Cooperativas mineras: Un mundo sin derechos sociales

OBESS-CEDLA

Hasta los luctuosos hechos recientes provocados por el conflicto entre cooperativistas mineros y el gobierno de Evo Morales, ambos actores coincidían en que las "cooperativas" eran tales y no empresas, ocultando la realidad de gran parte de estos establecimientos que se transformaron en su desarrollo, en empresas capitalistas por, entre otras razones, explotar la fuerza de trabajo. Una cooperativa es una forma particular de organización del trabajo y de la producción, donde sus integrantes (socios), comparten equitativamente el trabajo y gozan de los mismos derechos y beneficios económicos bajo los principios de cooperación, control democrático y distribución igualitaria de beneficios y, particularmente, donde es inexistente la explotación de la fuerza de trabajo. Pero persiste en esferas del gobierno, considerar que las "cooperativas" mineras, son formas particulares de organización económica distinta a la capitalista, guiadas principalmente por conservar la alianza política entre ambas fuerzas que, en los diez años transcurridos, se tradujeron para el sector cooperativo minero, en sendos privilegios que lo empoderaron notoriamente. Hasta ahora, la realidad de las "cooperativas" mineras es inocultable. Además del alto grado de informalidad que las caracteriza y el insignificante aporte a impuestos y regalías; en el ámbito del empleo, las cooperativas incumplen la legislación laboral, que afecta en mayor medida a los jóvenes asalariados que trabajan en estos establecimientos

Para nada es osado afirmar que en las cooperativas mineras existe un mundo sin derechos laborales, donde el Estado desapareció como garante de estos derechos y donde la única ley que rige es la del socio empresario. ¿Cambiará algún día esta situación?

Características principales de las cooperativas mineras: Las primeras cooperativas auríferas se remontan a 1954 y en el caso de la minería tradicional a los primeros años de la década del 60 con la tercerización de la producción por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Sin embargo, es desde el año 2004, que el cooperativismo minero se consolida como un subsector de la minería nacional en un contexto favorable de incremento de precios de minerales en el mercado mundial. En abril de 2015, existían 1.723 cooperativas más del doble existente en 2003 (800) (Zaconeta, 2015). Según un estudio realizado en 2010 por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), sobre las cooperativas mineras de Potosí y Oruro (Nogales, 2010), existían tres formas de producción que eran la artesanal, manufactura y la maquinizada, con predominio de la segunda que concentraba a más del 95% de la fuerza laboral y a casi la totalidad de la producción (Nogales, 2010: 10). Todas son arrendatarias de Comibol, pagando el 1% sobre el valor bruto de producción de cada cooperativa. En general, las cooperativas mineras se caracterizaban por desarrollarse en formas atrasadas de producción debido al uso limitado de tecnología y al mayor despliegue de trabajo manual de modo individual o en pequeños grupos denominados cuadrillas, lideradas por socios llamados cabecillas (Nogales, 2010: 13). En la comercialización, están supeditadas al capital comercial vía precios, adelantos y alquiler de compresoras (Nogales, 2010: 29).

Un rasgo central de las cooperativas, es la creciente explotación de la fuerza de trabajo. Tanto en Potosí como en Oruro un poco más del 50% eran asalariados, varios de ellos jóvenes estudiantes (Nogales, 2010: 22). Precisamente, por la mayor presencia de asalariados y porque la propiedad, la producción y la apropiación del producto no está basada en la cooperación, la solidaridad y la distribución equitativa, el estudio del Cedla, concluyó que "las cooperativas sólo sirven como personerías jurídicas que agrupan a pequeños productores mercantiles individuales y a empresarios capitalistas", vale decir, son empresas y no propiamente cooperativas (Nogales, 2010: 11). El estudio destacó también el alto grado de diferenciación social existente en el cooperativismo minero, en especial en Potosí. Según datos del INE, en 2014, año donde aún regían precios altos de los minerales, la población ocupada a nivel nacional en la minería, alcanzaba a 100.563 personas, de las cuales el 17,3% eran jóvenes de 15 a 24 años (17.455). Extendiendo el rango de los jóvenes hasta los 29 años; la participación de esta población superaba el tercio (35,5%). Otra fuente de información refiere que en el 2013, la población ocupada en las cooperativas mineras, alcanzaba a 114.520 personas, equivalente al 87,4% del total de ocupados en la actividad minera (130.932). Respecto del 2006, los ocupados se habrían duplicado (Arze, C. Fundación UNIR, 2014). Cooperativas mineras: El reino de la precariedad laboral En general, los asalariados en las cooperativas mineras trabajan en condiciones precarias y muy precarias. La temporalidad de los contratos, los salarios cambiantes en función del comportamiento de la demanda de minerales en el mercado mundial, la intensidad del trabajo que generalmente supera las ocho horas sin el pago de horas extraordinarias; la irregular cobertura de la seguridad social y el desconocimiento de derechos colectivos como el de sindicalización, retratan bien la precariedad en las que trabajan gran parte de los asalariados, entre ellos, "Un rasgo central de las cooperativas, es la creciente explotación de la fuerza de trabajo. Tanto en Potosí como en Oruro un poco más del 50% eran asalariados, varios de ellos jóvenes estudiantes".

