De la bonanza a la holganza, obligada

Es lo que está sucediendo en el sector del cooperativismo minero que de un buen tiempo de bonanza, pasa ahora a un periodo de holganza…obligada, por lo menos mientras se "asienten" las nuevas medidas dictadas y estas sean asimiladas en el sector por los protagonistas activos que desean enrumbar sus operaciones luego del sacudón que les ha producido el cambio de lineamientos para mantener la estructura de lo que fueron las cooperativas mineras en general que ahora tendrán que aclarar y demostrar sus verdaderas operaciones.

Durante el largo periodo de los precios altos de la mayoría de minerales, los ejecutivos de las cooperativas aprovecharon el auge y sumaron ingresos a sus cuentas personales, mientras el trabajo de extracción de minerales correspondía a una sección "clasificada de socios" con salarios, pero sin beneficios sociales. Sobre esta situación, los propios cooperativistas reconocen el acontecer de los hechos, pero distraen la mirada de observadores, evadiendo responsabilidades de orden social, que no las han querido aceptar y que ahora será una obligación en el futuro de estos negocios.

Este sector de actividad minera, con asociaciones inequitativas ha logrado elevar su posición de control y hasta de cierto dominio político, acomodando sus dirigentes en el Parlamento, en el aparato ejecutivo con un viceministro y otros ubicados en cargos de gobernaciones departamentales, es decir, según los observadores, los "jerarcas cooperativistas" se han beneficiado con muchos privilegios, logrando utilidades muy marcadas, pero no distribuidas correctamente como debería ocurrir en el sistema cooperativo, más bien favorecidos políticamente han ejercido presiones, logrando abrir la mano oficial para la entrega de muchos dólares que no llegaron en igual proporción a los otros productores de la minería nacional.



LA VISIÓN OFICIAL

Recientemente el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, informó que por lo menos unos 100 mil trabajadores mineros que eran dependientes de cooperativistas empresarios pasarán a la Ley General de Trabajo, al amparo de la promulgación de los recientes decretos supremos, que disponen ese tránsito social. Según la autoridad "la medida es trascendental porque incorpora a la Ley a todos los trabajadores bajo cualquier modalidad de trabajo que se efectúe en las cooperativas, como labores eventuales, segundas manos, peones, jornaleros y cualquier otro modo de contratación.

Se aclara que todas las personas que sin ser socias prestan servicios en las cooperativas mineras, independientemente de la modalidad de remuneración, se encuentran protegidas por las leyes vigentes, aspecto que será controlado en adelante, mediante informes de las propias cooperativas y a través de controles que realizarán las autoridades laborales.

LA SITUACIÓN REAL

A propósito de esa situación que ha cambiado el orden de organización interna en las entidades cooperativas, ahora se presenta un fenómeno natural que por supuesto tardará algún tiempo en regularizarse, especialmente por el hecho consecuente a raíz de las medidas y es que, una buena cantidad de las cooperativas están inactivas, han paralizado sus labores y muchos trabajadores están cesantes, esa es la otra cara de la medalla. Además varios dirigentes de las cooperativas, en realidad "cabezas de sector" están fuera de servicio y deberán responder a los procesos que se les inició a raíz de los luctuosos sucesos de Panduro.

En el mismo plano de las cooperativas, los dirigentes de base que han quedado vigentes, exigen que las mismas autoridades judiciales esclarezcan la muerte de cinco cooperativistas, cuyas familias están en desamparo. Al mismo tiempo han señalado su preocupación por ese fenómeno -temporal- de inactividad obligada que deja a mucha gente privada de sus ingresos regulares.

Dirigentes cooperativistas que tienen aún relación con el Gobierno y que estuvieron o están en el desempeño de algunos cargos oficiales o en la Asamblea Legislativa, están buscando un "acercamiento" con las autoridades para iniciar un diálogo que lleve al restablecimiento de relaciones entre partes y se puedan reactivar paulatinamente las actividades de las cooperativas mineras, tras el cumplimiento de una específica recomendación, por decreto, que debe definir la condición de cada cooperativa, enmarcada en las normas del sistema y otras que deberán migrar a la condición de empresas privadas. Una situación que está siendo parte de un lento proceso de aceptación en el numeroso sector de las cooperativas mineras. Se pone en duda que las cooperativas reorganizadas tengan la capacidad suficiente para acoger a toda la cantidad de trabajadores que cumplan funciones de explotación y sean contratados de acuerdo a las reglas que establecen los decretos, es decir, con todas las formalidades de la Ley.

OTRAS CONNOTACIONES

A fines de agosto el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que las cooperativas mineras y asocia al informe a la minería chica, señalando que ambos sectores aportaron al Producto Interno Bruto (PIB) con sólo un 2,2 por ciento de valor en el primer trimestre de la presente gestión. Se tomaron en cuenta los índices de producción de zinc, concentrados de plata y plomo, que sumando los volúmenes de ambos sectores, registran ese aporte considerado poco significativo frente a la producción del sector privado e incluso de la minería estatal.

Por otra parte, dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), los asalariados, denunciaron que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería, revirtió concesiones estatales a favor de las cooperativas mineras, se trata por lo menos de unas 520 concesiones, sobre las cuáles deberá establecerse un informe detallado para aclarar las dudas de los mineros asalariados.

CASO MANQUIRI

Como emergencia de los cambios producidos se anunció una "profunda investigación" de los contratos suscritos entre la Empresa Minera Manquiri, filial de la estadounidense Coeur Mining Inc., con varias cooperativas de Potosí, que trabajan en parte del Cerro Rico de Potosí. La investigación determinará bajo que marco legal se confirmaron esos acuerdos, que están vigentes y se los considera de algún modo legales, en criterio de los personeros de la minera Manquiri.

Medios, Agencias.