Casi siempre las determinaciones aprobadas bajo circunstancias especiales y con la presión de sentimientos particulares, sin un análisis frío de la situación y las perspectivas del uso obligado de nuestros recursos naturales, nos lleva a situaciones complejas, como la de aplicar ciertas normas y luego anularlas y sustituirlas por otras más prácticas y realistas.
No se trata del desconocimiento paralelo de leyes en vigencia, como la del “medio ambiente”, pero sin coordinación con la normativa impresa en la nueva Constitución y que a su vez tendrá que ser modificada seguramente con una reglamentación, para no interferir las imperiosas e ineludibles tareas de prospección petrolera –de momento– y las de orden minero por obligada analogía en materia de explorar y explotar recursos naturales en nuestro país.
Sucedió tiempo atrás, cuando se iniciaba la operación minera de Coro Coro para recuperación de cobre, con una importante inversión y favorables perspectivas de producción, pero además se habló también de realizar una prospección petrolera en una zona del norte paceño e igualmente los comunarios originarios de la región, asumieron defensa del medio ambiente pero sin proponer proyectos sustitutivos.
Fue el propio presidente Evo Morales, que dándose cuenta de la vigencia de una “normativa” por la que existe la obligación de “consultar” con los originarios la posibilidad de efectuar proyectos mineros o petroleros, muy molesto encaró a los reclamantes, insinuando que “quienes se oponen a la explotación de los recursos, deben hacerse responsables de la economía nacional”… palabras más o menos en la frase, denotaban una decisión de efectuar cambios en la disposición sobre el tema, para no perjudicar el avance de proyectos que le significan al país, ingresos y fuentes de empleo.
Ahora último se han producido nuevos conflictos y dicen los ambientalistas que “está en duda el respeto a la norma ambiental”, sin embargo desde el Gobierno las explicaciones son concretas al señalarse que “no puede detenerse la ejecución de grandes proyectos de desarrollo”.
Frente a la realidad presente, se ha sugerido en los niveles de Gobierno aplicar correctivos a la normativa, seguramente a través de una reglamentación expresa, mientras tanto se buscarán mecanismos para “simplificar” los trámites relacionados con licencias ambientales y la fase de consulta obligatoria a los pueblos indígenas y originarios en torno al desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales.
Las normas medioambientales deben cumplirse, pero paralelamente deben disponerse mecanismos que no interrumpan los proyectos que significan para el país y las propias regiones, primero que nada, fuentes de empleo y como resultado de explotar los recursos naturales, el retorno económico a través de impuestos y/o regalías que impulsarán planes de diversificación productiva.
Son dos cosas que sólo merecen normativas pragmáticas y no trabas de orden burocrático, así lo explican las propias autoridades de Gobierno.
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