La historia de la explotación minera en Perú es definitivamente traumática, como demuestra el conflicto de Cajamarca, una región dislocada de los polos de desarrollo del país, sumida en la extrema pobreza y con enormes problemas sociales como la trata de personas y la esclavitud.
El columnista del diario peruano La República, Raúl Tola, considera que el diálogo en la región “es impostergable porque nuestra legislación minera es obsoleta y necesita y adecuarse a los estándares internacionales vigentes, retirar la factura de los estudios de impacto ambiental y entregársela al del Ambiente”.
En un artículo titulado “El parteaguas de Conga”, Tola recuerda que la historia de la minería en Perú “es un ejercicio triste desde la época de la Colonia, donde los nativos eran esclavizados en Potosí, Cerro de Pasco o Castrovirreina a través del sistema de la mita, para extraer oro, plata y mercurio con las manos, pasando por la explotación del salitre que generó las tensiones que desencadenaron la guerra con Chile, hasta el monopolio de Minero Perú creado por el Gobierno militar de Juan Velasco, y responsable de los peores pasivos medioambientales de nuestra historia. Por ello, la actividad extractiva se ha hecho merecedora de una perversa fama que la persigue hasta nuestros días”.
Explotación e informalidad
En los últimos años, las grandes mineras han hecho enormes esfuerzos por revertir la imagen descrita por Raúl Tola. Contra ellas conspiraron lamentables catástrofes como el derrame de mercurio en Choropampa en 2000, que causó el envenenamiento de 1.200 comuneros, pero también la indiferencia y los flagrantes abusos cometidos por algunas de las empresas más significativas y poderosas.
El caso emblemático es Doe Run -recuerda el diario La República- que además de insuflar plomo en el aire de La Oroya, y por tanto en los pulmones de sus pobladores, abusó una y otra vez de las facilidades y excepciones ofrecidas por los subsecuentes gobiernos, y hasta hoy se muestra incapaz de ajustarse a los presupuestos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.
“Esto por no mencionar denuncias como las que afrontó Shougang por los reiterados atropellos a los derechos de sus trabajadores”, agrega Tola.
El panorama de la minería peruana se enreda aún más cuando se toma en cuenta otro factor: la minería informal, que atenta contra la propiedad privada, depreda el medio ambiente y corrompe funcionarios.
“No dudo de que detrás de la movilización contra el proyecto Conga de la minera Yanacocha, que paraliza parcialmente Cajamarca, hay móviles políticos. Las dinámicas sociales que generan protestas como ésta son complejas y nunca faltan los políticos advenedizos y los radicales que se aprovechan de ellas. Pero también es cierto que las preocupaciones que genera la minería en el Perú son legítimas, y tienen asidero”, apunta el periodista Raúl Tola.
Sin embargo, la semana pasada el presidente Ollanta Humala ratificó la decisión de su Gobierno de apuntalar el polémico proyecto Conga pese a la resistencia social, y dijo que está condicionado a garantizar el suministro de agua a Cajamarca, donde su ubica. Humala justificó la decisión en una nueva relación con las actividades extractivas, al servicio del desarrollo humano y las metas oficiales de inclusión social, tras más de seis meses de suspensión del proyecto por resistencias sociales.
Indicó haber recibido de la empresa minera su aceptación de las nuevas condiciones ambientales y sociales planteadas por el Gobierno para viabilizar el proyecto, recomendadas por un peritaje internacional al estudio de impacto ambiental.
“Pero ello no garantiza la solución del conflicto. Humala debe dialogar con los peruanos no sólo con Newmont”, añade Tola.
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