Parecería que todo está dicho y hecho en lo que corresponde al contrato entre el Gobierno boliviano y la empresa india Jindal Steel & Power, que plantearon sus condiciones y presionaron de manera recíproca en el cumplimiento o el acatamiento de las mismas, sin dar brazo a torcer, por lo menos eso se rescata después de prolongadas gestiones y no menos largas reuniones de diálogo.
Para los entendidos y que hacen seguimiento del tema, parecería que en ambos casos había predisposición para "terminar" las relaciones, pues ya eran visibles las diferencias de criterios sobre la posibilidad de continuar con un contrato aún vigente, pero que fue incumplido por ambas partes en mayor o menor proporción, pero sin que tales actitudes sean reconocidas de manera explícita por las partes en pugna.
LAS CONDICIONES
Una de las condiciones que planteó el Gobierno a la Jindal era que la empresa hindú deposite en un banco acreditado en el país, la suma de 2.100 millones de dólares, como prueba de que tiene el suficiente respaldo para cumplir con las inversiones propuestas. Los ejecutivos de la Jindal rechazaron tal posibilidad y plantearon a su vez que los procesos penales que sigue el Ministerio Público en contra de sus personeros fueran suspendidos, a lo que el Ministro de Minería señaló que se trata de otra jurisdicción y otra gestión a tiempo de explicar con relación a otro pedido de la Jindal sobre la reposición de la boleta de garantía de 18 millones de dólares, que al haber sido ya ejecutada por incumplimiento de los hindúes, que no la renovaron en la primera semana de mayo último, no corresponde su reposición.
Hay algo más en materia de condiciones, el ministro de Minería señaló que se esperaba que la empresa (Jindal) concluya de manera directa la negociación con YPFB en torno al volumen de suministro de gas para encarar el proyecto siderúrgico. La Jindal, quiere un compromiso sobre el tema de manera directa por parte del Gobierno, pues de 10 millones de metros cúbicos por día que pide, sólo 2,5 estarían comprometidos en una primera fase sin tiempo fijo.
La controversia entre partes tiene relación con otros dos aspectos, el Gobierno plantea una auditoría a la Jindal, aspecto que no admite la empresa india y replica con un pedido de garantía formal para que sus inversiones no sean nacionalizadas en el país, ésta última consulta no recibió respuesta de ninguna índole por parte oficial, dejando una enorme duda sobre las políticas que en materia de minería sostiene el Ejecutivo.
REPERCUCIONES
Las reacciones en ambas partes no se dejaron esperar, la empresa Jindal desde su central en Nueva Delhi confirmó que iniciará una demanda contra el Estado boliviano por daños y perjuicios, causados por la recisión del contrato en tanto que el Vicepresidente del país admitió que hubo retraso en la ejecución del proyecto, pero que el mismo seguirá con otras condiciones y se responderá a la Jindal con otra demanda por daño económico.
NUEVA LICITACIÓN
Cuando parece que ya todo está definido el ministro de Minería señala que en el tiempo más breve se dispondrá una licitación, la misma que demorará por lo menos seis meses de acuerdo a normas que exigen las empresas externas en estos casos de proyectos productivos. Sin embargo, los expertos en materia legal y conocedores de las reglas que rigen para las licitaciones internacionales aseguran que un nuevo contrato en tales condiciones podría ser suscrito en un lapso aproximado de dos años, por tanto no puede hablarse de medio año como una salida optimista, pero meramente teórica.
Ya se habla de empresas de la China, Corea del Sur, Italia, Rusia más de diez que estarían a la espera de la nueva licitación, sin embargo, cualquiera que fuera la que se adjudique un nuevo contrato deberá someterse a los plazos legales que son invariables.
La situación planteada por la Jindal, que no fue respondida y que tiene que ver con la garantía y seguridad jurídica que se necesitan para atraer inversiones y aprovecharlas sin alteraciones, tendrá un peso específico en las decisiones de los interesados. Mientras tanto el Comité Cívico de Puerto Suárez está en emergencia y el Gobierno prometió ocupar a la gente afectada en el proyecto de la otra parte del Mutún, bajo control del Gobierno.
Prensa – Agencia Uru.
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