El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, informó ayer que en 2012 la minería exportó 3 mil millones de dólares, pero dejó al país sólo $us131 millones de regalías.
Señaló que estos datos son desproporcionales, más aún cuando se plantea un proyecto de Ley de Minería que no cambiará esta realidad, porque favorece en su totalidad al sector cooperativista, para que no tribute al Estado.
“En Bolivia se está exportando más de 3 mil millones de dólares de minerales ¿Cuánto es lo que está dejando la minería en total? Estamos hablando de 131 millones de dólares, entonces hay una relación totalmente desproporcional, entre lo que se exporta, que supera los 3 mil millones de dólares, y entre lo que se recauda como regalía minería”, declaró.
Gandarillas explicó que en el caso del oro, se habla de establecer una banda de 2.5% del 7% que actualmente está considerado para las regalías mineras.
“¿Cuál es problema de la Ley de Minería, del proyecto que han presentado y no quieren que se modifique? Es que este régimen de la regalía minería, que es muy bajo y que desfavorece al Estado y a la sociedad, va ser más bajo de lo que es hasta ahora (
) la Constitución dice que los recursos mineros son del pueblo boliviano y se han reunido sólo los que producen los minerales a concertar un proyecto de Ley de Minería y a ellos les parece importante que este proyecto no se revise, no sea observado, no sea modificado”, indicó.
Señaló que la mayor parte de producción y exportación de los minerales está en manos de los mineros cooperativistas y si se liberan de pagar impuestos, el país subvencionará al mercado externo los minerales y así el Estado pierde.
COOPERATIVAS
AURÍFERAS
De acuerdo con el informe del CEDIB, la mayor parte de las cooperativas mineras en el país son las cooperativas auríferas, que se encuentran en el departamento de La Paz, en unidades grandes. Como ejemplo mencionó a la Cooperativa Minera Aurífera Río Orton que no cuenta con ningún contrato minero, pero acapara 10.250 hectáreas y en Pando la Cooperativa Minera Aurífera Tahuamano que señaló tiene un contrato minero con 7.175 hectáreas.
Gandarillas informó que la minería mediana produjo en 2013, 1.838 kilos finos de oro y la minería chica y cooperativizada 4.635 kilos.
“¿Los datos qué nos muestran? Nos muestran que bajo el nuevo esquema esta producción de oro va disminuir su tributación al país, entonces creemos que es eso algo que se debe modificar”, remarcó.
Dijo que en el occidente, las cooperativas mineras están agotando muy rápidamente los yacimientos, donde están instalados, por lo que se genera un desplazamiento de este sector hacia las tierras bajas de Bolivia. Aseguró que el borrador de la Ley fomenta la expansión de la actividad minera en el país.
Criticó que con la futura norma, el Fondo de Fomento a la Minería para maquinaria, será administrado con las cooperativas, además que éstas pasaron del 2% de las superficies de áreas mineras controladas, al 16%. Mucho peor es que los contratos mineros no tengan control legislativo, que Gandarillas calificó de una grave violación, así como el hecho de que se vulneren los derechos ambientales y de sectores como los pueblos indígenas porque aseguró que el documento no fue consensuado.
“La tendencia se agravará con el (proyecto) Ley (de Minería) porque se establece con la norma que varias áreas de la Comibol puedan inicialmente pasar a manos de las cooperativas mineras (...) el proyecto de Ley de Minería pisotea cualquier derecho ambiental de la sociedad en su conjunto”, aseveró.
APORTE AL TGN
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Alejandro Santos, resaltó que con la nueva Ley de Minería aportarán 5% al Tesoro General de la Nación (TGN), es decir, los departamentos, donde se realicen la actividad extractiva, ya no recibirán el 85%, sino sólo 80% y para los municipios se mantiene el 15% de regalías.
Recordó que 344 cooperativas aportaban el 1% a Comibol y actualmente hay 1.700 cooperativas que aportarán al TGN, con lo que calculó se podrá generar de 100 millones a 250 millones de dólares.
Santos no respondió cuando se le preguntó si su sector estaba de acuerdo con el impuesto directo a la minería porque la llamada se cortó y posteriormente no respondió a su teléfono móvil, pese a la insistencia.
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