La Contraloría General del Estado pretende iniciar una auditoría a las autoridades del Ministerio de Minería, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y otras por indicios de responsabilidad solidaria en el caso de salarios elevados de mineros en Huanuni.
El pasado 15 de abril el Presidente Evo Morales anunció que pedirá a la Contraloría que audite a Huanuni, debido a que en la empresa más de 450 trabajadores perciben salarios de 15.000 hasta 50.000 bolivianos, según la planilla de sueldos de marzo de este año.
"Se analizará la acción u omisión de cada uno de los servidores públicos, en la auditoría nosotros evaluaremos quién recibió recursos, quién los administró, cómo se los dispuso. En estos casos la norma dispone la investigación por indicios de responsabilidad solidaria", informó el subcontralor de Servicios Legales de la Contraloría, Edino Clavijo.
Sin embargo, explicó que sería "irresponsable" adelantar si hubo o no daño económico en la minera estatal, "todo dependerá de la documentación que se haya remitido a la Contraloría", aseveró. Según la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco) 1178, los sujetos a investigación por omisión son los servidores públicos; también las personas naturales o jurídicas privadas, cuando a raíz de un contrato ocasionan un daño con recursos del Estado (...).
Existen indicios de responsabilidad civil solidaria cuando varias personas resultan responsables del mismo hecho que hubiera causado daño al Estado; por ejemplo, cuando la máxima autoridad ejecutiva dispone el pago de "bonos u otros gastos" al margen de la norma; además, cuando no se haga notar la ilegalidad del pago, señala la Ley 1178.
TRABAJADORES
Los trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni determinaron en una asamblea no cobrar el sueldo de este mes, para contrarrestar las pérdidas que dejó el paro indefinido que acataron durante diez días por mejores rentas de vejez, anunció el representante de Huanuni a la Central Obrera Departamental (COD), Juan Carlos Huarachi. Por su lado, el Gobierno denunció que por día de paro se perdió medio millón de dólares.
Clavijo afirmó que hay distintas situaciones para establecer si hay o no daño económico. Por ejemplo, se debe determinar si los recursos provienen de una empresa mixta o pública, si hay bonificaciones extras que estén reglamentadas correctamente, si un decreto o una ley fijaron esos sueldos elevados.
"Un conjunto de personas puede ser responsable por el mismo daño económico, esto se analizará caso por caso, una vez que veamos la documentación", aseveró.
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