Para explotar recursos naturales habrá consulta previa pero sin derecho a que comunarios prohíban los trabajos

Si bien la definición general en el orden legal y por supuesto establecida en la CPE, señala que todo el territorio es propiedad del Estado, evidentemente se trata de un reconocimiento soberano sobre toda la riqueza existente, es decir aquella que está a flor de tierra y la otra como el caso de hidrocarburos y los minerales que están bajo tierra, pero que igualmente son de los bolivianos.

Lo que no puede pasar es que existan corrientes que se opongan a las tareas de exploración, de cuantificación de los recursos "bajo tierra" que como el caso del petróleo, el gas y los minerales representan el sustento de la economía nacional y lo que es más importante generan divisas, impuestos y regalías que hacen posible el crecimiento de comunidades, departamentos y del país en su conjunto, por tanto nadie puede interferir el adecuado uso de nuestros recursos

Bajo esa premisa que debe ser puntualmente aclarada y que tal parece será objeto de una adecuada reglamentación en la nueva Ley Minera, podría pensarse en un avance práctico en lo que corresponde a garantizar las operaciones mineras futuras, si se toman en cuenta las recientes declaraciones de altos funcionarios del ministerio de minería afirmando que "la Ley Minera al aprobarse, reconocerá el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas sobre actividades relacionadas con la exploración, prospección y explotación de recursos naturales que se ubican en el subsuelo, en algunos casos e inclusive en la misma superficie, cuando se trata de minerales", pero aclarando algo muy importante como que "la consulta será obligada, pero en ningún caso los comunarios podrán prohibir la explotación y comercialización de los recursos energéticos en los terrenos que sean detectados como potenciales yacimientos con reservas de recursos naturales".

En ese marco en que se trabaja actualmente al anteproyecto de la ley minera se afirma que "el derecho a la consulta previa no significa que no existan garantías para inversiones mineras o que las mismas puedan estar en riesgo o sujetas a la voluntad de los pueblos originarios", de acuerdo a explicaciones aclaratorias de altos personeros del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM).

En una referencia periodística (Energy Press), el director general de desarrollo productivo del MMM, Freddy Beltrán Robles, recordó que la Ley de Consulta Pública fue aprobada hace 14 años en el Parlamento, norma que se basa en un convenio de la OIT y es aplicada en varios países, se entiende en función de consulta previa, pero en ningún caso restrictiva a las tareas productivas.

Reiteró el funcionario que (la consulta) "No da posibilidades de veto a nadie, por tanto es falso que las comunidades puedan vetar cualquier tipo de actividad, el derecho a la consulta no es derecho a prohibición".

SATISFACCIÓN Y TRANQUILIDAD

Cuando las dudas son eliminadas y las aclaraciones son contundentes por su seriedad a través de mensajes que emiten autoridades responsables, por supuesto que disminuye la incertidumbre, posibilita que interesados en inversiones, vuelvan su mirada hacia el país y con un poco más de tiempo hasta que se apruebe la Ley Minera, se mantienen expectativas favorables que pueden favorecer los planes de producción minera y la proyección de la futura industrialización de esas materias primas.

En el caso de nuestro país, hay ejemplos contundentes sobre el acuerdo logrado entre "comunarios originarios" y ejecutivos de empresas mineras. El acuerdo pionero constituye el que alcanzó mina Inti Raymi, al trasladar la posición geográfica de una comunidad (Chuquiña) con todos sus habitantes a una denominada Villa Nueva, en la que se construyeron modernas viviendas, dotadas con todos los adelantos del sistema básico, caso de agua potable, luz, alcantarillado, plaza de recreo, hospital, escuela, centro artesanal, campos deportivos y hasta se implementó un matadero de camélidos, para favorecer actividades tradicionales de los habitantes de la nueva villa, que además cuenta con servicios de comunicación telefónica y otros adelantos técnicos.

Algo similar realizó la empresa San Cristóbal en Potosí, donde se comenzó a trabajar en infraestructura social hace más de 10 años y la producción en sí no pasa de un par de años, lo que muestra que en la actividad minera planificada se observa plenamente el respeto a la Ley del medio ambiente, cuidando de manera responsable el medio ambiente en el entorno de operaciones mineras.

El Presidente del Estado Plurinacional, tiempo atrás fue muy concreto al criticar la posición intransigente de dirigentes campesinos orientales que se oponían a las tareas de exploración gasífera por parte de una empresa que fue interrumpida en sus tareas, provocando la reacción del mandatario que fue contundente al señalar que "nadie podrá interferir, tareas de exploración y de explotación de nuestros recursos…sino como podemos salvar la economía del país", sentenció Evo Morales.

Lo que no se ha podido solucionar hasta el presente, son varios casos de avasallamientos a la propiedad privada, despojo de equipos y herramientas, sustracción de minerales, despojo de viviendas a cooperativistas y otros problemas más que siguen en procesos judiciales, pero sin resultados positivos. Esa rémora de hechos próximos pasados, es parte de la etiqueta negativa que arrastra el actual gobierno.

Hay mucha expectativa por la nueva Ley Minera, pero los actores directos de ésta actividad, confían en que participarán activamente de las sesiones de consulta e intercambio de propuestas y sugerencias con el fin de alcanzar consenso en estructurar la nueva Ley Minera. Los cooperativistas mineros han sido muy concretos al rechazar de manera taxativa la "consulta pública" porque hay "mala interpretación de la misma por parte de originarios".

Agencia URU