El tiempo pasa inexorable y mantener sólo expectativas en el potencial minero de la Nación sin tomar medidas reales y prácticas para convertir la minería en el sector productivo más importante, luego de los hidrocarburos que se colocan en el primer sostén de nuestra economía, se deja muy clara la figura de que en materia de extracción de recursos naturales no renovables la minería ocupa el segundo lugar y merece que el Gobierno le ponga su sello de garantía, es decir su impronta en el tiempo presente.
Hasta el presente y sólo hablando de la gestión gubernamental que comenzó seis años atrás, se continúa hablando del desarrollo de proyectos sustentables y resulta que funcionan algunos en el rubro de hidrocarburos no sin algunas trabas y lógicos contratiempos que tienen que ver directamente con los cupos de exportación de gas a los mercados del Brasil y la Argentina, pero además la urgencia de cubrir la demanda interna y como se ha visto recientemente poder impulsar también la parte delicada de la industrialización minera, caso de la implementación de una planta siderúrgica en el Mutún cuya demanda aún no ha sido comprometida en los volúmenes requeridos.
El otro recurso natural –no renovable– es el minero y su promedio de venta al exterior en algunos meses se aproxima y hasta iguala a la obtención de divisas vía gas y petróleo, sin embargo, recibe mucho menos aliciente financiero y por tanto desde los pequeños emprendimientos, pasando por los medianos y con cálculo especial para los mega proyectos los recursos estatales no siempre podrán cubrir las expectativas de tener una poderosa minería.
El asunto se complica mucho más si analizamos lo que sucede de un tiempo a ésta parte con más de un centenar de hechos tipificados como avasallamiento han alterado las actividades de la minería privada, lo lamentable es que apenas un mínimo porcentaje de los hechos ilegales han sido atendidos, la mayoría se mantienen con irregular e implícito reconocimiento de autoridades, que en han optado por manejar la figura de la "reversión" o mejor aún de la nacionalización de propiedades mineras, pero sin justificar tal posición con un adecuado arreglo que pueda resarcir los perjuicios ocasionados a empresarios nacionales porque en el caso de empresas externas, las cosas tienen otro cariz, pues las indemnizaciones tendrán que pagarse sí o sí y de acuerdo a los daños que ocasionen los cambios "revolucionarios", como sucederá con el caso Colquiri y Sinchi Wayra y seguramente con la reversión de Mallku Khota, en ambos casos con poderosas empresas financiadoras en la actividad minera mundial. Todavía no se sabe cuánto, pero seguro que también deberá disponerse recursos del Estado para arreglar el entuerto del Mutún, especialmente si se va la Jindal.
Quedan interrogantes en torno al otro macro proyecto minero que avanza de manera incipiente, con algunas observaciones y contradicciones dejando más dudas que aciertos sobre su real implementación. Es el caso de la explotación del litio en los salares de Uyuni y Coipasa. Se habló del desarrollo de un proyecto piloto que fue financiado con recursos estatales para establecer una planta piloto cuyo objetivo debía ser –si vale el término– el descubrimiento de una fórmula "originaria boliviana" para obtener mayores beneficios en el tratamiento de las salmueras y en la obtención de litio.
Repetidas veces las autoridades del proyecto de recursos evaporíticos han insistido en mostrar una cara del proyecto, atribuyendo sus decisiones a la necesidad de contar con una impronta nacional. Parecía muy bien que se avance en esa dirección. Sin embargo, la otra cara del asunto nos muestra que el quinto día de este mes se informó sobre la suscripción de un contrato de riesgo compartido entre los representantes de Bolivia y Corea del Sur para el establecimiento conjunto entre las partes de "una planta piloto de investigación de materiales catódicos".
El convenio señala una participación igualitaria del 50 % entre las partes en lo que corresponde a inversión, aproximadamente de entre dos a tres millones de dólares. Corea se compromete a capacitar y entrenar personal boliviano en las áreas de ciencia, tecnología, procesos de producción de materiales catódicos específicamente para baterías de ión litio.
Por supuesto que la firma del convenio es un paso importante en los planes de nuestro Gobierno hacia la industrialización del litio para ingresar a corto y mediano plazo en la fase de exportación de ese requerido material y competir en el mercado internacional con los países productores de litio. Queda alguna duda sobre la suerte de otros países y empresas que también mostraron su interés en el litio boliviano, caso del Japón que hizo alguna inversión con fines exploratorios, no menos preocupados deben estar empresarios chinos. Esos algunos aspectos que deberían ser aclarados para saber sin dudas hacia dónde avanza el proyecto del litio en nuestro país.
La minería requiere de ciertas condiciones de seguridad jurídica, garantías en las inversiones para desarrollar planes de exploración y explotación de los yacimientos que fuesen encomendados en base a concesiones seguras y debidamente respaldadas por el Gobierno a través de sus respectivas instancias, en el caso específico el Ministerio de Minería y la Comibol.
Estamos avanzando en el segundo semestre del año en curso y aún se sigue discutiendo en torno al proyecto de la nueva ley minera, instrumento que de una vez debería ser aprobado para que se cumpla la impronta minera del Gobierno, asegurando su implementación y desarrollo con fines productivos de alta rentabilidad.
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