La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) plantea un proyecto de ley corta para tipificar como delito penal los avasallamientos a yacimientos mineros y frenar de esa manera las ocupaciones ilegales.
El presidente de la estatal minera, Héctor Córdova, indicó a Página Siete que las tomas de minas “deberían ser consideradas una traición a la patria, porque la explotación de minerales aporta de forma directa al desarrollo del país y los minerales son de todo el pueblo boliviano”.
Hoy las ocupaciones son ilegales, pero reconoció que “si no se actúa con mano firme, se crea un clima favorable para las tomas”.
El artículo 109 del Código Penal dispone que el boliviano que cometa el delito de traición a la patria “será sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto”. Además, el artículo 111 de la Constitución Política del Estado dispone que “los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra, son imprescriptibles”.
Ayer, en conferencia de prensa, los directivos de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, de la Cámara Nacional de Comercio y de la Cámara Nacional de Industrias manifestaron su respaldo a la aprobación de una ley que frene los avasallamientos.
La Cámara Nacional de Comercio reportó con base en datos de sus empresas afiliadas, que las tomas afectan a 100 complejos mineros operados por empresas privadas. El informe sólo toma en cuenta denuncias formales, pero la entidad cree que “puede ser aún cinco veces mayor”.
Además, calcula que al menos el 50% de los avasallamientos de minas fueron protagonizados por campesinos residentes en los alrededores de los yacimientos y 30% por cooperativistas y el saldo por trabajadores mineros.
Sin embargo, Córdova reconoció que sanciones duras no impedirán más ocupaciones, porque por detrás se encuentran los elevados precios de minerales en el mercado internacional.
En segundo lugar -en su opinión- está el desempleo o la baja remuneración en las fuentes laborales tradicionales en el país.
En junio, cooperativistas avasallaron la mina Colquiri y el conflicto culminó con la reversión del yacimiento de manos de Sinchi Wayra a Comibol; en julio, comunarios tomaron el yacimiento Mallku Khota, donde una empresa privada realizaba actividades de exploración y luego la operación pasó a manos estatales.
La empresa Himalaya sufrió la toma de una de sus operaciones mineras en 2007 y el Estado resolvió su contrato. El último intento de toma se registró esta semana, a la estatal Karachipampa.
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