La empresa Jindal Steel Bolivia (JSB), que debía desarrollar el proyecto de explotación del hierro del Mutún, debe pagar los 36 millones de dólares por las dos boletas de garantías, antes de abandonar el país, señaló el Gerente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Ricardo Cardona.
“Nosotros queremos que la Jindal se vaya de Bolivia feliz con una carta de recomendación para invertir en otros países. Además debe pagar dos boletas de garantía de 36 millones de dólares”, dijo en una entrevista concedida al programa “No Mentiras” que se difunde por PAT.
Cardona fue más allá, al señalar que la Jindal debería pagar los $us 600 millones comprometidos por no haber invertido en el país.
“El error fundamental de Jindal es que no han invertido nada en Bolivia, debía haber invertido 600 millones de dólares en plantas de concentración, plantas de hierro esponja, acerías o laminadoras, pero lo cierto es que no hay esa inversión tangible y real en el Mutún y si no hay esa inversión la Jindal nos debería esos 600 millones de dólares por no haber invertido”, sostuvo.
El martes pasado, la Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de la Jindal Steel & Power abandonó el proyecto de explotación de hierro del Mutún por la falta de provisión de los 5.2 millones de pies cúbicos por día de gas, mayor extensión de tierras en el yacimiento, además de dejar sin efecto los procesos legales contra los representantes de la empresa y el cobro de dos boletas de garantía impuesta por la ESM.
Consultado sobre estas demandas, Cardona aseguró que “ha habido problemas pero la Jindal ha exagerado”.
Explicó que la ESM cedió 6.000 hectáreas que abarcan todo el cerro más los terrenos para la siderurgia. Asimismo, dijo que hubo un preacuerdo para que YPFB de 2.5 metros de pies cúbicos por día para producir 1 millón de toneladas de acero.
La ESM y la JSB firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún. De acuerdo con el pacto, la JSB debía invertir 2.100 millones de dólares (600 millones en los dos primeros años).
Según el último comunicado de Jindal, el Gobierno maltrata y persigue a los inversionistas extranjeros que han introducido millones de dólares en la economía de Bolivia y que están brindando oportunidades de empleo a miles de trabajadores con la mejor intención de desarrollar la industria en Bolivia.
“No se nos trata como amigos de los bolivianos, sino como a delincuentes. Creemos que esta actitud del Gobierno de Bolivia aleja toda presente y futura inversión de capitales en Bolivia, ya que la falta de seguridad jurídica estamos seguros que ahuyentará a inversionistas extranjeros”, indica la nota.
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