Los cooperativistas mineros fueron beneficiados con al menos nueve normas a favor del sector desde 2006, según una revisión de decretos y leyes del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Entre otros incentivos que recibieron están, por ejemplo, la excepción en el pago de impuestos, la compra de oro en el Banco Central de Bolivia y la entrega de áreas mineras de reserva fiscal (ver la gráfica).
También figuran, entre esas ventajas, los créditos otorgados por el Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM).
Estos beneficios, adquiridos entre 2006 y 2012, fueron consolidados con la promulgación de la Ley Minera en 2014, la cual reconoce a las cooperativas como actores productivos y ratifica la naturaleza preconstituida de los derechos sobre las concesiones mineras anteriores a la promulgación de la ley, en manos de ese sector.
De acuerdo con un artículo elaborado por los investigadores Pablo Villegas y Marco Gandarillas del CEDIB, la promulgación de la Ley Minera benefició principalmente al sector cooperativista, ya que pone sus derechos por encima de todos los de los actores económicos del país.
"Esa ley exime a los cooperativistas de muchas de las obligaciones de los otros actores productivos mineros y los dota de numerosos beneficios, entre ellos los derechos preestablecidos sobre cerca de 8.000 contratos que no serán revisados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirman.
Más allá de las normas, el experto en minería y exministro del sector, Dionisio Garzón, dijo que se otorgó al sector numerosas ventajas, como la flexibilización de algunos controles.
"Se estableció que las cooperativas mineras paguen una regalía de 2,5% y 1,5% en el caso de las auríferas, mientras que la minería estatal y privada pagan 8,5%, además de impuestos, que las cooperativas no pagan”, precisó.
Se aplicó una regulación muy laxa en el tema ambiental y laboral con el sector.
El pasado jueves 1 de septiembre, el Gobierno anunció la aprobación de cinco decretos que regulan al sector cooperativo.
Estas normas incluyen la anulación de contratos suscritos con empresas privadas, la reversión al Estado de las áreas mineras ociosas en manos de cuentapropistas. Además, está la disolución de los convenios entre el sector y el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales, que establecían la retención de un porcentaje de la comercialización de los minerales a favor de las federaciones que agrupan a las cooperativas.
Los decretos también contemplan el reconocimiento del personal no asociado a las cooperativas bajo la Ley General del Trabajo, el establecimiento de un seguro y la prohibición del uso de dinamita en movilizaciones sociales.
Punto de vista
Héctor Córdova
Experto en minería
"Todos ganaban con una alianza”
"Los beneficios que obtuvo el sector cooperativista minero de parte del Gobierno se dieron por tres factores principalmente: sus antecedentes históricos, su gran número y su capacidad de organización.
Los cooperativistas mineros son uno de los sectores más sacrificados y durante muchos años fue la base de los movimientos sociales en el país. Este sacrificio y esta entrega, especialmente durante el periodo de precios bajos de los minerales, los hizo respetables.
En segundo lugar, su número los hizo un grupo poderoso, ya que contando a las familias de los más de 100 mil cooperativistas hay alrededor de medio millón de votos en juego, por lo que su apoyo fue apetecido por el Gobierno.
Finalmente, su gran capacidad de organización los colocó en una buena posición para negociar las condiciones de su apoyo. Esto al poder establecer presión frente al Estado para obtener buenos tratos por sus demandas.
Todos ganaban con una alianza entre el Gobierno y los cooperativistas, ya que, por un lado, las autoridades se hacían de un poderoso aliado, mientras que las cooperativas obtenían mejores condiciones para realizar su trabajo.
Lo que hemos visto en las últimas semanas, respecto a las movilizaciones y a la promulgación de decretos en contra del sector, es el resultado de una acumulación de tensiones.
Eso ha generado que, en muchos casos, se les quiten los privilegios a los cooperativistas; en otros casos, se aplique una regulación más estricta, que antes era imposible de lograr”.
Asociados apelarán a derecho preconstituido
Las federaciones de cooperativistas mineros señalaron que apelarán al "derecho preconstituido” para defender los contratos de riesgo compartido que firmaron con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y con empresas privadas).
Asesores y cooperativistas mineros, que pidieron el anonimato para evitar ser "perseguidos judicialmente”, esgrimieron varios argumentos jurídico legales que hacen inaplicables los últimos decretos aprobados por el Gobierno tras el conflicto generado por el sector que, la semana pasada, derivó en la muerte de cinco mineros y un viceministro.
Las normas establecen, entre otras cosas, que serán revertidas las concesiones de yacimientos que están en manos de cooperativas que no cumplan su rol de tales y de subarrendamiento, dados por los cooperativistas a empresas privadas.
Uno de los argumentos que exponen las fuentes consultadas para defender esos contratos es que el parágrafo IV de la VIII disposición transitoria de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que "el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”.
En una evaluación general de los decretos coinciden en que las normas recientemente aprobadas son más una "vendetta” política que disposiciones que puedan cumplirse en la práctica, indicaron los cooperativistas.
El pasado 1 de septiembre, luego de un gabinete extraordinario, el Gobierno promulgó cinco decretos que afectan al sector cooperativo minero y revierten algunos beneficios. (ANF)
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