Son las seis de la madrugada y en la frontera con Perú la advertencia sólo se repite una vez. “¡No saque fotos!, le van a quitar la cámara”, alerta Francisca Laruta, una compradora peruana de oro, mientras pesa en una pequeña balanza electrónica el metal que un minero boliviano acaba de venderle en la feria de productos de Chejepampa, en el municipio de Pelechuco, a 400 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Han pasado minutos desde que ese “mercado negro” se instaló en la pampa altiplánica del norte paceño, a dos kilómetros del centro aurífero de Suches y casi en las faldas de la cordillera Real, donde los traficantes de minerales sólo se rigen por la ley de la oferta y demanda. Es el punto de origen del “contrabando hormiga” de oro a la nación vecina, que se alimenta de gramo en gramo y gracias a la explotación realizada por las más de 30 cooperativas que operan en los ricos parajes de la provincia Franz Tamayo.
“Muy bien, esto es… Bs 340 (el gramo), menos los Bs 15 del fundido serían Bs 325”, añade Laruta, y después alcanza tres billetes de Bs 100, otro de Bs 20 y una moneda de Bs 5 a su cliente (ver video y audio en www.la-razon.com). La escena se repite una y otra vez en ese sector donde la fiebre aurífera no solamente ha traído bonanza económica, sino inseguridad para los pobladores, sobre todo aquellos relacionados con la actividad metalúrgica: desde 2010 se registraron seis atracos y murieron tres personas a manos de mafias que asaltan flotas en pos del metal (leer nota de las páginas 8 a la 11).
Este periodista se convierte, por un momento, en trabajador de los socavones y ofrece el producto dorado traído por un pelechuqueño. Es la única manera de acceder a información y pasar desapercibido en este mundo al que arriban centenares de bolivianos con sus gramos de oro para venderlos, porque el Estado y su Empresa Boliviana de Oro aún no pueden instalar una agencia de compra, precisamente por la falta de seguridad, de acuerdo con el coordinador de la firma estatal, Víctor Patiño.
Mientras esperan ello, los mineros prefieren hacer negocios con los rescatistas peruanos. “Sí, yo vengo a Chejepampa porque es preferible venderles a ellos que viajar a La Paz”, admite el pelechuqueño Rubén Álvarez, al referirse a las más de diez horas de viaje en bus hasta la urbe —que implica un gasto de al menos Bs 80 en la ida y la vuelta—, donde cada gramo del metal se cotiza en Bs 350. Así expuesto, opta por aceptar los entre Bs 325 y Bs 340 que le pagan los comerciantes fronterizos.
En julio de 2010, cuando el Comando Conjunto Andino, junto a la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), intervinieron la explotación aurífera ilegal en este alejado rincón paceño, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, develó que el Estado pierde $us 150 millones al año en impuestos por este asunto. Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), comenta que esa cifra “no estaría lejos de la realidad”.
Más todavía, Córdova revela que durante su gestión (de septiembre de 2011 a septiembre de este año) y después de consultas con una comercializadora de la ciudad estadounidense de Miami que adquiere el mineral boliviano, se determinó que “más de 50% del oro de Bolivia se iba al contrabando”. No se atreve a precisar qué porcentaje del total se desvía a Perú; no obstante, mineros de Pelechuco afirman que es el principal destino.
De acuerdo con datos del Ministerio de Minería y de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, la producción del metal precioso en el territorio nacional llegó en 2011 a 6.513 kilos finos, o sea 6,5 toneladas (una tonelada tiene 1.000 kilos); el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Ferreco), Edmundo Polo, informa que los yacimientos del norte proveen 2,5 toneladas anuales al guarismo total. Y si se toma como parámetro los cálculos oficiales, más de tres toneladas van a parar al “mercado negro”.
En Chejepampa, un río de tres metros de ancho fija la línea fronteriza entre Perú y Bolivia. Dos largas filas resaltan en la feria de productos, sobre todo bolivianos, que se realiza cada viernes por la mañana: una de camiones F-12 y camionetas Toyota Hilux 2012 que pertenecen, en su mayoría, a cooperativistas; y la otra, compuesta por medio centenar de compradores bien abrigados que detrás de pequeñas mesas en las que sobresalen lámparas, calculadoras y balanzas electrónicas, funden y pesan el oro que los bolivianos trasladan al lugar, para después internarlo a su país.
