Si hasta 2008 se contaban unas 490 cooperativas mineras en todo el territorio nacional, los datos de 2012 reportaban al menos 1.500 de estas organizaciones económicas.
Tras la crisis de Comibol en 1985 y la aprobación paulatina de un conjunto de leyes para el sector, las cooperativas mineras han pasado a tomar un rol protagónico con la mayor cantidad de concesiones y la mayor oferta de fuentes de trabajo, pero también, al presentarse como entidades sociales, con un bajo aporte impositivo y con un nivel precario de explotación de yacimientos mineros, sin tomar en cuenta los efectos ecológicos negativos.
Según artículo publicado en Petropress por Kirsten Francescone y Vladimir Díaz (investigadores del Cedib), bajo las nuevas modalidades, las cooperativas obtuvieron 514 de 879 (más de la mitad) de las concesiones mineras otorgadas desde 2008 y casi la mitad de la superficie (139 mil hectáreas) que éstas abarcan. Actualmente las cooperativas controlan el 11 por ciento de la superficie concesionaria del país
La gran mayoría de estas cooperativas se han asentado en La Paz y Santa Cruz, sobre todo en zonas auríferas. Las cooperativas tampoco hacen grandes aportes tributarios y sólo llegan a aportar la regalía minera. Debido a su “carácter social”, éstas no están alcanzadas por el Impuesto a las Utilidades de la Empresa (IUE) ni por la alícuota adicional a este impuesto, los cuales sí son pagados por la iniciativa privada y por el Estado.
En 2012, las cooperativas mineras exportaron 1.059 millones de dólares en minerales, pero sólo pagaron 44 millones en regalías.
Las cooperativas mineras también emplean a más de 112 mil trabajadores, lo que significa que en los últimos años casi el 90 por ciento de los trabajadores mineros está en cooperativas. Además, según la Organización Internacional del Trabajo, las cooperativas también generaban 300 mil empleos indirectos.
Otra característica de las cooperativas es su gran heterogeneidad, pues están desde las que cuentan con sólo 30 socios hasta las que tienen más de 1.000.
Trabajo precario
Otra característica es la precariedad en que se desenvuelven estas cooperativas. En el caso de Potosí y Oruro, las cooperativas trabajan en los viejos yacimientos de Comibol. Aunque cada vez cuentan con más tecnología y maquinaria perforadora, todavía hay casos en los que la extracción del mineral es manual.
Además, el 80 por ciento de las cooperativas no cuenta con ingenios para el procesamiento de los minerales, lo que supone un contacto directo con químicos de procesamiento con el consecuente riesgo para la salud y el medio ambiente. En el caso de las cooperativas auríferas, la situación presenta muchos riesgos por las posibilidades de derrumbes y por el empleo de mercurio para el lavado de oro, lo que trae consigo efectos en la salud y en el medio ambiente. De hecho, cada año son echadas más de 15 toneladas de mercurio en los ríos.
MALLKU KHOTA
Tras la expulsión de la transnacional South American Silver por parte de los comunarios, se produjo enfrentamientos entre trabajadores y cooperativistas mineros que pugnaron por el yacimiento.
COLQUIRI
El centro minero Colquiri, en manos de Glencore, fue tomado por la Cooperativa 26 de Febrero. Comibol terminó revirtiendo la concesión y otorgando la veta Rosario a los miembros de la cooperativa.
TEOPONTE
En julio de 2012, se desata un conflicto entre vecinos y miembros de la Cooperativa Relámpago por la demolición de obras. En el conflicto, con heridos y vehículos quemados, interviene Comibol.
SAN VICENTE
La mina San Vicente, de Potosí y concedida en contrato a Pan American Silver, es cerrada por comunarios y cooperativistas que exigían concesión minera.
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