Jindal Steel and Power (JSP) califica al gobierno de Evo Morales de “anti-inversionista” y de cazador de inversionistas extranjeros. Además anuncia que recurrirá a las vías legales exigiendo el pago de daños ocasionados a la firma.
La “acción penal” en contra de sus ejecutivos, encabezados por Vikrant Gujral, Vicepresidente de Jindal Steel and Power “demuestra que el gobierno de Bolivia maltrata y persigue a los inversionistas extranjeros que han introducido millones de dólares en la economía de Bolivia”.
La firma india anuncia que “mediante la vía legal que corresponda ejercitaremos nuestro derecho al pago de todos los daños y perjuicios relacionados con el Contrato de Riesgo Compartido”.
Así señala el comunicado que desde la casa matriz en Nueva Delhi fue divulgado por la firma india, ratificando que el 16 de julio “dio por terminado el Contrato” y afirmando que “la rescisión viene a raíz del fracaso del gobierno de Bolivia y sus instituciones gubernamentales para resolver sus incumplimientos o infracciones”.
Con la certeza de que “no se nos trata como amigos de los bolivianos, sino como a delincuentes”, desde la India la empresa señala que “ esta actitud del gobierno de Bolivia aleja toda presente y futura inversión de capitales en Bolivia”.
Además puntualiza que “la falta de seguridad jurídica estamos seguros que ahuyentará a inversionistas extranjeros”.
Por otro lado, asegura que la filial boliviana de la siderúrgica india “realizó la inversión comprometida de 600 millones de dólares”, asegurando que “no” estaba obligada porque los predios no estaban completos. Sin embargo, el compromiso del empleo de ese monto fue anunciado el año pasado, con el plazo perentorio de abril del 2012.
La intención de rescindir el contrato fue comunicada por Jindal Steel Bolivia el 8 de junio, “debido a la falta de solución por parte del gobierno” a los puntos planteados el 8 de marzo, detalla el comunicado.
Entre los incumplimientos, la firma india señala el gas natural, asegurando que por contrato “el gobierno de Bolivia y la ESM tenían la obligación de asegurar y garantizar la firma de un contrato de suministro de gas natural necesario para el proyecto en un plazo de 180 días después de la firma del contrato, algo que el Gobierno de Bolivia ha fallado incumpliendo al comprometer únicamente 2,5 MMCD de gas frente a la necesidad total de 10 MMCD a partir del 2014”.
Los 180 días que aduce Jindal ya pasaron hace años, pues, el Contrato de Riesgo Compartido fue suscrito en septiembre del 2007. Y aun cuando se hubiese tomado la fecha de inicio del proyecto, igual éste ya ocurrió en años pasados.
Otro infracción del gobierno y de ESM como socios del riesgo compartido es que “ hasta la fecha no han realizado la entrega del área total saneada acordada en el contrato para la creación del proyecto siderúrgico integrado”.
Sin embargo, se debe recordar que en más de una ocasión funcionarios de jerarquía de Jindal participaron en pomposos actos de entrega y recepción de tierras. Esto ocurrió en abril del 2009, luego en septiembre del 2010.
Al finalizar, el comunicado de Jindal Steel and Power reitera que “debido a la actitudes anti-inversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero por parte del gobierno de Bolivia, sus Ministerios y la ESM, Jindal Steel Bolivia no tenía otra alternativa más que rescindir el Contrato de Riesgo Compartido”. //JTI//
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