El tumulto se congrega desde las 06.00 y desaparece a las 09.00. No solamente se vende mineral, sino litros y litros de gasolina y diésel subvencionados por el Estado, junto a garrafas de gas licuado de petróleo (GLP); otros lugareños ofertan lana de alpaca. Todo esto ante la presencia de un policía y cuatro militares, a pesar de que la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza —que creó la Ademaf— prohíbe el contrabando de estos hidrocarburos y de cualquier recurso natural, y faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas a que los incauten en flagrancia, incluso en operativos sin presencia de la Fiscalía.
Cada uno de los 50 puestos peruanos puede comprar hasta 10 gramos por hora del metal dorado, es decir, en conjunto llegan a mover hasta Bs 170 mil en 60 minutos, según la observación del periodista de Informe La Razón. “Hay personas que venden más de 10 gramos (comercio que le generaría hasta Bs 3.400 de ingresos), traen hasta 100 gramos (lo que le proveería hasta Bs 34 mil)”, relata un trabajador que exprime artesanalmente las vetas que existen en suelo pelechuqueño y que almacenan oro de buena ley o pureza.
Otra es la historia de los mineros medianos del cercano centro aurífero de Suches, donde cada uno puede extraer hasta un kilo (1.000 gramos) por semana, ya que poseen, mínimamente, una retroexcavadora y un camión F-12 para explotar y dragar el río del mismo nombre. “En 2005, la inscripción para entrar a una cooperativa de Suches era de $us 5.000 y ahora dicen que es $us 20 mil”, confiesa un joven que opera en Pelechuco, población en cuyos cerros se puede hallar, con suerte, uno o dos gramos a la semana.
El dirigente de la Central de Cooperativas Auríferas de Pelechuco, Rodolfo Solórzano, sostiene que los rescatistas peruanos de Chejepampa entregan el metal conseguido a una comercializadora grande en su territorio, que les paga aproximadamente Bs 350 por gramo. O sea, ganan Bs 10 por gramo en bruto. No obstante, igualmente existen acopiadores que vuelven a internar ilegalmente el producto a Bolivia, para ofrecerlo a rescatistas y/o joyerías de la urbe de La Paz.
Fiscalización. Hace dos años la Ademaf, el Ministerio de Minería, la Comibol y las Fuerzas Armadas realizaron cuatro operativos en áreas auríferas del río Suches (La Paz), el río Orton y la serranía de San Simón (Beni y Pando), y San Ramón en Santa Cruz e incautaron barcazas, retroexcavadoras y camiones a empresas comercializadoras ilegales. Las redadas desnudaron que ciudadanos extranjeros “extorsionaban” a bolivianos para quitarles tierras y realizar en ellas actividades como la explotación ilícita del mineral.
El director de la Ademaf, Jerjes Mercado, informa que este año se organizó un taller de concienciación sobre el tema en el poblado de Pelechuco y se instaló una guarnición militar en Suches, pero no hubo más batidas. “Suches es más complejo, allí correspondería hacer una intervención multisectorial con una coordinación binacional”. Además, a pesar del esfuerzo estatal, y por falta de logística, el oro sigue emigrando ilegalmente hacia Perú y Brasil de las cuatro “zonas rojas” de La Paz, Pando, Beni y Santa Cruz, citadas anteriormente.
Polo explica que los rescatistas brasileños del metal en San Ramón compran cada gramo en Bs 350 y lo venderían en su nación, mínimamente, entre Bs 360 y Bs 370. Un reporte de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) ratifica que en esa localidad, los forasteros alquilan tierras, sacan el oro y lo contrabandean sin pagar impuesto alguno. Y también en Santa Cruz, en Puerto Quijarro, Mercado subraya que se puso restricción a la salida ilícita de piedras semipreciosas.
Un estudio en la página web del Centro de Documentación e Información Bolivia determina que de los tres tributos que deben cancelar los sectores mineros (estatal, privado y cooperativista) que operan en el país, los cooperativistas sólo contribuyen con la regalía minera, pero no con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y con la alícuota adicional al IUE. A la par, el anteproyecto de Ley de Cooperativas elaborado entre este bloque y el Gobierno, plantea eximir a estas asociaciones del pago de impuestos y tasas por dos años tras la otorgación de su personería jurídica.
