Nuestra apreciación es muy clara como la de conocidos empresarios de la minería y de expertos que al conocer una última decisión del Gobierno, adelantaron criterios, mostrando que un plan de "nacionalización" de algunas minas bajo administración de empresas extranjeras, ocasionaría más dificultades que beneficios en la ya deteriorada imagen del país que necesita con carácter urgente garantizar las inversiones con plena seguridad jurídica, especialmente en el caso de la minería que necesita de fuerte aporte de capitales para salir adelante.
Se presentan figuras realmente complejas en el tema de recuperar "tuición" en las propiedades mineras, adecuando la situación a disposiciones contenidas en la nueva CPE y ajustando el procedimiento de la "migración" de concesiones a contratos especiales. Según la última posición gubernamental "se dejará en manos de los sindicatos" el planteamiento concreto de "reversión de propiedades mineras a poder del Estado", de modo que sean los trabajadores que asuman ese paso inicial de sugerir cuáles serán las minas por nacionalizarse.
El Gobierno expuso un criterio que apuntaba a las minas que operan bajo la administración de firmas extranjeras como el caso de San Vicente, Bolívar, Colquiri y Porco que administran la canadiense Pan América Silver y Sinchi Wayra, ésta última filial de la suiza Glencore.
Según el Ministro de Minería, el planteamiento es "recuperar las empresas estatizadas que pasaron al sector privado", pero se añade en la sugerencia que "se consultará con los sindicatos de – esas empresas - su decisión de pasar a la administración de la Comibol".
La respuesta ha sido inmediata y con diferencia no mayor a 48 horas los sindicatos fuertes de mineros asalariados de las empresas que operan en contratos especiales han señalado concretamente que "la nacionalización de minas se rechaza porque con tal medida se estaría poniendo en riesgo la estabilidad laboral"
Los pronunciamientos corresponden a los sindicatos de Colquiri y Bolívar y Porco, administrados por Sinchi Wayra y cuyos trabajadores dudan de la capacidad de la estatal Comibol para hacerse cargo de esas empresas que actualmente registran un importante repunte productivo.
La misma decisión e igual argumento prevalece entre los mineros de San Vicente que trabajan con el capital y la tecnología que trajo la American Silver. Son cuatro las empresas que estaban en la mira del Gobierno para "recuperarlas" y cuatro sindicatos consultados que lanzaron su respuesta contundente, rechazando cualquier nacionalización o proceso parecido, situación que además la reconoció como oficial el viceministro de desarrollo productivo Héctor Córdova, posición que no ha sido rebatida en el ámbito del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM).
Si hay nacionalización, se produciría el próximo 1ro de Mayo, en homenaje el Día del Trabajo. Empero no todo está dicho y dependerá del respeto que tengan las autoridades sobre la decisión de los trabajadores y sus sindicatos.
En todo caso y eso no es desconocido, evidentemente los trabajadores arguyen que sus fuentes de trabajo corren riesgo toda vez que la Comibol no tiene estructuración administrativa adecuada, carece de un sólido capital para enfrentar el reto de administrar varias minas de alto rendimiento, lo que se convertiría en abierta inseguridad laboral.
CUESTIÓN DE IMAGEN
Pero el problema no es sólo interno, cualquier determinación, denominada en el orden de posiciones como nacionalización, posiblemente reversión, tiene una connotación muy particular en niveles externos, donde se observan lo pasos políticos de los gobiernos y en tal función se aseguran más inversiones o simplemente se las ahuyenta.
Ese es el caso presente, de estatificar más empresas, sin poner en mayor riesgo la imagen política nacional, que por hechos pasados, o por la actual incertidumbre, o el futuro de dudas, nos coloca ante el lente externo como un "país problema" y bajo esa condición, es difícil pensar que mayores emprendimientos para la gran minería nacional quieran establecer sus bases en nuestro país.
Y lo cierto es que precisamos de capitales y transferencia de tecnología, de equipos modernos y presencia de elemento técnico que transmita a nuestros profesionales las experiencias del manejo de equipos y programas que hagan posible el desarrollo de la gran minería, en el marco del cuidado y respeto del medio ambiente.
Si hay algo que puede tranquilizar, por lo menos de momento, es la declaración del Ministro de Minería al afirmar que "se respetarán derechos preconstituidos al asegurar que si alguien ha realizado inversiones, estas son reconocidas por el Código de Comercio y la propia Constitución Política del Estado". Si las nuevas disposiciones se dieran en ese contexto, es posible armonizar una situación de seguridad para las empresas que operan en convenios especiales, como San Vicente y Bolívar que operan en riesgo compartido, mientras que Porco, Colquiri y otras lo hacen bajo contrato de arriendo, aclarándose en el nivel ministerial que lo que se plantea en esos casos es "una reversión al Estado y no una nacionalización". De momento la decisión estaría en manos de los sindicatos y por lo visto los cuatro, ya se pronunciaron rechazando su paso a la Comibol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario