La actividad minera dentro de las áreas protegidas del país creció en los últimos años porque los cooperativistas accedieron a contratos de arrendamientos, informó el director de Monitoreo Ambiental del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Carlos de Ugarte.
Este panorama se registra en al menos seis de 22 áreas protegidas que hay en el país, zonas que antes se entregaron sin consentimiento de esa entidad estatal y sin licencia ambiental, precisó.
Explicó que la falta de trabajo coordinado entre la Corporación Minera de Bolivia y el Ministerio de Minería hizo que la actividad extractiva se consolidara en esas zonas ecológicas, aunque actualmente, dijo, esto cambió.
“Lo que hemos tratado de hacer es que la actividad minera que se propone dentro de las áreas protegidas esté inserta en el cumplimiento de la normativa ambiental de las áreas protegidas vigentes”, declaró a ERBOL.
La actividad minera se lleva a cabo mucho antes de que estas zonas fueran declaradas como áreas protegidas, como en los casos de Apolobamba, en La Paz; Eduardo Abaroa, en Potosí, y San Matías, en Santa Cruz.
Ahora se expandió a los parques Madidi y Cotapata.
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