Las exportaciones mineras del Perú son 7 veces y las de Argentina más de 4 veces mayores que las de Bolivia, son los datos que brindó el exministro de minería, Dionisio Garzón y que están reflejados en el libro "Dilemas de la Minería", del que es coautor.
"En el peculiar contexto político y económico (de Bolivia), el valor de la producción minera exportable que se incrementó en los últimos años por los espectaculares precios de los metales en el mercado internacional, alcanzó en la última gestión un valor de 3.448 millones de dólares, bajo, si se compara con el de países de la región de tradición minera como Perú que superó los 26.000 millones y también con países de reciente ingreso a la minería mundial como Argentina que con su producción minero-industrial pasó los 16.000 millones", indicó la exautoridad.
Asegura que más de medio siglo de historia minera no ha sido suficiente para estructurar el sector productivo más importante de los siglos precedentes, una fuerte injerencia política ha marcado su transitar oscilante de posiciones liberales con fuerte impulso al sector productivo empresarial privado a posiciones nacionalistas y socialistas donde el Estado trata de recuperar el control de la producción y en el último tiempo la emergencia de dos grupos corporativos que luchan por ser actores principales de la producción: los cooperativistas y los pueblos indígena-originario-campesinos.
La nueva constitución, se indica, que privilegia los derechos de estos dos grupos y la nueva Ley Minera que no termina de nacer pero que al parecer fortificará estos derechos, han dado como resultado lo que llamó una "camisa de fuerza" que limita el accionar de operadores, eleva la carga impositiva, disminuye la competitividad del país y aleja inversiones que pretendían desarrollar un privilegiado potencial minero por el que el país es conocido a nivel mundial.
Los años recientes muestran el péndulo otra vez en posiciones nacionalistas y la emergencia de nuevos actores: cooperativistas controlando ya más del tercio del valor de la producción, comunidades tomando minas y reclamando participación y consulta previa y un Estado que parece empeñado en resucitar los viejos proyectos nacionales del pasado siglo.
"Somos testigos de un sector dividido en luchas intestinas por el control de áreas mineralizadas y de la renta minera, con un empresariado temeroso y expectante y sin nuevos emprendimientos a la vista", sostiene Garzón.
Brindó el dato de que las inversiones en exploración superan los 18 billones de dólares a escala mundial, con el 25 por ciento de este total circulando en América Latina, lo que parece no conmover a los bolivianos.
Hay muy poco avance de los proyectos estatales, Salar de Uyuni, Corocoro, Mutún y prácticamente nula exploración privada en el país.
Argentina invirtió en exploración 2,5 billones en 2011, Perú 7 billones en la presente gestión, "este panorama es desalentador y parece indicar que otra vez, perderemos el tren de la historia y los beneficios de un mega ciclo de precios espectaculares de los metales que muy difícilmente se repetirá".
La inserción a la moderna revolución tecnológica que vivimos, debiera darse por los senderos de una verdadera institucionalización de los actores estatales Comibol, Sergeotecmin, Instituto Minero Metalúrgico y el Ministerio del ramo; una adecuada legislación que permita el financiamiento adecuado de estas instituciones y la planificación del sector a 20 y 50 años que viabilice, sin dejar los esfuerzos actúales, la inserción del país a la minería de los metales tecnológicos (platinoides, tierras raras, grafito, tantalio, litio, potasio y otras sales industriales) cuya presencia en la geología de estas tierras ha sido determinada hace medio siglo, son las recomendaciones que hace Garzón.
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