61 años de la nacionalización de las minas: Bolivia un país minero sin reglas claras para su producción

Por supuesto que en más de seis décadas pudieron consolidarse los planes más ambiciosos de la minería nacional y sin embargo tras varios intentos de "posesionar" al sector como punta de lanza del desarrollo nacional simplemente se han logrado algunos cambios en sistemas administrativos con el paso de algunas minas de ciertas manos a eventuales dueños y de estos a otros propietarios, pero sin concretarse avances prácticos que hagan de la minería el sostén de la economía nacional.

En más de medio siglo de incesante actividad minera se ha mantenido la explotación de yacimientos tradicionales, la mayoría de los que se encuentran bajo el rubro de "minería estatal", algunos que por su potencialidad de reservas siguen siendo de importancia capital para generar riqueza y mantener vigentes miles de empleos, el caso de Huanuni y Colquiri y algunas otras minas de la Comibol que todavía rinden pero cuyo agotamiento paulatino está propiamente determinado en función de tiempo y volumen de las operaciones.

La minería privada, mediana y chica han pasado por importantes procesos y hay muy pocas inversiones que subsisten como tales, el caso de San Cristóbal que tardó más de diez años para entrar en fase productiva con una millonaria inversión extranjera, que menos mal persiste y alimentará con su producción la planta de Karachipampa.

Hay otros emprendimientos que igualmente son de larga data como San Vicente, San Bartolomé, o el caso del Cerro Rico todas en Potosí, más el proyecto Manquiri y el perfil de lo que puede ser más adelante Mallku Khota. En el caso de Oruro, tras el boom de Inti Raymi en Kori Kollo y todavía en una fase de menor escala Kori Chaka, no hay otros emprendimientos debido a que no existen las condiciones apropiadas para atraer capitales y garantizarlos.

El tema de las nacionalizaciones resulta un impedimento para la atracción de empresas mineras como sucede con países vecinos en los que han asentado sus capitales grandes inversionistas de la minería, el caso de Chile, Argentina y el Perú, donde giran en torno a la minería millones de dólares que bajo claras reglas de juego se convierten en factores que mueven la economía general de esos países, asegurando miles de empleos y buen retorno financiero.

Sesenta y un años de la nacionalización de las minas, episodio revolucionario que cambió la historia, que según los pensadores políticos significó recuperar nuestras riquezas y ponerlas a disposición del pueblo. Una época especial de esa nueva minería produjo utilidades que sirvieron para el crecimiento nacional, particularmente del oriente, se construyeron caminos y se asfaltó una vía troncal que permitió el despegue de la zona oriental, aunque no precisamente del occidente donde se explotaba la riqueza minera.

Nacionalizadas las minas y con periodos especiales se alcanzaron ciertos objetivos, entre estos la creación de la Corporación Minera de Bolivia, (Comibol), que si bien no alcanzó a definir su estrategia productiva, en alguna época fue un botín político y los beneficios de la minería saciaron el apetito de algunos políticos que no tuvieron criterio para fortalecer una empresa que aún en el tiempo presente sigue a la deriva y aunque se sugirió cambiarle el nombre, aún no se habla de su estructura para dinamizar la gran minería nacional.

Regía un Código Minero, pasó por algunos cambios, pero determinaba ciertas funciones de los sectores mineros, el instrumento no fue derogado, eso se dice, pero frente al "desuso" en que se encuentra se dicta las llamadas "leyes cortas" y se hace aplicaciones especiales en el manejo de un sector que por su importancia estratégica necesita de leyes adecuadas al buen uso de la riqueza minera, hasta el momento el segundo rubro importante generador de divisas para el Erario Nacional y que con una estrategia de avanzada tecnológicamente agresiva y adecuadamente financiada puede estar al mismo nivel de los hidrocarburos y especialmente del gas. Entiéndase entonces la importancia de este sector para su cuidadoso tratamiento y la definición de políticas que más allá de las nacionalizaciones y re-nacionalizaciones, seguirá siendo nutriente particular de la economía boliviana, bajo la forma que el hecho político de la coyuntura le asigne responsabilidades para beneficiar al país y a su población.

El factor humano seguirá siendo elemento insustituible en la actividad minera, su participación en el futuro de la producción material de nuestras riquezas debe enmarcarse a las leyes de protección que cuidan al sector como parte material de un proceso de alta significación social, en igualdad de condiciones, con responsabilidades afines y beneficios similares. La minería a partir de una nueva ley y en un nuevo periodo, debe amoldarse a las contingencias del tiempo actual y no a circunstancias de eventualidad política.