En el norte paceño, cooperativistas no descartan cumplir sus obligaciones impositivas con el Estado. “Queremos pagar regalías, pero el Gobierno tiene que poner su oficina de compra de oro en Pelechuco”, reclama Jesús Álvarez, dirigente de la mina Rayo Rojo, que cuenta con licencia ambiental y emplea a 66 obreros. A metros de él, Serafín Bravo, padre de cinco hijos y minero desde muy joven, se molesta cuando se le pregunta por qué venden el metal en Chejepampa. “No es contrabando, tenemos que mantener a nuestras familias y no queda otra que entregarlo a los peruanos”.
Comercializadoras. Pequeñas tiendas particulares para la adquisición del mineral se instalaron en los campamentos La Banderani, Rayo Rojo, 25 de Julio, Cerro Hermoso, Flor Nevada, Virgen del Rosario, entre otros, empero, los trabajadores prefieren ofertar su producto en la frontera. Mientras la Empresa Boliviana de Oro —creada para comprarles el metal y comercializarlo al Banco Central de Bolivia— no tiene planes de instalar una sucursal en la región y, por ahora, sólo tiene presencia en San Ramón (Santa Cruz), Riberalta (Beni), y abrirá otra en El Alto.
“No existe contrabando de oro de parte de nuestra producción que se aproxima a las dos toneladas y media por año, y que es vendida en el mercado interno”, aclara el presidente de la Ferreco, quien sostiene que cuando las comercializadoras y tiendas acopian el mineral, sus afiliados asumen que éste es exportado por la “vía correcta, pagando todos los tributos y regalías que corresponden, incluso el Impuesto al Valor Agregado que finalmente es devuelto con los Cedein (Certificados de Devolución de Impuestos)”.
Polo sentencia que si se saca oro del territorio nacional vulnerando la ley, eso ya no atañe a los cooperativistas, sino a los rescatistas. No obstante, Rosario Tapia, especialista de Lidema, afirma que en la minería informal el contrabando es moneda corriente. “La idea es evadir impuestos y se lo hace de manera socapada. Nadie dice: Estamos sacando oro”. Y si el Estado perdería hasta $us 150 millones al año por el contrabando, según cálculos oficiales de hace dos años, esta cifra se elevaría a $us 400 millones si se toma en cuenta al metal que es explotado en los restantes departamentos del país.
En el debate, Polo se queja de que los miembros de la Ferreco no reciben un pago correcto porque el Ejecutivo todavía no tiene la capacidad de regular el mercado boliviano de este mineral. Paralelamente, admite que gran parte de las comercializadoras con las que trabajan “recién están formalizando su actividad, antes no estaban ni registradas en el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales), ni en el Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales), entonces asumimos que una parte del oro salía vía exportación y otra, tal vez, vía contrabando”.
Mediante correo electrónico, el Senarecom informa que controla la comercialización interna a través de operativos efectuados junto a la Comibol, a parte de la exportación de minerales y metales, pero que no maneja datos de la salida ilegal de éstos hacia otras naciones, ya que aquello es tuición de la Aduana. Mientras que el Ministerio de Minería y la Comibol, pese a reiterados pedidos de este medio, no brindaron información sobre este asunto.
Pero hay otro fenómeno que preocupa a los mineros. Así como el oro boliviano se desvanece en los límites con Perú, ahora igualmente se interna ilícitamente este metal de la nación vecina. “Hay mucho oro peruano y afecta al que extraen nuestros cooperativistas”, menciona Roberto Tantani, dirigente de los artesanos y joyeros de la calle Tarapacá, cerca de la plaza Garita de Lima en la ciudad de La Paz.
Si hasta hace unos meses la producción anual del metal precioso llegaba a entre seis y siete toneladas, ahora se estaría obteniendo esa misma cantidad en un mes, por este “contrabando a la inversa”. “En Perú pusieron normas rígidas a los mineros que no están registrados, por lo que prefieren meter su oro a Bolivia porque no hay control y no pagan regalías, tributo alguno, y ese mismo oro que es adquirido por nuestras comercializadoras está saliendo hacia los mercados de Estados Unidos, fundamentalmente”, denuncia Polo.
