No existen incentivos para atraer renovadas inversiones en minería

El problema data de hace muchos años atrás, tantos que en el sector estatal no se han hecho nuevas inversiones y las minas en explotación son las que siguen dando su riqueza desde el tiempo de los barones del estaño, por lo menos así lo establecen los datos que se confirman cuando se menciona a la Comibol, la estatal minera que desde 1952 no hizo ningún descubrimiento de nuevos yacimientos.

La señal importante es que, los ricos yacimientos, como en el caso de la plata en el Cerro Rico de Potosí, aún siguen en explotación, otro tanto sucede con el portentoso Posokoni en Huanuni que sigue siendo fuerte proveedor de materia prima para la Fundición de Vinto, lo mismo que Colquiri y otros distritos menores que datan de la década de los 50 o antes y todavía tienen "valiosas vetas"

La producción minera de nueva generación, por así llamar a la más moderna, ha sido implementada por el sector minero mediano privado, que opera varios proyectos en la jurisdicción de Potosí, sobresaliendo el último de esos emprendimientos, como San Cristóbal. En Oruro el último proyecto minero privado fue el de Inti Raymi con trabajos en La Joya y en Iroco, para la extracción de oro, después no hay ni atisbo de otro que tenga significación departamental.

Muchos son los anuncios que se han hecho de inversiones para la minería, pero en los hechos algunas concesiones de "urgencia" se cumplieron bajo la figura de fideicomisos para "salvar" contingencias en la minería estatal, particularmente en el caso de Huanuni, por lo demás no hay avances en proyectos de prospección y por lo mismo no hay actividad técnica de exploración debidamente planificada con posibilidades de concretarse en yacimientos renovados.

Concretamente, no existe una política minera que establezca prioridades y defina las mejores condiciones para atraer inversiones, reconociendo que no es la mejor opción confiar en las que pueda disponer el Estado, que en todo caso tiene puesta la mirada en los megaproyectos del litio, por una parte y del hierro más adelante.

En las condiciones actuales con una reducida acción separada del porcentaje que se dispone para gobernación o municipio, es prácticamente imposible encarar proyectos de exploración. Un ejemplo real, es el caso Mallku Khota que avanzó en parte de exploración con trabajos de una empresa privada, obligada a dejar sus operaciones ante la presión de comunarios de la región opuestos a la minería. Pese a los datos preliminares y una posibilidad de explotar un rico yacimiento, la Comibol no puede aún encaminar Mallku Khota hacia su producción que al efectivizarse será otra fuente de ingreso para Potosí.

LOS IMPEDIMENTOS

Una encuesta del Instituto Fraser de Canadá que recoge y publica la Fundación Milenio refiere que "la inseguridad jurídica y los altos impuestos, no solo reducen la competitividad de la minería boliviana, sino que son barreras formidables para captar el interés de las compañías internacionales".

Nada más cierto y considerando que es un tema obviamente delicado, debería merecer un tratamiento especial para evitar que esos dos problemas sigan siendo un cuello de botella que perjudica al desarrollo de la minería nacional carente de incentivos claros, como ocurre con la abierta competencia que desarrollan países vecinos en materia de captar grandes inversiones y ejecutar iguales proyectos que debidamente respaldados permiten un abierto crecimiento económico, como ocurre en los casos del Perú, Chile, Argentina y un poco más al norte los casos de Ecuador, Colombia y México, países en los que se disponen de leyes apropiadas, disposiciones regulatorias que garantizan las inversiones con seguridad jurídica y además el cumplimiento recíproco de obligaciones por parte de los inversionistas.

Hay otros aspectos que ahuyentan posibles inversiones, el caso de avasallamiento a la propiedad privada, ocupación, retención y hasta incautación de equipos, maquinaria pesada y minerales obtenidos para su comercialización. La falta de aplicación de la Ley Minera que carece de reglamento y adolece de un sistema tributario definido y aplicado en condiciones acordadas por las partes interesadas.

Algo que debe tomarse en cuenta es que, si la Ley no funciona, difícilmente se podrá garantizar seguridades para inversionistas, porque la política tributaria seguirá ahuyentando capitales, ya que los empresarios mineros verán reducirse las opciones de rentabilidad en relación a sus aportes de capital y tecnología, además de mantenerse un proceso de marcada incertidumbre.

Lo que se menciona en la encuesta de minería 2017 del Instituto Fraser de Canadá es un hecho que no se desconoce y que al contrario de algunas otras opciones manejadas erróneamente en medios oficiales, estos representan una realidad inobjetable y por lo mismo bajo obligación de establecer modificaciones en la actual coyuntura, de modo que se trabaje seriamente en definir una verdadera política minera para encarar un proyecto minero de magnitud que comience por mostrar claras "reglas de juego", amparadas legalmente por normas prácticas de seguridad jurídica y programas tributarios reales que merezcan ciertos incentivos de atracción de capitales y no de presiones que ahuyenten capitales y tecnología, dos elementos que urge tener a mano una minería renovada, que se extienda en tiempo y espacio del tiempo inmediato.