Una información que surge oficialmente menciona que la máxima autoridad del país mostró predisposición para "nacionalizar" varios distritos mineros, atendiendo el pedido de los sectores sindicalizados de la minería, este hecho ha causado cierta preocupación entre empresarios del sector productivo minero, considerando que "una vez más se pone en duda la seguridad jurídica nacional para respetar convenios vigentes é inversiones".
La referencia en cuestión señala que las minas que podrían ser estatizadas y que se encuentran actualmente bajo contratos de riesgo compartido u otras modalidades serían las de Colquiri y Porco ambas administradas por Sinchi Wayra que opera en riesgo compartido en Mina Bolívar también de Oruro, además de San Vicente en Potosí, que opera en riesgo compartido con la empresa American Silver y posiblemente otras como San Bartolomé y Manquiri, aunque no se habló de San Cristóbal.
Una primera reacción ante ese anuncio surgió en opinión del ejecutivo de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdoud, quien según una publicación de El Diario de La Paz, señala que "se están utilizando los recursos políticos para distraer los problemas de fondo de la economía del país". Añade el empresario privado que cuando se habla de nacionalizaciones o estatizaciones se está hablando de quitar la seguridad jurídica a los inversionistas, factor que se necesita en el tiempo presente para levantar la economía del país, según afirmó Dabdoud.
En criterio de empresarios mineros la inestabilidad de la política y la inseguridad jurídica han estado causando otros problemas, lo que tiene mayor efecto negativo cuando la prensa internacional anota que Bolivia, entre otras cosas, está entre los últimos países en lo que corresponde a la informática y la tecnología de punta en esa rama, atribuyéndose el hecho a la inseguridad jurídica y la incertidumbre reinante en el país.
Recientemente ha habido muchas especulaciones, especialmente relacionadas con el tratamiento de la nueva Ley Minera, instrumento normativo que al ser aprobado en las instancias que corresponda y luego de que su contenido sea debidamente consensuado entre las partes interesadas de manera directa en la producción minera podrá establecer las condiciones que se reclama, especialmente en lo que atañe a la seguridad jurídica anunciada en los niveles superiores pero incumplida permanentemente.
Algunos "trascendidos" periodísticos producen efectos negativos entre quienes están pendientes de una nueva Ley (la minera) y al mismo tiempo se comenta sobre intenciones superiores de "estatizar" la gran minería, lo que produciría con toda seguridad el retiro de empresas, la suspensión de otros proyectos y la migración de emprendimientos mineros hacia países (vecinos) donde las condiciones, justamente de seguridad, estabilidad y garantías de inversión están dadas plenamente.
Expertos en la materia de minería opinan que puede tratarse de una "euforia política" particular en el momento actual que el Gobierno sufre una crisis muy seria con fuerte convulsión social.
El Ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, le puso otra cereza a la torta, señalando que "el Gobierno está dispuesto a encarar la recuperación de las minas que deben volver a patrimonio del Estado", aunque en ningún caso se establecieron fechas y modalidades de esa operación.
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