Para quedarse en el país, Jindal Steel & Power Limited pide dejar sin efecto el cobro de las dos boletas de garantía que ejecutó el Gobierno y suscribir una nueva adenda para reducir a la mitad su inversión y la producción de acero.
Además exige que el proceso abierto por la Fiscalía contra el presidente de su filial en Bolivia, Vikrant Gujral, por incumplimiento de contrato con el Estado, sea suspendido.
Según información que trascendió tras la reunión que sostuvieron el martes los directivos de Jindal Bolivia y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), se prevé que estas condiciones serán aceptadas por el Gobierno a través de un preacuerdo que se anticipa será firmado en las siguientes horas.
Jindal propone que la adenda al contrato de riesgo compartido en el proyecto siderúrgico del Mutún (Santa Cruz) incluya una reducción de su inversión comprometida de 2.100 millones de dólares a 1.500 millones.La inversión está sujeta a la cantidad de gas natural que podrá facilitar la estatal YPFB, q ue advirtió que sólo podrá otorgar 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas y no los seis millones que pide Jindal desde 2014.
Si hay una rebaja en la inversión, según la información a la que accedió este diario, la compañía india quiere que también bajen los montos de las boletas de garantías que presente en adelante. Se habla de que la inversión sería de 1.500 millones de dólares y su garantía de 45 millones de dólares.
Jindal plantea que la suma de las dos boletas que ejecutó el Estado (36 millones de dólares) figure a cuenta de esos 45 millones, de tal modo que sólo adeude una tercera garantía por al menos nueve millones.
En 2010, la ESM determinó ejecutar una primera boleta por 18 millones de dólares, alegando que no se cumplió con las inversiones de acuerdo con el contrato. Y en mayo de 2012 hizo lo propio con una segunda boleta, debido a que la firma india no la renovó en el plazo definido.
Demanda de Jindal
A fines de 2011, la Corte Internacional de París admitió una demanda de arbitraje de Jindal contra el Estado boliviano por el cobro de la primera boleta.
Según información a la que accedió este medio, todo apunta a que el Gobierno aceptará dejar sin efecto la ejecución de las garantías debido a que en las recientes reuniones se explicó al directorio de la ESM que si prosigue el proceso arbitral, se corre el riesgo de perder al menos 54 millones de dólares.
Los análisis jurídicos preliminares determinaron que la demanda de Jindal goza de un firme sustento legal. Además, debido a que la ESM no atendió a tiempo las notificaciones enviadas desde París (Francia) es que también venció el plazo para nombrar a su árbitro para el juicio.
Se espera que con la suscripción de una adenda al contrato los problemas legales entre las partes quedarán sin efecto y se podrá comenzar de cero en la relación contractual entre el Estado y la empresa india, según confirmaron las fuentes consultadas por este medio.
Preocupación laboral en Jindal
Preavisos Todos los empleados de la empresa recibieron cartas de preaviso del cese de sus contratos dentro de tres meses.
Contrato A partir del pedido de resolución del contrato que hizo Jindal el 8 de junio, el Estado tiene 37 días para aceptar o rechazar.
Continuidad En caso de que la empresa se quede en el país, los casi 150 trabajadores directos, como los de empresas subcontratadas, tendrán seguros sus empleos.
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