Motivaciones especiales en cada caso, pero bajo una posición más política que técnica en los hechos recientes que han sacudido a la minería nacional se impuso la presión social, antes de extremar los recursos del diálogo, raciocinio y comprensión entre las partes en conflicto, para evitar un colapso del sector productivo minero que se verá disminuido y quedará impregnado del estigma de la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica.
Si bien no se definió propiamente la forma operativa de la salida de empresas mineras del país, el anuncio de los ejecutivos de esas compañías afectadas nos hace ver que en nuestro país predominan las condiciones sociales, la presión sectorial y se toman decisiones bajo esos factores que cada vez le quitan más garantías legales a los convenios de productividad en el complejo sistema de la minería nacional, lo que repercutirá en el futuro inmediato cuando se necesite de inversiones externas para encarar los mega proyectos de la minería del litio e inclusive la del hierro o los yacimientos de Mallku Khota.
CONTRADICCIONES
Una serie de análisis, apreciaciones y críticas muestran varias y grandes contradicciones en lo que corresponde a la minería boliviana, por una parte la otrora poderosa empresa estatal minera, Comibol en la actualidad, después de un quinquenio en que se le restituyeron ciertas competencias, todavía no ha logrado definir sus líneas de acción, las que en criterio de profesionales en la materia deberían comenzar por la exploración de nuevos yacimientos mineros.
Resulta que la estatal minera carece de los recursos necesarios para encarar ese plan prioritario y eso se observa en el hecho de que se siguen explotando las viejas minas en las que los mineros, generalmente cooperativistas, están arañando unas pobres vetas para poder subsistir.
Hay algunas empresas, como el caso de Huanuni con casi cinco mil mineros y que a ritmo acelerado le van restando capacidad al reservorio que en cuestión de algunos años más (nadie se aventura a decir cuántos) tendrá que ejecutar un plan de diversificación hacia otros minerales para permitir que ese distrito al que se incorporará un moderno ingenio, permita que siga la actividad minera.
Corocoro es otro de los viejos yacimientos, este específicamente de cobre que está siendo administrado por la Comibol, pero todavía con una serie de limitaciones y la contraposición de sectores comunitarios que interfieren sus operaciones, aunque no se habla mucho del asunto.
Ahora le tocó el turno a Colquiri, donde las operaciones con un determinado número de mineros asalariados ha estado produciendo a ritmo regular sin mayores inconvenientes, hasta que el interés de algunos cooperativistas fijó su vista en los parajes interiores, reclamando ahora el derecho de trabajar en las mismas condiciones que los experimentados mineros con salarios regulares.
No se dijo claramente cuál será la solución, pero ya se vislumbra que como en el caso de Huanuni se autorice la incorporación de un millar o más de mineros que cambiará el ciclo productivo de esa mina, pero satisfaciendo al grupo que hace mayoría y que originó el problema. La empresa privada todavía encontró algunas opciones para salvar esa contingencia, pero prevalecía el criterio de renacionalizar Colquiri, que ya en otro proceso corrió esa misma suerte.
Pero hay otras instancias que hacen más compleja la situación y remarcan las condiciones de abierta contradicción, como el caso de saber que el país posee importantes yacimientos mineralizados, pero no hay recursos financieros para encarar su adecuada prospección y lo más grave tampoco existen recursos humanos profesionales que se encarguen del desarrollo de esos proyectos.
Hay lógica en el hecho, primero que los pocos recursos humanos logran muy buen acomodo en las operaciones de países vecinos donde son bien pagados y se reconoce su alto nivel profesional, algunos ingenieros metalurgistas del país y graduados en la FNI de Oruro están prestando servicios en Australia y en otros países, por supuesto desarrollando sus aptitudes sin los riesgos que implica trabajar en un país donde no hay garantías ni seguridad jurídica.
Tensa situación
La situación es realmente tensa, los conflictos están siendo solucionados como alguien dijo "a vuelo de pájaro" y eso significa que estructuralmente no se han producido mejoras en el sistema administrativo de la minería que seguirá siendo un problema con serias derivaciones, en tanto no se definan las reglas claras de juego que no pueden ser otras que las que se presenten como una nueva Ley Minera, pero esperando que tal normativa establezca condiciones favorables a la producción que comienzan con inversiones para explorar, prospectar y sostener la habilitación de cualquier proyecto hasta la fase de su explotación, que tratándose de proyectos de magnitud pueden demandar varios años de preparación, situación que deberá estar plenamente respaldada para que no se incurra en errores que alteren los planes por la mala interpretación que comunarios originarios hacen de un precepto constitucional sobre tierra y territorio, el suelo y el subsuelo.
Colquiri, El Mutún, Mallku Khota, en la mira gubernamental, cuál se va primero, quién le sigue y quién sabe alguien se salve, pero en un clima de total incertidumbre que está socavando el prestigio y la imagen de un país que como el nuestro necesita de un entorno de seguridad para que se cumplan las leyes y se garantice el desarrollo de todos los proyectos productivos, en especial los de la minería.
Medios – Agencia Uru
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