El conflicto más reciente es el de Coro Coro, que data de 2010, por la explotación hidrometalúrgica, que representó para las comunidades más problemas.
Bolivia registra al menos ocho conflictos mineros de diversa magnitud, según datos proporcionados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y se ubica en el séptimo lugar, después de Colombia.
En toda la región hay en total 192 conflictos mineros y 286 comunidades afectadas, además de seis problemas transfronterizos.
DE DIVERSA MAGNITUD. De acuerdo con el informe proporcionado por el organismo regional, la mayor parte de los conflictos se refiere a problemas de contaminación y afectación de las comunidades donde se realizan los trabajos mineros.
Por ejemplo, cita la contaminación en el departamento de Oruro por parte de la transnacional Newmont, una de las empresas mineras de oro más importantes del mundo, que está en proceso de cierre de su proyecto "La Joya", luego de más de 15 años de trabajo que dejaron pasivos ambientales en las riberas del río Desaguadero.
Una de las medidas de cierre que adoptó la empresa fue dejar que el rajo de la mina se llenara de agua sin más medidas que la neutralización de la acidez. Otro de los conflictos se presenta con la empresa Minera San Cristóbal (MSC), de propiedad de la transnacional Apex Silver, que empezó a producir en 2007 plomo y plata, pero para operar trasladó a la población entera a varios kilómetros de la mina y proyectos de desarrollo, además de compensaciones económicas. Sin embargo, las comunidades aledañas han denunciado los impactos por el uso de las aguas subterráneas para las faenas mineras. Se calcula que hay 10 pozos para la extracción de agua que permiten a la empresa usar un promedio de 600 litros por segundo, situación que pone en riesgo las aguas que emplean las comunidades.
Uno de los problemas recientes que cita el estudio se refiere a la implementación del proyecto hidro-metalúrgico en Coro Coro, departamento de La Paz, que representó para las comunidades asentadas en la zona, la violación de múltiples derechos, "como el de la consulta previa, libre e informada, la usurpación de suelos, el desvío de aguas, las amenazas físicas contra dirigentes y la constante incertidumbre sobre la segunda etapa del proyecto".
Existen además muchas denuncias de los comuneros por fugas que ocurren en el proceso, como el accidente en el ducto que traslada los líquidos residuales al dique de colas, que habría ocurrido en mayo de 2010.
Según el estudio, este hecho no fue declarado ante la autoridad ambiental competente. Además, la geomembrana del dique de colas sufrió varios accidentes por infiltración y una rotura por mal manejo. "El análisis de los datos presentados permite deducir que la empresa y el pueblo están consumiendo el 79 por ciento del caudal total del río Pontezuelo, dejando tan sólo el 21 por ciento para la continuidad del cauce. Este porcentaje debe servir para su función ecológica y el uso de otras comunidades".
Otro dato que rescatan es que este consumo de agua es sólo con la mitad de su capacidad productiva y temen que una vez que llegue al 100 por ciento de capacidad, requiera el doble del volumen.
En los últimos diez años, el territorio de los Pacajes inició un proceso de reestructuración y reorganización denominado "proceso de reconstitución", lo que significa que este territorio pasó a formar un Suyu (territorio ancestral) con un sistema organizativo basado en la estructura y cosmovisión indígena-originaria, que tiene como uno de sus pilares centrales la dualidad de cargo. Eso significa que la autoridad principal es la dualidad conformada por el Jiliri Apu Mallku y su Mama T´alla, representantes de una de las parcialidades del Suyu, quienes además se complementan con el Arquiri Apu Mallku y su Mama T´alla como segunda autoridad y que representa a la otra parcialidad. De esta forma, las acciones son asumidos por las autoridades originarias correspondientes.
EL CONFLICTO MÁS ANTIGUO DATA DE 1910, POR LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA HUANUNI QUE GENERÓ DAÑO AMBIENTAL.
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