Si tendría que hacerse una evaluación "por resultados" de la actividad minera en nuestro país, sólo por la última gestión y la media que ya avanza con seguridad que los datos que refleje esa tarea –que sería necesaria– nos llevarían a meditar seriamente sobre el rumbo de este importante sector productivo que lamentablemente, como lo señalan los analistas y expertos, avanza de tumbo en tumbo.
Se carece de una política minero metalúrgica definida y estructurada en base a las potencialidades que tiene el país y que no han sido aún cuantificadas en su justa proporción, ni siquiera las que están en proceso de experimentación y otras todavía en fase de exploración; sólo algunas viejas concesiones siguen dando el material de sus entrañas, pero sin mucha perspectiva por las condiciones en que operarán, más con sentido social que estrictamente técnico y cuyo futuro no es muy esperanzador si el ciclo regular de su explotación será forzado por la urgencia de mucha gente de justificar su presencia en las minas.
Otras condiciones adversas para la minería se comprueban en la falta de la exigida seguridad jurídica, que propiamente quedan minimizadas cuando desde el nivel superior se actúa con sentido "revolucionario" y se arremete contra los inversionistas privados, a sabiendas de la necesidad que tiene el Gobierno de acudir a fuentes externas para lograr apoyo financiero y de orden tecnológico en los futuros emprendimientos mineros.
Lo que sucede en el país en materia de avasallamientos, las movilizaciones de grupos irregulares que toman minas se hacen cargo de equipos, herramientas e inclusive se apoderan de la producción minera en beneficio sectorial, echan de sus viviendas a mineros asalariados y sus familiares y hasta capturan rehenes, como sucedió no hace mucho, es un síntoma muy delicado de que algo malo está ocurriendo en el sector minero y que no puede justificarse vía reversión de concesiones o nacionalización de las minas donde hay conflicto.
Es latente la carencia de reglas de juego que permitan el desarrollo de las actividades regulares de la minería, la falta de normas actualizadas para quienes toman la responsabilidad de disponer capitales y encarar el largo proceso de explorar y llegar luego a la fase de explotación que casi siempre conlleva serios riesgos si no se toman los recaudos necesarios, es parte de un proceso sin garantías que en estos casos se complica mucho más con los factores adversos de la inseguridad jurídica que rige en el país.
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