La información relacionada con la actividad minera en el último tiempo muestra una realidad inobjetable que no puede disimularse con argumentos políticos y no técnicos. El efecto de cambios financieros en las potencias industriales del mundo, la del Norte, las de Europa y las asiáticas establecen sus condiciones particulares de acuerdo a sus directos intereses, sin tomar en cuenta y para nada los efectos de sus medidas en la economía de países como el nuestro y otros dependientes de la exportación de sus materias primas.
Un dirigente y exautoridad de nuestra minería que pasó por varios cargos y en proceso de bajada en lo que corresponde a jerarquía, persiste en señalar que la situación del descenso de los precios es coyuntural y que se espera para los próximos meses una recuperación en las pizarras internacionales.
Optimista posición que mantiene esperanzas en los niveles ejecutivos de la minería nacional, pero que se observa con preocupación en los sectores que tienen que ver con la producción cotidiana de minerales, tanto en la minería mediana y chica del sector privado, como entre los cooperativistas y los mineros asalariados del sector estatal, estos últimos que deberán compensar las bajas cotizaciones con una mayor producción en sus centros mineros.
Las informaciones son concretas, señalan "baja cotización afecta metales preciosos y minerales básicos", "disminuyó recaudación de regalías mineras en relación al año pasado", o comentarios como "el boom de precios ha terminado", "las materias primas bolivianas son menos requeridas en Asia"… son sólo una pequeña muestra del tratamiento real de un proceso preocupante para los emprendedores mineros.
Un reporte del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) confirma que en el primer semestre a nivel nacional, las recaudaciones por concepto de regalías mineras disminuyeron en relación a la pasada gestión debido a la baja en la cotización de los minerales. El registro actual es de 470 millones de bolivianos, en tanto que en el mismo periodo del año 2012 fue de 475 millones, lo que significa una pérdida neta de 5 millones de bolivianos.
Por otra parte, el principal ejecutivo de la Asociación de Mineros Medianos de Bolivia, Humberto Rada, mostró su preocupación señalando que el descenso de las cotizaciones de los minerales afecta tanto a los minerales básicos como a los metales preciosos, una situación inquietante para el sector. El fenómeno se explica con la desaceleración de la economía china que produce una caída en los precios de los metales base, como el estaño, plomo, zinc y cobre; en tanto en el otro sector "los síntomas de recuperación en la economía de Norteamérica ha hecho que los metales preciosos ya no sean un refugio" lo que repercute en la cotización de la plata y el oro".
Por otro lado, los analistas de la materia confirman que los precios de las materias primas que exporta Bolivia bajaron en el sexto mes en un 0,67 % respecto al mes anterior; y en un 5,8 % si se compara con el mismo mes del año pasado. El comentario de los expertos coincide al reconocer que "el extraordinario ciclo alcista de las materias primas (minerales) ha pasado". El índice general mensual bajó en junio por cuarto mes consecutivo, y en cinco de los seis primeros meses del 2013 se observó una baja en los precios de las materias primas.
Sin embargo, no todo es malo en materia de precios, el economista Rolando Jordán por ejemplo señala que las materias primas agrícolas y las forestales muestran alzas continuadas en junio respecto a mayo y con relación a los mismos meses de anterior gestión, lo que significa que el rubro de productos agrícolas mantuvo su escalada de precios sobre otros sectores que han bajado hasta en dos dígitos, el caso concreto de la minería. El resultado de ese análisis se reduce a confirmar las tendencias de un auge extraordinario en las tierras bajas del oriente del país y – quién sabe- el inicio de una crisis en las tierras altas del occidente del país.
Lo importante en este periodo es entender que se trata de un proceso cíclico, cierto, pero alentado por las condiciones especiales que se viven en cada uno de los países capitalistas desarrollados que tienen "el sartén por el mango", mientras las naciones en desarrollo y dependientes de la venta de sus materias primas están sujetas a esos vaivenes que se produzcan en las esferas de la gran economía productiva, con la que se podría competir, si se definen políticas estratégicas regionales, eso quiere decir de los países de la región para hacer un grupo fuerte de resistencia organizada para utilizar la riqueza de este lado como elemento imprescindible que demanden los grandes, pero que compren a precios justos y de manera sostenida, lo que garantizaría una economía equilibrada y un provecho compartido de alcance solidario.
En nuestro país hay necesidad de asumir políticas competitivas para el sostenimiento y el crecimiento de la minería, considerando que después del gas es el segundo sector de producción de divisas, fuentes de empleo, los impuestos y regalías para departamentos y municipios, aspecto que no puede manejarse con planes improvisados o con leyes y normas de presión sino con verdaderas políticas de seguridad e incentivos, lo que significa por un lado disponer de las garantías necesarias para las inversiones y la vigencia de un sistema impositivo que compita con los que rigen en países vecinos, una manera de hacer frente a las potencias que disponen arbitrariamente de nuestras economías.
La situación actual es reflejo del juego económico que produce la competencia de las grandes industrias y la manera de contrarrestar esa álgida situación es delineando una política estratégica en la minería, pero definiendo planes muy concretos que garanticen inversiones, aseguren capitales, incentiven nuevos emprendimientos y no los ahuyenten con impropias cargas tributarias. El asunto no es que sólo el Estado gane más, de lo que se trata es que los bolivianos sientan el beneficio colectivo del uso racional de sus riquezas naturales, como lo señala la CPE y no como plantean algunas autoridades de Estado, que han perdido la brújula del desarrollo creciente y sostenible del país.
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