Tantani plantea, a la par, que los peruanos que compran el mineral por gramos en la feria de Chejepampa, lo convierten en lingotes y, luego, lo introducen a suelo boliviano. Este problema que ha surgido recientemente ha desembocado en que federaciones del sector, como la Ferreco y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (Fecoman) de La Paz, y auríferos de Pando, Santa Cruz y Beni, soliciten una reunión con el Gobierno para demandar una investigación y que se reglamente la Ley de Compra del Oro por parte del Banco Central.
Trampitas. En el país, de acuerdo con la Fundación de la Alianza por la Minería Responsable, con sede en Colombia, hasta el año pasado al menos 10 mil personas recibían réditos de la extracción del oro, “explotando pequeños depósitos en condiciones extremadamente severas, de forma muy precaria y causando un fuerte impacto ambiental”. En la provincia Franz Tamayo existen más de tres decenas de cooperativas que se dedican a esta labor que ha renacido gracias a los buenos precios en el mercado internacional.
Muchos de los mineros de estas asociaciones se dan cita cada viernes en Chejepampa para comercializar su producto, aunque no siempre es la mejor decisión. “¡Nos hacen pues una trampita!, porque después de fundir el oro, así caliente lo pesan en la balanza y, claro, pesa menos y por ese peso nos pagan menos dinero”, se queja un pelechuqueño. Y eso quizás le pasó a este periodista cuando le entregó un gramo y medio del mineral a la compradora peruana Francisca Laruta, quien remarcó que sólo se trataba de un gramo y que, aparte, “estaba sucio”. Es la ley que rige en la mayor feria del contrabando de oro boliviano en la frontera con Perú.
Dinero y consumo de alcohol, causas de problemas familiares
La bonanza traída por la explotación y el buen precio del oro, tiene sus efectos colaterales. La alcaldesa de Pelechuco, Delia Valencia, señala que en los cantones de Suches, Antaquilla y Juntu Tuyu, sobre todo, donde existen campamentos mineros, el dinero y el consumo de alcohol están provocando el desmembramiento de familias jóvenes. “Es un problema que se suma a la inseguridad ciudadana”.
Han pasado 20 minutos de las nueve de la mañana en Chejepampa, al norte de La Paz. La mayor feria del contrabando de oro y de otros productos bolivianos en la frontera con Perú recoge sus últimos toldos para que comerciantes y mineros, junto a sus pequeños, emprendan el retorno a sus comunidades. Las flotas rebalsan y, en varias de ellas, mineros de corta edad comienzan una fiesta tras haber comercializado los gramos del mineral que consiguieron en una semana.
“Aquí no invitamos dos cervezas. ¿No ve? Por eso te invito dos cajas… ¡Tomá!”, desafía un muchacho a otros tres cooperativistas de su edad, mientras saca un billete de Bs 200 de uno de sus bolsillos. Momentos después y con una radio a todo volumen, la celebración en el bus se calienta al ritmo de la música huaycheña y un compilado de canciones del cumbiero chileno Américo. Los demás pasajeros parecen acostumbrados a la escena.
En los controles militares de las localidades de Antaquilla y Ulla Ulla, los uniformados observan el motorizado, pero no suben. Únicamente en Achacachi los soldados entran a los colectivos para verificar que no hayan bidones con gasolina que puedan ser trasladados a Perú. Mientras los jóvenes mineros calman su sed con litros de cerveza, y sus esposas y niños están más preocupados en contar una y otra vez billetes de Bs 100 y Bs 200, que sus progenitores les obsequiaron.
Costumbre. En el municipio pelechuqueño los trabajadores de los socavones cumplen una costumbre: gastan lo ganado en bebidas alcohólicas. De rato en rato, se oye: “¡Salud!, ¡salud!”, ante la mirada silente de los viajeros, el chofer y el ayudante. Todos los viernes es lo mismo porque hay obreros que comercializan hasta 10 gramos de mineral en la jornada, lo que implica Bs 3.400 de ganancias tras su parada en Chejepampa.
Un maestro de Antaquilla comenta que “cuando estos muchachos venden su oro, siempre pasa esto. Toman y sus wawas así nomás les dejan. El oro es bueno, pero también trae estas cosas”, opina, con un rostro de resignación. El problema es que las copas, generalmente, terminan en casos de violencia familiar y en la separación de las familias, tal como observa la alcaldesa Delia Valencia.
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