A la precariedad laboral, debe agregarse el alto riesgo que implica trabajar en el interior de las minas, mucho más sin los medios y medidas de seguridad industrial y ocupacional necesarias. Por referencias de jóvenes entrevistados, los contratos escritos son inexistentes en las cooperativas mineras, apenas un atisbo de acuerdo verbal con el cabecilla de la cuadrilla. La jornada laboral está totalmente flexibilizada, no siendo ya un parámetro de cumplimiento de derechos dejando sin efecto el pago por horas extraordinarias trabajadas y otros derechos derivados del trabajo nocturno. El trabajo por más de ocho horas, la doble jornada (conocido como "doblas") y el "venticuatreo" (trabajo por 24 horas), son modalidades que se impusieron y las que marcan el ritmo de trabajo de los jóvenes y de su explotación a favor de los empresarios cooperativistas. La jornada semanal comprendía cinco días. En las cooperativas mineras rige el pago a destajo en función de la cantidad y valor del mineral sustraído, lo que hace variables los montos. En 2015, los jóvenes entrevistados tenían un salario de alrededor de 4 mil bolivianos, sin ningún otro beneficio como bonos y, eventualmente, el pago de alguna comida por parte del cabecilla. Los jóvenes socios obtenían un ingreso que oscilaba entre 5 a 6 mil bolivianos, monto inferior al de los socios antiguos por ser nuevo en la cooperativa. Si bien los salarios de los jóvenes se ubican por encima del promedio salarial de la población joven ocupada, los montos no alcanzaban a cubrir el costo de una canasta básica familiar estimada para el 2015 en 5.802 bolivianos. Por el contrario, los ingresos de los empresarios "cooperativistas" antiguos y que explotan fuerza de trabajo y parajes ricos en minerales eran muy superiores. Nogales refería que en 2007, los empresarios de Potosí tenían ingresos mensuales bordeaban los 50 mil bolivianos y que, en Atocha donde las vetas mineralógicas son más ricas, los montos alcanzaban los 60 mil bolivianos. Un dirigente sindical minero contaba que en 2011, algunos cooperativistas en Colquiri ganaban las astronómicas sumas de 500 a 600 mil bolivianos mensuales, como manifestación del alto grado de diferenciación social en esta región (Dirigente Fstmb, 2011).

Más allá de las diferencias de tiempo, resalta claramente que los jóvenes socios y más los asalariados, ocupan el último peldaño en la estructura de ingresos, por lo menos, en las cooperativas de Oruro y de Potosí.

Tampoco contaban con la protección de medidas de seguridad ocupacional e industrial, al igual que los adultos asalariados, en un ambiente de alto riesgo como es el interior de la mina. Las cooperativas descentralizaron la responsabilidad del cumplimiento de estas medidas, a los cabecillas de las cuadrillas, quienes poco o nada asumieron esta obligación, dejando la protección de la salud e integridad física a los mismos trabajadores. ¿Sindicato? Casi impensable. En las cooperativas mineras tradicionales (y en las auríferas) no existen sindicatos obreros. No obstante la presencia de una proporción significativa de asalariados en estos establecimientos que, en el caso de los jóvenes ascendía en el 2014 al 73,7% sobre el total de jóvenes ocupados, la conformación de organizaciones sindicales como un medio esencial para la defensa y conquista de derechos laborales, es casi impensable. Deberán suceder muchos y sustanciales cambios para que el reciente decreto aprobado por el gobierno que reconoce derechos a los asalariados de las cooperativas y sobre todo, la legislación laboral vigente, se hagan realidad. Cedla.-

NdeR. Por su importancia y oportunidad, nos permitimos incluir el presente trabajo de análisis, publicado en el boletín informativo del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social. Obess, dependiente del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario- Cedla, que contiene interesantes aspectos sobre la realidad del problema minero y el caso especial de las cooperativas en tal contexto. Agradecemos el contacto y la posibilidad de difundir otro interesante material relativo a la actividad minera.