Una Ley corta abre migración de contratos mineros Bolívar y Porco en inversión de Glencore y Comibol

Una ley promulgada recientemente consolida la asociación entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la suiza Glencore para hacer prospección y exploración en las minas Porco y Bolívar.

El contrato, que será modelo para futuros acuerdos, fija que Comibol tenga participación de 55 por ciento y la operadora de 45 por ciento. Expertos coinciden en que la nueva modalidad de participación no es rentable y aleja las inversiones.

Glencore debe invertir 723 millones de bolivianos en la prospección y explotación de las minas Bolívar (Oruro) y Porco (Potosí), según el contrato suscrito entre su filial Illapa (sucesora de Sinchi Wayra) y la Comibol.

El contrato fue aprobado por la Ley 386, promulgada en Oruro por el presidente en ejercicio, Álvaro García. La empresa suiza pagará además 30 millones de bolivianos al Estado, en tres cuotas, informó García durante el acto que fue transmitido por la televisión estatal.

"Compañero empresario hay que invertir, si quiere invertir más plata invierta. Métale nomás usted con la inversión", dijo García en Bolívar.

El investigador Henry Oporto, de la Fundación Pazos Kanki, señaló que está demostrada la participación estatal del 55 por ciento, lo que haría que la participación del Estado en la renta minera se sitúe entre el 83 y el 91 por ciento, dejando una utilidad neta tan mínima que impediría al operador privado hacer inversiones.

Similar opinión tiene el presidente de la Cámara Departamental de Minería, Javier Bellot, quien señaló que ninguna empresa querrá involucrarse si la rentabilidad es mínima y que este nuevo modelo de contrato desmotivará la inversión.

"No todas las iniciativas (mineras privadas) van a tener el mismo comportamiento de Glencore", dijo.

Por su parte, el exministro de Minería, Dionisio Garzón, dijo que es "una mala señal" para los inversores y que "la fiebre de rentismo en la región no va a permitir nuevas operaciones mineras". "Lo mismo está pasando en Ecuador y en Argentina", señaló.

Un par de días atrás, Oporto advirtió que en Bolivia podía ocurrir lo mismo que en Ecuador, donde la semana pasada, los ejecutivos de la compañía minera canadiense Kinross Gold Corp. –la quinta empresa de explotación de oro en el mundo– rechazó un contrato con el 70 por ciento de participación para el Estado en las utilidades y anunciaron su retiro de Fruta del Norte, un megaproyecto con reservas probadas de 10.000 millones de dólares.

Según Garzón, las cuatro empresas que actualmente operan en el país se mantendrán hasta recuperar su inversión o por falta de alternativas; pero no harán prospección. Dijo que hay tres empresas dedicadas a la exploración que mantienen oficinas en el país, pero sin operar pues están en espera de la nueva Ley Minera.



COMIBOL-ILLAPA, LA

PRIMERA MIGRACIÓN

DE CONTRATOS

La Ley 386, recién promulgada, autoriza el contrato de asociación entre la Comibol y la Sociedad Minera Illapa para la prospección, exploración, explotación y comercialización de concentrados de minerales en las minas de Porco (Potosí) y Bolívar (Oruro).

Se establece la migración de los contratos de riesgo compartido de la mina Bolívar y arrendamiento de la mina Porco al contrato de asociación en un plazo de 12 meses de transición, señala ABI.

La firma suiza, anteriormente a través de Sinchi Wayra, y ahora de Illapa, es la primera empresa en migrar de contrato, es decir, de riesgo compartido y de arrendamiento al de asociación.

Las inversiones serán ejecutadas en cinco años, indicó el presidente en ejercicio, Álvaro García, después de firmar la ley. Añadió que en la mina Bolívar, Illapa empleará 521 millones de bolivianos y los restantes 202 millones en Porco.

Para el exministro de Minería, Dionisio Garzón, la Constitución Política del Estado obliga a que los contratos mineros sean "duros", por tanto la nueva ley minera en revisión no podrá contener cambios drásticos. "La Constitución deja muy poco margen para flexibilizar las condiciones", dijo.