El incumplimiento de contratos de empresas internacionales con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para el desarrollo de tareas de explotación en diversas áreas, bajo el sistema de “riesgo compartido” o alquiler, ha generado una postergación en la ejecución de cincuenta millones de dólares de los cuales sólo 4 millones de $us. fueron invertidos en el primer semestre 2010.
Un informe de la Comibol refiere que la baja ejecución es consecuencia de la paralización de cuatro importantes proyectos, bajo tuición de la estatal minera. Un primer caso se relaciona con la canadiense Atlas Precious que no pudo arrancar con el proyecto de Karachipampa. El Gobierno aplicó la sanción de cobro de la boleta de garantía y finalmente la Atlas decidió postergar su trabajo, aduciendo por su parte falta de inversión del Estado Boliviano en proporción porcentual con la canadiense. Ese megaproyecto está paralizado.
Una cosa parecida aconteció con el tema del Mutún. En este caso la firma india Jindal demandó cumplimiento de convenio al Gobierno nacional que no le entregó oportunamente el total de hectáreas asignadas para desarrollar su operación, en respuesta el Ministerio de Minería ejecutó boletas de garantía y aunque se habla de un arreglo “de caballeros” entre la Jindal y el Gobierno nacional se deja traslucir un ambiente de incertidumbre que ojalá pueda ser revertido.
Otro de los grandes proyectos paralizados y en el que no se cumplió la inversión anticipada es el de explotación del litio en el salar de Uyuni, que comenzó con recursos estatales para instalar una planta piloto de extracción de carbonato de litio, que debía insumir más de 8 millones de $us. para dar paso luego a la inversión externa. De momento no se ha definido aún cuál será el socio estratégico para la millonaria operación.
Finalmente otro proyecto en el que el Estado tenía que invertir fue la habilitación de un moderno ingenio en Huanuni que no llegó a la fase de adjudicación por tanto no se hizo inversión, pero se posterga el proyecto de tratamiento de miles de toneladas de estaño para su venta con mejor ley a la Fundición de Vinto – Oruro.
Como se puede observar se trata de cuatro proyectos mineros estratégicos que no avanzaron en la medida de su proyección debido a desacuerdos entre los socios, empresas y Gobierno, además al incumplimiento de ambas partes en los convenios vigentes, hechos irrefutables comprobados en el curso de las negociaciones de “avenimiento” después de las etapas de crisis que alteraron el avance de los proyectos considerados actualmente como los de mayor trascendencia, en función a inversiones y proyecciones de recuperación y de utilidades, tanto para el Estado, cuanto para las regiones mineras.
No se trata de factores meramente adversos o “casuales”, el análisis de expertos y las razones de las pruebas señalan que existen “causales” de orden administrativo en el Ministerio de Minería y en la Comibol que facilitaron -de algún modo- la trasgresión a los contratos en curso, incumplieron las dos partes, una en mayor grado que la otra, pero al fin existieron fallas que ahora deberán ser subsanadas para mejorar la inversión en proyectos mineros.
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