jueves, 2 de mayo de 2013

EN LOS CONFLICTOS MINEROS Avasallamiento ya es un delito

El presidente Evo Morales promulgó ayer dos leyes a favor de la minería: la Ley 367, por la cual se incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal, y la Ley de Autorización de Suscripción de Contratos Mineros, que autoriza a la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera rubricar convenios a nombre del Estado boliviano con actores productivos relacionados con ese sector.

La Ley 367, promulgada ayer, incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal y que establece una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen recursos mineralógicos sin autorización de la Corporación Minera de Bolivia.

“La Ley 367 incorpora en el Código Penal, de tipos penales, los avasallamientos en áreas mineras, explícitamente, expropiación ilegal de recursos minerales, venta o compra ilegal de recursos naturales”, anunció ayer el Mandatario en su discurso por el Día de Trabajador en la plaza Murillo en La Paz.

Explicó que esa norma coadyuvará con el proceso de regularización de la minería informal y, también, reducir la minería ilegal en el país.

Según fuentes oficiales, en los últimos ocho años se registraron en Bolivia al menos 200 tomas ilegales de yacimientos por parte de campesinos, indígenas o cooperativistas, como consecuencia del buen momento de la minería en el mercado internacional.

A causa de estos avasallamientos a minas en actual explotación se han producido enfrentamientos sobre todo entre cooperativistas mineros y campesinos, con muertos y heridos, es el caso de Mallku Khota y Colquiri.

El 26 de abril pasado, la Cámara de Senadores sancionó la Ley de Avasallamiento Minero, que establece sanciones desde dos hasta cinco años de cárcel para los incitadores a avasallar.

El objetivo de la nueva norma es dar garantía de hacer una explotación minera, “ya no hay las posibilidades de hacer una inversión en explotación no sólo en el sector minero cooperativizado, sino también para la minería estatal, la privada y la explotación de los hidrocarburos”.

Convenios

El Presidente también promulgó ayer la Ley de Autorización de Suscripción de Contratos Mineros, que autoriza a la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera rubricar convenios a nombre del Estado boliviano con actores productivos relacionados con ese sector.

“Esta Ley faculta a las autoridades jurisdiccionales, administrativas mineras a suscribir contratos mineros a nombre del Estado con los actores mineros, contratos presentados por las cooperativas mineras y otros actores mineros”, apuntó Morales.

De acuerdo a la nueva norma, el Ministerio de Minería será el encargado de elaborar el procedimiento para la suscripción de contratos mineros, que serán aprobados mediante decreto en un plazo máximo de 30 días.

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