El Gobierno abrió la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la explotación minera en el norte de Potosí, después de que la canadiense South American Silver concluya los trabajos de prospección, que, según los habitantes de la región, comenzaron durante la primera gestión presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Después de justificar el ingreso de empresas extranjeras al país y citar al líder comunista ruso Lenin, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que son pocas las comunidades indígenas de Potosí que se oponen a los trabajos de exploración y existe una mayoría, cinco según un convenio firmado con el Ministerio de Minería, que está de acuerdo, y luego de este proceso se puede pensar que la explotación pase a manos del Estado boliviano.
Previamente, el ministro de Minería, Mario Virreira, reiteró que no se negociará la explotación ilegal de oro en Mallku Khota y menos con los indígenas que supuestamente se encuentran en la marcha. "No vamos a poder negociar bajo ningún punto de vista que se mantenga esa explotación irregular que en este momento existe en el lugar".
En el cerro en disputa se encontraron minerales como oro, indio y plata. Al parecer, se trata de un yacimiento incluso cuatro veces mayor que el de San Cristóbal, considerado hasta el momento una de las más grandes reservas mineras del hemisferio occidental, según un trabajo de la investigadora Cristina Lipa Challapa, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca).
Para el Gobierno, está claro que quienes se oponen a la exploración son los comunarios que explotan ilegalmente el oro y ya contaminaron el agua de la zona. Esa labor ilegal representó un ingreso adicional de unos 500 dólares, que se cobra a quienes pretenden trabajar en el lugar.
El lunes 28 de mayo se reunieron representantes de al menos cinco ayllus de Mallku Khota con autoridades del Ministerio de Minería para demandar al Gobierno que garantice el trabajo de la empresa, mayor seguridad y presencia policial para evitar agresiones de las personas que se oponen al proyecto y de supuestos cooperativistas, que extraen oro.
Debido a los enfrentamientos que se registraron y al estado de tensión que persiste en el lugar, el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, solicitó la militarización de la zona para evitar que se registren mayores hechos de violencia entre quienes piden la salida de la empresa extranjera y los que están de acuerdo.
El Gobierno dijo que no se realizó la consulta a los indígenas porque no es necesaria en la fase de exploración
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