Gobierno complementará norma para revertir minas

Para aplicar el Decreto Supremo (DS) 2891 de reversión de áreas mineras a favor del Estado cuyos contratos de riesgo compartido se hubieran realizado con empresas privadas, el Gobierno prepara otras normativas que complementarán el decreto y la harán viable.

“Habrá que esperar unos días más para que salga alguna complementación sobre ese trabajo. No se puede adelantar más para no entorpecer el análisis que se está haciendo”, aseguró el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe.

La normativa
El Decreto Supremo 2891 del 1 de septiembre establece la reversión “a dominio del Estado de las áreas sobre las cuales se hubieran suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o en subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras”.

El ministro de Minería, César Navarro, confirmó que las primeras reversiones serán los 31 contratos que las cooperativas firmaron con empresas y que fueron legalizados con un notario de fe pública.
“Pero también tenemos información de que puede existir otro tipo de contratos que no fueron debidamente notariados. La Comibol está preparando el informe para hacer la reversión”, declaró la autoridad minera.

El Gobierno tiene entre ceja y ceja la nómina de 31 pactos con privados e identificó dos acuerdos de la Cooperativa Minera 27 de Marzo y la Cooperativa Minera Unificada Potosí que firmaron, por separado, contratos de riesgo compartido con Manquiri, filial boliviana de la estadounidense Coeur Mining Inc. Ambos contratos tienen un plazo de 25 años.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, complementó hace unos días que Manquiri suscribió al menos siete contratos con cooperativas mineras potosinas.

La Comibol se hará cargo de todas las áreas mineras que sean revertidas al Estado, tras la aplicación de los decretos supremos 2890 (reversión por inexistencia de actividades mineras) y 2891.

Constitucionalidad

Sin embargo, según la agencia noticiosa ANF, las federaciones de cooperativistas mineros señalaron que apelarán al “derecho preconstituido” para defender los contratos de riesgo compartido que firmaron con la Comibol y con privados.

El principal argumento se basa en el parágrafo IV de la VIII disposición transitoria de la Carta Magna, que señala que “el Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”.

Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, explicó que el Estado tiene el dominio de los recursos naturales, que viene a ser el dueño de casa.

“Es el Estado el que puede otorgar derechos de uso de esos recursos naturales a particulares”, señaló el viceministro Alfredo Rada