Por supuesto que nada está dicho oficialmente y no puede darse tal situación de manera abierta, pero sí de manejo subterráneo, cuando se observe con la claridad política del caso, el tema de las regiones y de sus gobernaciones con el Gobierno nacional.
Sólo para recordar, a fin de mayo cuando Bolivia comenzó un nuevo ciclo con la posesión de Gobernadores en lugar de prefectos y se dispuso así la marcha del Estado Autonómico, aunque su vigencia plena está aún muy distante en su aplicación pragmática, debido a las posiciones que han surgido en el ámbito regional, donde todavía las autonomías no funcionan.
Las Asambleas Legislativas ya se reúnen pero su poder de decisión aún está “en cuestión” debido a justificadas observaciones de la comunidad en torno a la aprobación de los cuestionados “estatutos” que no fueron aprobados en consenso entre los verdaderos representantes de departamentos, el caso de Oruro, que ahora tendrá que definir su vigencia autonomista, pero con reglas claras que sean reflejo de las necesidades de la población y no resultado de la presión partidaria que favorecía sólo a sectores “sociales” y no de la comunidad en su conjunto.
LOS RECURSOS
Lo que preocupa en función de asegurar el sostenimiento departamental, es el sistema de transferencia de los recursos, aspecto que puede resultar muy discrecional, por decirlo de una manera menos concreta, si se habla de la equidad con que deberían entregarse fondos para libre disponibilidad de cada Gobernación.
Parece que la “relación política entre una determinada gobernación y el Gobierno nacional” puede influir poderosamente en la transferencia de los recursos, que se supone no podrán ser recortados en su porcentaje asignado pero sí, segmentados en varias partidas o cuotas y en tiempos prolongados, con lo que igualmente se perjudicaría el avance de proyectos.
Vale la pena mencionar el tema debido a que cualquier alteración en el soporte económico para nuestra región, que sea segmentado y retrasado, ocasionará simplemente un desastre en los programas de ejecución de obras y concreción de los proyectos más importantes.
El otro asunto se relaciona de manera directa con las regalías mineras que por lo menos hasta el presente, deben ser administradas directamente en la Gobernación, aunque pase por la instancia del Servicio de Impuestos u otra de fiscalización especial.
Considerando la minería, como el sector productivo más importante del distrito, lo menos que se espera es el respeto a la autonomía regional y por tanto la libertad de distribuir sus recursos de la manera más eficiente, empezando por sostener planes de exploración minera y de explotación tecnificada para mejorar los índices productivos, inclusive con alianzas estratégicas que permitan contar con inversiones ineludibles para fomentar el crecimiento de la propia minería y la metalurgia y diversificar luego sus utilidades en impulsar los proyectos alternativos de la agro-ganadería, el turismo y la artesanía, habilitar luego los macroproyectos del Puerto Seco y el corredor bioceánico, el Parque Industrial y el fomento a la industria y el comercio legalmente establecidos.
En el marco vigente de distribución de regalías, se establece que los departamentos productores de hidrocarburos percibirán una regalía del 11 por ciento de su producción departamental fiscalizada. Se añade en la Carta Magna que los distritos no productores obtendrían una participación de esas regalías (hidrocarburos), en los porcentajes que serán fijados mediante ley especial. Hecho que seguramente tendrá especial tratamiento desde el punto de vista e interés de cada distrito en función de sus necesidades.
Una idea de lo que significa el ingreso por regalías hidrocarburíferas y mineras para cada región, se ilustra en una interesante infografía que pertenece a la Fundación Jubileo y que ilustra además el valor significativo de sólo dos rubros, hidrocarburos y minería y que representan casi el 42 por ciento del total que obtendrán por ingresos los nueve gobiernos departamentales. Se demuestra una vez más que el gas y la minería seguirán siendo el mayor aporte para el sostenimiento de la economía nacional.
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