No habrá nacionalización de empresas mineras pero será obligatoria la migración de contratos

En el histórico centro minero de Huanuni, sepultaron el 21060.
La firme posición de los trabajadores mineros asalariados que trabajan –muy cómodos– en las empresas mineras dependientes de Sinchi Wayra, filial boliviana de la suiza Glencore, el caso de Bolívar, Colquiri y Porco, por un lado y la operación de San Vicente que corre por cuenta de la empresa canadiense Pan Américan Silver, no entra en ningún plan la poderosa San Cristóbal que depende actualmente en su totalidad de la Japonesa Sumitomo y que opera en la jurisdicción del departamento de Potosí.

Hasta hace una semana atrás el Ministerio manejaba todavía la posibilidad de responder al pedido de "algunos sectores laborales" para que se nacionalicen las minas que están en manos de empresas extranjeras, pero se mencionó con mucha claridad que se esperaba un pronunciamiento de los sindicatos mineros (de esas empresas) para adoptar las medidas más apropiadas al respecto.

Las respuestas no se dejaron esperar y mediante sendos comunicados que emitieron los sindicatos aludidos, ratificaron su decisión de defender miles de fuentes de empleo que podrían desaparecer, bajo la administración estatal, de la cual sólo hay "malas referencias".

Bajo tal alternativa el Gobierno dio un paso al costado y, sin desestimar una futura operación de recuperación de los bienes del Estado, apuntó más bien a exigir que se cumpla la disposición vigente en la nueva CPE, que señala la obligatoriedad de "migración de los contratos, para fortalecer la presencia del Estado en el sector minero".

Sin embargo no todo está definido con esa decisión oficial. Hay todavía el reclamo de algunos sindicatos que insisten en recuperar algunas empresas que fueron "privatizadas" en anteriores gestiones gubernamentales y que dentro del esquema político vigente deberían ser parte del Estado. Ese hecho mantiene cierta incertidumbre entre los empresarios mineros y algunos sectores de asalariados, que dudan de la capacidad de una estatal minera para llevar adelante una buena administración de las minas.

Por otra parte, surgió la posición de los mineros cooperativistas que, con una actitud muy particular, plantean que si no se nacionalizan las minas, varias de esas empresas sean "transferidas" al sector cooperativo, que según señalan, es el que trabaja de manera permanente en la explotación minera. La medida totalmente "sectorial e interesada" fue también rechazada por los mineros asalariados que "como ya ha sucedido con algunas cooperativas" se repetiría el despojo de fuentes laborales, de viviendas, parajes y herramientas. Por tanto la sugerencia cae por su propio peso, según se explicó.

La medida que emerge del planteamiento laboral de las recientes jornadas para "liquidar" el 21060, es parte de toda la estrategia por "sepultar el decreto que desde hace más de 20 años marca el sistema neoliberal" que ha dejado profunda huella en la economía nacional y que se sustituirán con otra medidas que abran un nuevo rumbo en la administración del Estado boliviano.

En lo que atañe exclusivamente al régimen minero y descartado el proceso de la nacionalización de minas, se abre la negociación para alcanzar la migración de contratos, de manera que el Estado "tenga mayor participación y control de los yacimientos productivos".

De momento esa es la alternativa, a la espera de la aprobación de la Ley Minera, que podía ser parte de las medidas dispuestas por el Gobierno en homenaje al 1ro de Mayo, empero se trata de una normativa especial cuyo tratamiento y análisis demandará todavía un trabajo concertado de los actores directos en todos los sectores de la minería nacional, privados y estatales, chicos, medianos y cooperativizados.