Dos hechos acontecidos en un mes de agosto, involucran como actores a trabajadores mineros y con diferencia de tres días, marcan una diferencia total de propósitos, aunque los hechos increíblemente tienen origen en la caída del precio del estaño, "el metal del diablo". La historia inscribió en sus páginas un hecho heroico que se cumplió hace 30 años, cuando los mineros asalariados en defensa de sus fuentes de trabajo y sus salarios, protagonizaron la "marcha por la vida" que por vez primera se implantó como medida de presión, comenzó en la ciudad de Oruro y avanzó hasta Calamarca en jurisdicción paceña, donde fuerzas militares impidieron su paso hacia la Sede de Gobierno, era la gestión de Víctor Paz Estenssoro y la consecuencia de la reacción minera tenía que ver también con un rechazo categórico a su famoso decreto el 21060.
"La marcha por la vida" que ocupó la atención internacional por sus connotaciones de sacrificio humano en una caminata de más de 200 kilómetros debía culminar en las puertas del Palacio Quemado. Un cerco militar dispuesto a todo, cercó a miles de mineros en una localidad distante a sólo algo más de 60 kilómetros de La Paz.
Dos connotados dirigentes mineros que encabezaban la movilización, asumieron la penosa decisión de "parar la marcha" para evitar un enfrentamiento que hubiese causado centenares de víctimas, entre mineros desarmados y cansados por la prolongada marcha. Los mineros se resistieron a parar, pero las circunstancias y la posición gubernamental determinaron un retorno penoso, ante la realidad de no poder romper un cerco militar con órdenes terminantes de frenar la marcha, una movilización para evitar la mal llamada "relocalización" que en realidad fue el despido de más de 20 mil obreros de las minas nacionalizadas.
Han transcurrido 30 años de esa inolvidable "marcha por la vida", sacrificada decisión de los mineros asalariados defendiendo sus derechos al empleo y al salario. Mujeres y niños acompañaron a los mineros en la dura prueba de avanzar caminando hasta la sede política del país.
En esa masiva movilización no hubo enfrentamientos, la sagacidad de los dirigentes mineros ante la prepotencia gubernamental evitó lo que pudo ser un "baño de sangre". Los dirigentes fueron criticados en principio, pero luego reconocidos por asumir decisiones oportunas en conflictos de emergencia.
Por entonces el colapso del precio internacional del estaño en el mercado de Londres fue el mayor detonante para la decisión gubernamental del gobierno del MNR, para desactivar la minería nacionalizada, precisamente por el mismo gobierno un 31 de octubre de 1952. Los hechos se produjeron, los mineros quedaron en la calle, aunque y eso hay que reconocerlo, no les devolvieron las fuentes de empleo, pero se les pagó una especie de indemnización que tuvo una estructura variable en su monto y aplicación.
Fue en ese tiempo que los desocupados de las minas, cambiaron de rubro, muchos se convirtieron en propietarios de taxis, otros se dedicaron al comercio y entre estos algunos encontraron la veta del contrabando como un buen negocio que de entonces a la fecha ha tenido sostenido crecimiento.
Otro grupo de arraigados trabajadores mineros decidió explotar minas marginales y para obtener las concesiones debían estar organizados, es cuando emerge la idea de formar "cooperativas mineras", aunque no precisamente en la amplitud de la doctrina de ese sistema, pero mínimamente en la asociación solidaria… y aquí estamos con centenares de cooperativas y miles de dependientes de esas organizaciones, algunos en condición de socios y muchos en calidad de asalariados.
Este conglomerado que creció descomunalmente y se afirmó como parte importante de la minería, logrando algunos acuerdos incluso políticos para favorecerse con acciones prebendalistas, como no sucede con los otros subsectores, con favoritismo en pago de impuestos, sólo paga uno, con recursos de apoyo para su sostenimiento en periodos críticos y otra serie de ventajas que ni siquiera sirven a la minería estatal, se sintieron molestos cuando el Gobierno decidió introducir cambios en la Ley de Cooperativas y establecer la sindicalización de trabajadores en esas organizaciones que operan "sin fines de lucro", aunque por lo que se sabe, muchos dueños de cooperativas lograron importantes utilidades, las que han disminuido en el último tiempo debido a la caída del precio de los minerales.
Paradoja con 30 de diferencia, en un mes de agosto, con diferencia de tres días, la marcha por la vida hace 30 años, sin ninguna víctima y los luctuosos sucesos de días pasados con víctimas fatales, cuatro trabajadores mineros muertos y un viceministro de Estado. Sacrificado cruelmente en una acción inhumana y que no se pensaba que pudiese ser protagonizada por trabajadores mineros.
Los hechos son irrefutables, ahora están en investigación, hay varios detenidos que serán sancionados, pero las vidas perdidas sólo dejan desamparo, dolor y luto. Hay necesidad de recomponer las relaciones entre cooperativistas y autoridades, puede resultar favorable la conformación de una "comisión de paz" en la que participarán el Obispo de Oruro, delegados de cooperativas y funcionarios de Gobierno. El objeto restablecer la paz y armonía que el país necesita, para seguir en una "marcha por la vida", pero con dignidad, sin favorecidos políticos y con la esperanza de que lo acontecido hace 30 años y lo reciente, sea una lección para actuar con prudencia, con autoridad y sin violencia.
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