minería estatal en la actualidad presenta un panorama distinto en el detalle, pero similar en la mirada macro. "La minería está en situación complicada, tiene concesiones en más de 300 mil hectáreas pero ni el 10% son trabajadas", dice Oporto. A nivel institucional se puede ver que en el lapso de ocho años, la Comibol ha tenido seis presidentes y sólo en el último año tuvo tres, lo que se complementa con un "cuoteo de poder" entre sindicatos, dirigentes políticos y las cooperativas en puesto del Ministerio de Minería, viceministerios y las propias empresas.
Oporto deja algunas preguntas para continuar estudiando el tema: ¿será posible neutralizar el capitalismo político y el poder del corporativismo rentista?, ¿puede solucionarse este panorama a través de un nuevo proyecto de ley?
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