Hay que apostar por una eficiente política para minería y metalurgia

La Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en Oruro el mes de mayo del 2014, es sólo un instrumento de uso referencial, debido a que carece de una necesaria reglamentación y además un imprescindible complemento que fije la aplicación de tributos y el pago de regalías, en toda la estructura del sistema minero nacional, constituido por el Estado, responsable de las riquezas mineralógicas y la industria minera estatal. Está luego la empresa minera privada, conformada por las empresas medianas y pequeñas (chica), que operan directamente con sus propias inversiones y se agrega a las sociedades cooperativas, integradas por socios de actividad solidaria.

Se reconoce que en el marco institucional el Estado boliviano tiene un papel múltiple y por lo mismo está representado en diferentes instancias, pero todas dependientes del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), cabeza del sector del que se desprenden tres viceministerios; el primero de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, luego se ubica el de Política Minera, Regulación y Fiscalización y se menciona el tercero, de cooperativas mineras.

En la estructura de la minería en nuestro país, el MMM divide o encomienda parte de sus responsabilidades en seis divisiones especiales, por ejemplo las normas y políticas de la minería están encomendadas a los tres viceministerios; la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), debería ocuparse de la dirección, administración superior, control y fiscalización del sistema minero. La exploración y se entiende que preliminarmente la prospección, se encomienda al Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeomin).

En este tipo de organización se consignan otras tres divisiones, la de control y registro con responsabilidad para el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Aparece la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que debe responder como "operador y productor" y se cierra el esquema con el Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas (Cimm), para dar forma al funcionamiento del complejo aparato minero boliviano.

Hay algunos aspectos que seguramente se desarrollan sin dificultades en el orden interno del MMM, sin embargo y tomando en cuenta que siempre existe un orden de prioridades, la empresa estatal minera, en este caso la Comibol, aparece relegada a un quinto puesto, cuando en criterio de los expertos debería estar a la cabeza de todas las divisiones, tomando en cuenta que al plantearse su reestructuración -hace un año- se mencionaba el hecho como el más importante en la responsabilidad de establecer la política del desarrollo minero nacional.

Parece que el asunto no va por ese camino, lamentablemente no se hacen las explicaciones del caso, por ejemplo para exigir que los vice ministerios asuman responsabilidad sobre las normativas encomendadas en cada caso, entre las que se cuentan la "formulación de políticas que permitan el control estratégico de los recursos mineralógicos, promoviendo la actividad minera con valor agregado e industrialización.

Otro acápite de estas normativas señala textualmente: "proponer políticas, normas, reglamentos e instructivos para el desarrollo minero metalúrgico, en coordinación con entidades públicas competentes en materia de inversión, financiamiento, tributos, comercialización de minerales, gestión social, gestión ambiental y desarrollo institucional.

El viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, debe "proponer planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector minero metalúrgico en temas de geología, minería, metalurgia no ferrosa, siderurgia y la cadena de recursos evaporíticos, promover el desarrollo de la inversión y producción en el sector minero metalúrgico, con proyectos estatales, privados, comunitarios y de economía mixta, aplicando principios de prevención y control ambiental".

Política Minera

Hay muchos otros puntos consignados en varios acápites, sin embargo con lo enumerado es fácil colegir que aquellas responsabilidades en torno a la generación de una Política Minera, la estructuración de planes y proyectos para encarar prospección y exploración, correspondería a un vice ministerio que de acuerdo a la estructura establecida debe generar programas para movilizar la minería boliviana. El tema da para muchas explicaciones, para revisar decenas de incisos que están muy claramente definidos, pero lamentablemente no cumplidos.

Hay incongruencias en la aplicación de las normativas consignadas en la "teórica" estructura de nuestra minería. Por ejemplo, en el caso de Exploración, se afirma que el Sergeomin, tiene la misión de elaborar la carta geológica nacional, realizar investigación científica y tecnológica en los campos de la geología, minería e hidrología, así como en lo relativo al impacto ambiental… (¿).

Por la falta de reglamentación en la Ley de Minería 535, el Sergeomin, no puede acceder o disponer de recursos económicos, por lo mismo está impedido de cumplir sus planes de trabajo, entre estos, la exploración de nuevos yacimientos.

Así están las cosas con Ley Minera, con una estructura que desde el MMM, deriva responsabilidades a seis áreas y estas a su vez sub encomiendan algunas de sus tareas, con lo que persiste la "pesada burocracia" que hace difícil encarar de manera sencilla y práctica el movimiento de la maquinaria minera.



La industrialización

Repetidas veces se menciona la necesidad de asumir el "gran salto", de ampliar los procesos de industrialización de nuestros concentrados, para que fuera de lograr un avance cualitativo en la producción de nuestros lingotes de estaño, podamos también exportar metálicos de plata y plomo, pero Karachipampa se deja esperar. Las fundiciones de zinc, en Oruro y Potosí, son todavía parte de un buen deseo.

Los evaporíticos, avanzan en su fase de experimentación y algunos productos ya son posible de obtener en los salares, pero la fase de la industrialización en cadena, todavía nos tendrá expectantes por buen tiempo. Más todavía habrá que esperar en el caso del Mutún, donde una empresa china ya debería estar trabajando para el cumplimiento de su contrato.

Con todo lo expuesto, está claro que no hay política minera nacional y falta que se aclaren responsabilidades para encarar este mayúsculo problema.