Nada puede ocultarse indefinidamente y cierto tipo de presiones no pueden durar más de lo que recomienda la prudencia, forzar los extremos conlleva serio riesgo que al salir de control deriva en situaciones de confrontación y violencia. Los hechos de agosto son un referente muy claro de ese extremo que "no permite estirar la pita más de su límite".
Por lo observado en los anteriores días, tras una serie de revelaciones en torno a los privilegiados beneficios de que gozaban algunos cooperativistas mineros, no precisamente la mayoría, más bien una élite de dirección de estas empresas que se empeñaron en pedir más de lo que se puede disponer en orden racional para el sostenimiento de las empresas solidarias.
En el recuento de ex dirigentes mineros, de algunos analistas y de las propias autoridades de Gobierno, estas últimas que tardaron bastante para develar las ventajosas ayudas sectoriales, precisamente para no "entorpecer" los acuerdos políticos, tocó fondo, sobrepasó los límites permisibles de tratamiento y se impuso la intransigencia como detonante de un proceso que se calentaba poco a poco y estalló.
Las consecuencias de esa situación anormal, irregular y atrabiliaria, están siendo ahora sopesadas en niveles medios y bajos de las mismas cooperativas, donde el nivel superior está observado, investigado y en algunos casos perseguido, por lo mismo la estructura de dirección y administración de las cooperativas está bajo la lupa de las autoridades, para que se cumplan procesos reorganizativos con el fin de legalizar a las verdaderas cooperativas y disponer lo que corresponda con aquellas que deben migrar al sector de empresas mineras privadas.
Cuando se hace recuento de "gabelas" a favor de las cooperativas, realmente son varias y muestran una odiosa fase de inequidad, con los otros subsectores mineros, por ejemplo el caso de la "minería chica" que tiene abiertas muchas fuentes de empleo, paga todos los impuestos, dispone regalías por exportaciones, pero no tiene beneficios que impulsen su sostenimiento y peor aún su crecimiento. La pequeña minería, como también se la conoce, ha planteado oficialmente más de un soporte financiero, pero es muy poca la ayuda que recibió. Un pedido especial de este sector, como ejemplo, fue el restablecimiento del Banco Minero de Bolivia, organismo privado y sostenido por los propios mineros que facilitaba el financiamiento crediticio para atender necesidades del sector.
Pero volviendo al tema del cooperativismo, es un sector que no paga impuestos como lo hacen los otros sectores, incluso el estatal, en el caso de sus trabajadores no reconoce ningún beneficio social, se asocia con terceras privadas sin ninguna autorización, incumple normas del cuidado medioambiental y gozaba de un fuerte apoyo económico y dotación de equipos, maquinarias y herramientas, créditos a largo plazo a través de un fondo especial (Fofim), lo que no ocurría con las otras entidades productoras mineras del país.
Lo que sucede ahora es que, aquellos privilegios quedan "desmontados" con la aplicación de un paquete de medidas. En adelante, las condiciones de trabajo tendrán que medirse en función de legalidad, capacidad económica y técnica para competir en igualdad de condiciones, con los sectores que trabajan, pagan y "arañan" sus utilidades.
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