La actividad minera genera en conjunto para el país alrededor de 100 mil empleos directos y aporta con el 6 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo a las cifras proporcionadas por la Fundación Pazos Kanki.
El sector que representa el 35 por ciento de las exportaciones de Bolivia y el 95 por ciento de la minería existente en los departamentos de Oruro y Potosí, abrió un debate nacional en torno al sistema tributario ausente en el proyecto y el pago de las regalías por la explotación de los recursos naturales en los departamentos y municipios productores. Según fuentes privadas, el proyecto eliminaría la figura de las concesiones y obligaría a los operadores a suscribir contratos con una agencia oficial, lo que desincentivaría la exploración y la explotación de los yacimientos.
SIN TRIBUTOS
El proyecto del nuevo Código de Minería, que se ha trabajado en los últimos tres años, fue enviado al Ejecutivo sin el capítulo tributario, lo cual generará desacuerdos entre los sectores vinculados a la minería porque se le estaría quitando la “esencia misma” a la nueva legislación sobre la materia, dijo el especialista Henry Oporto quien calificó esta situación como algo “insólito” en declaraciones a EL DIARIO. En la comisión participaron representantes del Ministerio de Minería y Metalurgia, Asociación Nacional de Mineros Medianos, Cámara Nacional de Minería, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Corporación Minera de Bolivia y Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera.
“Es difícil entender la lógica de esta decisión política. Una norma de minería, que no fije el régimen impositivo en el sector, es una ley mutilada, carente de sentido. El corazón de toda legislación en materia minera es el tratamiento tributario que se dispensa a los agentes productivos. Cualquier empresario o productor que se involucra en la industria minera, lo primero que considera son los impuestos a pagar para invertir o no en un proyecto”, afirmó Oporto.
OTRAS VOCES
Dionisio Garzón, exministro de Minería, y Héctor Córdoba, expresidente de Comibol, expresaron criterios en relación a la decisión asumida por el ministro de Minería, Mario Virreira, de enviar al Ejecutivo el documento excluyendo el sistema de impuestos.
El 23 de julio reciente, el titular de dicha cartera de Estado, aseguró que “el tratamiento tributario minero ni las alícuotas y tributaciones del sector cooperativo “serán considerados dentro de la nueva Ley Minera”.
SORPRESA
Oporto informó que algunos integrantes de la Comisión Minera, que preside Humberto Rada, en su calidad de presidente de la Asociación de Mineros Medianos consultados sobre la determinación del titular del área expresaron su “sorpresa y desacuerdo”, debido a que dicha instancia “encomendó al ministro del área, Mario Virreira, entregar el proyecto íntegro sin excluir ninguna de sus partes y menos la impositiva que es la esencia misma de la estructura del documento”.
Explicó que, “aparentemente, el régimen de impuestos mineros sería tratado y definido por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas cuando se realicen las modificaciones a la Ley 843 de Reforma Tributaria”.
PRAGMATISMO
Garzón aclaró que si el Gobierno tomó la decisión de dividir en dos cuerpos legales las regalías y los impuestos “está en todo su derecho porque es el Ejecutivo el que finalmente debe tomar una decisión soberana” aunque fue claro al advertir que si se corta el tema tributario “será un mensaje muy negativo” para los inversionistas nacionales y externos.
Córdoba sostuvo que al proyecto no le corresponde tocar el tema impositivo sino el regulatorio. “Es muy difícil que un sector defina qué impuestos va a pagar y cuáles no, esto sería delicado y complicado para el Estado ceder esas competencias a los sectores”, dijo al señalar que “la posición del titular de Minería es la adecuada porque debe ser el Ministerio de Finanzas quien oriente y determine la línea impositiva”.
Señaló que en todo caso el Gobierno no permitirá una disminución de ingresos para el Estado. “Este debe ser una de las principales razones por las que se ha decidido optar por ese camino”, dijo Córdoba y aseguró que la posición del ministro Luís Arce “no es muy flexible”.
ANTECEDENTES
La Comisión de la Ley Minera comenzó a redactar el documento en marzo de 2011.
El proyecto de ley fue entregado por la comisión al ministro de Minería, Mario Virreira el 12 de julio de 2013.
La Fstmb informó a Radio Nacional de Huanuni que el último día, sin previo análisis, fue incorporado al proyecto el pago del 1% del Valor Bruto de Venta con destino al TGN bajo la figura de Impuesto Consolidado Cooperativo Minero dentro del “Régimen Tributario Consolidado para las cooperativas mineras”.
Ello significa que bajo un régimen simplificado se consolidan cuatro impuestos: IVA, RC-IVA, IT e IUE. La propuesta fue extensiva a la minería chica a través de un régimen simplificado que le permite pagar el 1% en sustitución al 37.5% que actualmente rige en minería para los actores mineros.
En la ley también se determina la eliminación del canon de arrendamiento del 1% que pagaban los cooperativistas mineros a Comibol.
De acuerdo al proyecto, el 80% de las regalías mineras van a las gobernaciones y el 15% para los municipios productores y 5% para el TGN.
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