Intentos nacionalizadores

El anuncio del Primer Mandatario y la ratificación del Ministro de Minería y Metalurgia, del intento de nacionalizar algunas minas que actualmente están trabajando con modalidades especiales de contrato, llámense de riesgo compartido o arrendamiento, ha dejado un sabor amargo entre los productores mineros, sean estos inversionistas directos o subsidiarios de otras empresas que han aportado para mover la industria minera nacional.

Hablar de nacionalización -de minas- en un periodo en el cuál no se definen todavía las reglas de juego, porque un anteproyecto de ley minera está siendo analizado en algunas instancias, constituye un desatino, tomando en cuenta que cuando mejor imagen debemos mostrar al exterior, un discurso político y creemos distractivo, puede operar de manera negativa en los importantes consorcios mineros, que siguen debitando sobre la posibilidad de asentarse en nuestro país o hacerlo en alguno de los vecinos donde las seguridades son reales y los incentivos también.

Podríamos convenir en que la intención de "nacionalizar", esto quiere decir transferir medios de producción de particulares o en manos de estos al poder nacional, es parte de la política del partido gobernante, pero que no ha dado buenos resultados, ni siquiera en el campo de los hidrocarburos y que tampoco tendría efecto positivo en la minería, si se piensa en la Comibol como la empresa que debería asumir tan delicada misión, sin tener las condiciones para hacerlo… parece que el anuncio fue parte de un discurso coyuntural, para distraer la atención de sectores laborales en momentos de crisis y convulsión.

Pero hay más en el tema, pues el anticipo de la política nacionalizadora, en la actual circunstancia tiene otro ingrediente y es que de acuerdo al ministro de área, el asunto queda en consulta de los sindicatos, organismos que podrán decidir, si quieren o no pasar a manos del Estado para seguir trabajando.

Este hecho puede ser un despropósito que hace pensar sobre el valor de la autoridad gubernamental y la estrategia en la aplicación de medidas tan serias como una nacionalización, que por supuesto no puede decidirse por simple mayoría de votos sindicales.

Sin embargo, los sindicatos saben lo que les conviene y en esa línea ya emergió una primera respuesta y si no hay error, dos de cuatro sindicatos no quieren saber de una "transferencia de sus fuentes de empleo seguras con una empresa privada a la incertidumbre en la dependencia de la empresa estatal (Comibol), que no tiene suficiente capacidad para manejar las minas de alta productividad". El resultado final se conocerá antes del 1 de mayo.

Pero lo que queda en duda es el manejo imprudente, irresponsable y muy peligroso en la actual coyuntura económica del país, que necesita garantizar inversiones justamente en la minería, el rubro más importante y seguro para crear divisas y fuentes de empleo, sin poner en juego las seguridades que exigen los inversionistas y los productores.

No hay que olvidar tampoco, las experiencias de otras nacionalizaciones, que no han cumplido objetivos concretos en beneficio del país y al contrario lo que han logrado es aumentar las deudas del Estado boliviano con trasnacionales. No es bueno que las malas experiencias se repitan en la minería, en este caso y sin duda alguna, considerada como la "gallina de los huevos de oro".