El gobierno de Bolivia fijó un año para la verificación de la actividad minera con el fin de determinar la reversión o no de los derechos mineros, según el Decreto Supremo 1801 difundido el lunes 25 por Palacio Quemado, sede del Poder Ejecutivo.
La medida legal también instruye a las autoridades del Ministerio de Minería a fijar un cronograma de inspección conjunta con los titulares de las áreas mineras.
En un plazo de 25 días hábiles se definirá la suerte de la concesión de prospección y explotación, según el decreto 1801.
El párrafo primero del artículo cuarto relativo a los términos técnicos de verificación refiere "Trabajos mineros de prospección, exploración y/o explotación realizados en los últimos doce (12) meses".
Personal del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización será el encargado de la verificación bajo criterios técnicos y operativos.
Entre otros criterios técnicos están la exploración subterránea o a cielo abierto; concentración de minerales artesanal, semi mecanizado o mecanizado; existencia de desmontes, colas y carga mineralizada; utilización de maquinaria y equipo, y existencia de campamentos, instalaciones caminos de acceso e infraestructura.
Según datos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), existen unas 7.000 concesiones privadas, estatales y colectivas.
"De esas 7.000 concesiones, unas 2.254 son totalmente privadas. Las empresas privadas (son) por demás conocidas, de todas vamos a recuperar el 70 por ciento de estas inversiones y volverán al pueblo boliviano", precisó en ese entonces, un ejecutivo de la Comibol.
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización publicará trimestralmente el cronograma de las inspecciones, donde se señalará la fecha, hora y lugar del trabajo.
El informe deberá ser emitido hasta 15 días después de la verificación, esté o no el afectado, mientras que la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera tendrá 10 días hábiles, computables a partir de la recepción del informe, para emitir la resolución de reversión del derecho minero.
El decreto reglamenta la Ley de Reversión de Derechos Mineros, promulgada en septiembre pasado, permitirá al Estado recuperar al menos 1.717 de 2.454 concesiones mineras privadas sin el pago de ninguna indemnización.
Las concesiones afectadas abarcan una extensión de más de un millón de hectáreas de tierra.
Los derechos mineros revertidos serán asignados a los distintos actores productivos mineros, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Minero y la nueva Ley de Minería.
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