Después de lo ocurrido, era de suponer que las relaciones entre el sector de las cooperativas mineras y las autoridades de Gobierno, quedarían congeladas, no se sabe aún por qué tiempo, por lo menos mientras no se esclarezcan algunos prolegómenos de lo que se calificó como intento subversivo, pero además que cobró la vida de un alto funcionario ministerial, y en el sector minero varias víctimas fatales, cuyas familias también esperan que se identifique y se sancione a los culpables de su muerte.
De por sí es un tema difícil, intrincado y con una serie de puntiagudas aristas que deben ser limadas poco a poco, en la medida que se demuestran hechos, que se identifiquen autores y se establezcan sanciones correctas, frente a los tristes sucesos ya conocidos que consternaron, pero también alborotaron la conciencia ciudadana, al saber cómo se desempeñan algunos sectores de la actividad productiva, que gozando de ciertos privilegios, arremeten cuando no son atendidas sus demandas.
En la otra esquina, las cosas también tienen su complejidad particular, pues se tendrá que establecer ciertas responsabilidades, ante la falta de previsiones, de acciones y decisiones oportunas para frenar movilizaciones, que como las que motivaron muchos comentarios, se produjeron rebasando una precaria resistencia que no alcanzó el objetivo de apaciguar la belicosidad de un grupo que hizo uso desmedido de un poder que ostentaba, en función a compromisos contraídos con cierta venia política.
El hecho es que con todo lo sucedido salen a relucir una serie de aspectos que para el común de la gente eran desconocidos, por ejemplo la posición de "algunos cooperativistas" calificados como mercantilistas o también como los "capitalistas de Fencomin", añadiendo en las apreciaciones que muchos de esos dirigentes se mostraban con alto poder económico, luciendo vehículos de último modelo y gran potencia y viviendo en cómodas propiedades habitacionales, como resultado de sus actividades al frente de cooperativas en las que los verdaderos trabajadores no eran socios, sino empleados "solidarios", sin derecho a beneficios sociales.
Las autoridades del Ejecutivo se han preocupado además de revelar que el sector goza de muchas ventajas, como no sucede con los otros sectores de la minería, los cooperativistas no pagan todos los impuestos de ley, aportan regalías y tienen la ventaja de recibir créditos a largo plazo, soportes financieros estatales a pedido, condonación de algunas deudas, tienen más de un ingenio para su sector y se les financió la instalación y funcionamiento de comercializadoras de minerales, se les proporcionó maquinaria y volquetas, además de otras ventajas para su actividad.
Los pedidos del sector en los dos últimos pliegos que no fueron aún considerados, incluyen otros pedidos especiales que seguramente serán debidamente analizados, como el de efectuar contratos como intermediarios con terceras empresas, evitar o eliminar las responsabilidades del control de medio ambiente en las operaciones mineras y rechazan la sindicalización de trabajadores en las cooperativas mineras. Hay varias cosas que ahora quedan pendientes de tratamiento, por lo menos hasta que se restablezcan las condiciones de diálogo que por lo visto ya no serán las mismas aunque existe la posibilidad de entablar negociaciones con los mineros cooperativistas que "ensucian sus cascos en el interior de las minas y ya no con los cooperativistas que siempre tienen sus guardatojos brillando", como aseguran algunos trabajadores de concesiones mineras en poder de cooperativistas.
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