Conflicto cooperativo minero

Pese a la búsqueda de un diálogo abierto entre el sector de las cooperativas mineras y las autoridades de gobierno, no se logró definir el camino apropiado para tal situación, por lo mismo el conflicto persistía en el curso de la semana presente.

Haciendo abstracción de algunos detalles del conflicto y al margen del resultado de este complejo problema, que ojala sea amistoso y productivo, hay cosas que preocupan, cuando por ejemplo el problema se amplía del sector cooperativizado minero a las otras cooperativas, sean las de servicio, ahorro y crédito o las de telecomunicaciones que ahora han unido criterios para oponerse a ciertas disposiciones laborales y otras que tienen que ver con restricciones financieras y la aplicación de una cuota solidaria a todos los socios, pero con un destino que no es precisamente para fortalecer las entidades cooperativas.

El problema como ya se sabe comenzó con un rechazo de los cooperativistas mineros a la vigencia y el derecho de sindicalización de trabajadores en esas organizaciones, reconociendo implícitamente que evidentemente hay asalariados en las cooperativas, pero no tendrían derechos laborales.

Lo que vino después de la primera jornada de bloqueos y enfrentamientos, con policías heridos y rehenes, con mucho perjuicio para la gente que nada tiene que ver con el problema debido a la interrupción de vías camineras, se convirtió en un pliego petitorio que de 14 subió a 24 demandas, que de todos modos se suponía que serían consideradas en la mesa de negociaciones. No sucedió tal cosa.

Lo evidente es que el sector cooperativista minero, es realmente uno que está más próximo al lado empresarial que al solidario y cooperativo, de ayuda y mutuo beneficio, lo lamentable es que admitiendo que tienen asalariados les nieguen derechos que la ley laboral reconoce para todos los dependientes de un salario, exceptuando -por razones obvias- los funcionarios del Estado.

Los "empresarios informales", como se los denomina, han creado condiciones propicias para obtener una serie de beneficios que no se dan con los otros sectores de la actividad minera y bajo esa alternativa se han movido en la búsqueda de opciones para explotar concesiones mineras de importancia, desde que se produjo el despido masivo de mineros de la Comibol. Los que no buscaron posibilidades alternativas, se organizaron en cooperativas, pero como una solución al problema de asociación legal para usufructuar yacimientos del Estado.

Son pocas las cooperativas y son las más grandes que trabajan con cierto apoyo técnico, la mayoría lo hacen de manera rudimentaria, por lo mismo sin garantizar efectos de sostenibilidad, menos de cuidado del medio ambiente y de seguridad industrial, ahora develándose el hecho de que no reconocen el derecho de asalariados, que trabajan en varias cooperativas. Las cooperativas crecieron desproporcionalmente hasta convertirse en un factor de cierto poder, incluso en abierta competencia con los asalariados, de ahí que surgieron y esto se reconoce, los intereses políticos, que ahora cobran como dicen unos o pagan como lo observan otros, la factura de la concomitancia politiquera.

El conflicto cooperativo minero tendrá que minimizar su efecto de confrontación bajo condiciones de diálogo, despolitizando las puntiagudas aristas existentes y limando asperezas de orden social, para retomar el único camino de beneficio que se da con el trabajo y el respeto a las leyes vigentes, sin presiones y sin violencia.