El tema seguirá siendo de interés entre las partes que aún se encuentran en conflicto, los empresarios cooperativistas mineros, el Gobierno y los miles de trabajadores de esas cooperativas que ahora adquirieron derechos sociales de los que no gozaban hasta un mes atrás, pero que en adelante parece dificultoso que gocen de beneficios plenos, ante la implícita pérdida de las fuentes de empleo en las organizaciones que manejan pocos "cuentapropistas", pero con muchos trabajadores que solidariamente prestaban su fuerza laboral en condiciones de extremo abuso social.
Tras los hechos de hace más de tres semanas, siguen las investigaciones por parte de policías y fiscales en busca de más culpables de la muerte del viceministro que sacrificó su vida en busca de diálogo y pacificación, instancia que lamentablemente no se logró por la violenta reacción de dirigentes cuentapropistas y por el otro lado la represión policial, como lo señalan los deudos de cinco mineros que perdieron la vida en las escaramuzas de Panduro. En el caso de los cooperativistas fallecidos, algunos con disparos de armas de fuego, no se ha avanzado en las investigaciones, pues tratándose de parte de un hecho producido en paralelas circunstancias, el conjunto de los mismos merece ser plenamente esclarecidos.
Hay quienes dicen que ya nada logrará "llorar sobre la leche derramada", imposible recuperarla, sólo quedan los vestigios del caso y los mismos deben servir para esclarecer adecuadamente quiénes causaron el derrame de violencia y las consecuencias que todavía se sentirán por buen tiempo.
Los observadores de este asunto coinciden en señalar que "existieron una mala estrategia por un lado y un exceso de confianza en el otro", en problemas en los que no se midieron las consecuencias que ahora marcan posiciones más o menos definidas, aunque todavía son motivo de reclamos, búsqueda de acercamientos y cierto restablecimiento de relaciones.
Los cooperativistas de nivel ejecutivo quisieron imponer ciertas reglas para beneficio sectorial a costa de ejercer presión sobre el Ejecutivo, que ésta vez no las aceptó dadas las condiciones planteadas con bloqueos y violencia que llegaron a extremos ya conocidos, que como respuesta se convirtieron en un paquete de disposiciones que restringe los privilegios que de manera "exclusiva" servían para que las cooperativas tengan beneficios extras, incluso en el aspecto tributario y otros que en materia de "ayuda", fueron observados por los mineros asalariados que también expusieron sus derechos reclamando mayor ayuda gubernamental.
Actualmente las cartas han sido puestas sobre la mesa, ahora dependerá de cómo se las juegan para restablecer, primero el diálogo y luego el funcionamiento de las empresas, previa una evaluación que establezca condiciones de cumplimiento a las normas y doctrina cooperativa y aquellas que deben ser empresas mineras privadas, acomodadas en un rango de pequeñas y posiblemente medianas operadoras mineras.
El próximo paso que debe cumplirse a través del Ministerio de Minería es el que determine la calidad de cada empresa o cooperativa, en ambos casos, las mismas deberán cumplir con iguales obligaciones tributarias y cumplimiento de las leyes laborales, ésta última instancia seguramente será la de mayores controversias, puesto que ya son muchos los anuncios de "cooperativas" que no contratarán personal, para eludir responsabilidades sociales, en tanto que el contingente de trabajadores asalariados en las cooperativas, reclamarán su derecho a mantener sus fuentes de empleo. Este sector en realidad es al más numeroso y el que puede hacer fuerza, si se moviliza. El Gobierno está estudiando una estrategia adecuada que le permita mantener el apoyo de los cooperativistas asalariados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario