El Gobierno mexicano solicitó apoyo técnico a expertos chilenos para el rescate de un grupo de trabajadores que quedó atrapado tras una explosión en una pequeña mina de carbón en el norte de México, de la que se han recuperado ya cinco cadáveres, informó hoy el secretario de Trabajo, Javier Lozano.
"En el transcurso de la mañana deben llegar expertos chilenos, ya que a través de la Cancillería contactamos al Gobierno de aquel país para que nos den su punto de vista, su asesoría y su asistencia en este caso", señaló Lozano en entrevista con el canal Televisa.
De la mina, ubicada en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, se han recuperado cinco cuerpos, a unos 60 metros de la entrada del pequeño yacimiento.
Un menor que operaba la canasta donde suben y bajan los mineros, identificado como Luis Fernando Lara Ruiz, resultó gravemente herido y le fueron amputados ambos brazos, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Guadalajara.
En las últimas horas fueron hallados los cuerpos de Juan Carlos Escobedo Chávez, de 36 años, y de Julio César Reséndiz Domínguez, de 28 años, que se suman a los de Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos e Isaías Valero Pérez.
En el interior permanecen atrapados todavía 9 trabajadores, de los que no hay señales de vida y "se presume lo peor", afirmó Lozano.
El funcionario indicó que dijo a los familiares de los mineros que no quiere "generar ninguna falsa expectativa de vida porque las condiciones no permiten albergar esa esperanza".
Lozano precisó que la mina, que consta nada más de un pequeño tiro vertical y pequeños túneles de los que se extrae el carbón, tenía solo 18 días de haber iniciado operaciones, pero sus propietarios no habían avisado a las autoridades de su existencia.
La mina se ubica en un terreno más amplio de 270 hectáreas, cuya concesión tiene a partes iguales el empresario Luis González Garza y la compañía Minera El Sabino, en representación de la firma Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Melchor González.
El ministro mexicano explicó que si bien la explotación del terreno le corresponde a los titulares de la concesión, en esta zona del país es común que las empresas celebren "una serie de entendimientos" al margen de la ley "con terceras personas" que construyen pequeñas minas, denominadas "pocitos".
Esos yacimientos irregulares tienen una vigencia "de apenas unos cuantos meses", por lo que la mayoría escapa al control de las autoridades y ni siquiera dan aviso al Gobierno de que empiezan operaciones.
De los 15 trabajadores que trabajaban en la mina al momento del siniestro, ninguno estaba dado de alta en el Seguro Social.
"Hay un vacío legal y un gran desorden", aseveró Lozano, y explicó que, conforme a las leyes mexicanas, la Secretaría del Trabajo de México no puede clausurar un centro de trabajo, así sea inminente el riesgo para los que ahí trabajaban, hasta que no se realicen al menos tres verificaciones posteriores.
Lozano señaló que "debe de haber" un proceso penal contra los propietarios y "todo tipo de sanciones" porque hay "una negligencia criminal", y afirmó que el ministerio que encabeza solo tiene 19 inspectores de trabajo en la zona, los cuales han realizado más de 4.779 inspecciones en Coahuila.
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